“Hay capacidades individuales y colectivas de ciudadanos que no están más dispuestos a llevar huasca en sentaditos mientras ven cómo los que se turnan en el poder destruyen sus sueños, incumplen promesas e hipotecan su presente y su futuro.”
Editorial SemanarioUno – Voz compartida – Maggy Talavera
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Tristísimas y paupérrimas. Así amenazan ser las ofertas electorales que marcarán la campaña que arrancó esta semana con miras a los comicios departamentales y municipales de abril próximo. Promesas de reinados y coronas, de puentes y ríos, de trenes a balas y rieles a mono comienzan a cundir en los medios de comunicación que, solícitos y no pocas veces serviles, amplían con eco propio las (sobre) ofertas electorales de los miles de candidatos que aspiran ser gobernadores, asambleístas, alcaldes o concejales de sus respectivos departamentos o municipios. Por lo general lo hacen para alimentar las apariencias, para retocar la realidad, para embaucar a los incautos que abundan en la viña del Señor. No son pocos los que caen en la trampa electorera. Pero tampoco son escasos los que la descubren, la denuncian, la esquivan o la superan, o todo a la vez.
¿De qué depende que unos sucumban a la hipnósis electorera y otros se zafen de ella? ¿Acaso hay una fórmula secreta, algún brebaje mágico o una clave misteriosa que libre a muchos de las falsas promesas y evite que voten basura? No, no hay nada de misterioso ni en la alienación de individuos en masa, ni en la perspicacia de otros que prefieren asumirse como zahorí, antes que como marionetas incapaces de eludir las trampas electoreras. Lo que marca la diferencia entre unos y otros es, en primer lugar, la capacidad que tengan o no de aproximarse a los discursos políticos y promesas electorales con una voluntad crítica; y, en segundo lugar, la vocación de ser o no libres en el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Capacidad y vocación que no surgen al azar, de manera espontánea, sino que son resultados de aprendizajes permanentes a los que también se está dispuesto o no.
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De eso trata, precisamente, la entrega informativa que marca el contenido central de esta 344 edición del SemanarioUno. De dejar en evidencia las capacidades individuales y colectivas de ciudadanos que no están más dispuestos a llevar huasca en sentaditos mientras ven cómo las autoridades y funcionarios que se turnan en el poder político destruyen sus sueños, incumplen promesas e hipotecan ya no apenas su presente, sino también el futuro de las jóvenes y nuevas generaciones. Son personas y colectivos sociales a los que no les pesa salir de la rutina, sacudir la apatía, arremangarse la camisa y poner manos a la obra para hacer realidad el propósito de vivir bien o, más aún, de vivir mejor. Individuos y redes sociales que, cansados de las reiteradas y repetitivas quejas por la burla de sus demandas y vocación democrática, están decididos a proponer, a reiventar y a encontrar soluciones.
Nada mejor que una coyuntura electoral para poner en evidencia esas ganas de cambio real, porque es en la campaña por el voto que los ciudadanos tienen más chance de llegar hasta los actores políticos (cada vez más actores y menos políticos) y hacer valer sus voces. Es en las campañas electorales que los medios de comunicación también se abren en el afán de ganar públicos, de un lado; y de caer en gracia de las potenciales nuevas autoridades estatales, del otro. Finalmente, es en los procesos de cambio en democracia donde mayores logros se pueden obtener con una cruzada contra el conformismo y otra a favor de ese otro mundo posible del que tanto se comenta, en el que soñar no sea en vano y menos aún la realización de cada uno de ellos.
Sin vueltas
Hay que reconocer que el gobierno de Evo Morales es maestro en el arte de la simulación y en el artificio de los shows políticos. En la semana que termina dio otro ejemplo de ambas destrezas. Aprobó un decreto supremo con la instructiva de obligar a todos los conductores a dar examen para tener lincencia de conducir. Lo hizo aprovechando el malestar instalado en la sociedad por los reiterados accidentes fatales de tránsito que, sólo en enero y tomando en cuenta únicamente los datos oficiales, se cobraron más de ochenta muertes.
No faltaron quienes aplaudieron la medida, dejándose llevar por el show y olvidando lo que ya es sabido: hay normas vigentes que establecen esa obligatoridad. El problema no está en este punto, sino en la corrupción instalada en las oficinas de Tránsito y en las costumbres arraigadas de una sociedad informal que prefiere nomás dar una coima o pagar más caro, con tal de tener de inmediato la licencia y librarse de clases, exámenes y aplazos.
Así que lo que corresponde ahora frente al show político no es aplaudirlo ni asombrarse con sus luces fugaces, sino más bien develar su absurdo y farsa. Corresponde demandar al Gobierno transparencia y honestidad en sus acciones, y mayor efectividad en la solución de uno de los problemas más graves que soporta Bolivia: su deshumano sistema de transporte público… y privado. ¿Por dónde empezar? Por supuesto que no por el camino de aprobar decretos para normar lo que ya tiene norma y leyes.
El camino es otro, y apunta más bien a cortar de raíz el problema de la corrupción en Tránsito. En este sentido, el Gobierno debería intervenir la Policía y sus oficinas operativas de Tránsito, cambiar a todas sus autoridades y mandos intermedios que lucran con la venta de licencias de conducir, y reconducir el trámite a otra repartición de carácter mixto, en el que sea posible una fiscalización permanente. Sobre los policías y sobre los ciudadanos que lucran con el desorden.