Arturo Yáñez CortesUna periodista me pidió una evaluación del sistema de administración de justicia a lo largo de este año que termina y entonces, me fue imposible omitir el informe del Defensor del Pueblo recién publicado, que según sus datos disponibles concluye que el Órgano Judicial, la Policía y la Fiscalía, son las instituciones públicas más denunciadas en Bolivia por… vulneración de Derechos Humanos: de las quejas atendidas por esa institución, 1635 fueron presentadas contra ese Órgano; 1084 contra la Policía y 832 contra el Ministerio Público (Correo del Sur, 18 de diciembre de 2015, pág. 6). Aterrador.Es que si ¿ingenuamente? nos atenemos a las principales obligaciones funcionales de esos organismos, quedamos inevitablemente aterrados por ese juicio ya que tanto la Constitución como sus leyes orgánicas pese a matices de redacción, todas tienen constitucional y legalmente asignadas como sus funciones esenciales, el resguardo de los derechos humanos de l@s ciudadan@s, que sea desde la postura que se trate–usuario, víctima, imputado o ciudadano común- acuden –voluntaria u obligatoriamente- ante esas instancias.Pese a que no necesariamente todas esas denuncias han debido ser fundadas, es innegable que tratándose de un sistema que opera de manera conjunta por esas instituciones, la conclusión del Defensor del Pueblo deja aterrado al ciudadano común y peor al usuario del sistema, puesto que revela una tendencia clara: los organismos encargados legalmente para defender los derechos humanos de las personas, son quienes más los violan.Pues bien, me temo que lo anterior prueba la degradación en la que durante el año 2015 (sin dejar de ver lo también antes acaecido) esos organismos han caído –salvando las excepciones de excelentes operadores que aún sobreviven- en el cumplimiento de su tarea fundamental, diría su razón de existir: ponerle límites al poder, siendo condición indispensable que sean independientes.En efecto, desde la más rancia teoría y doctrina de los derechos humanos, la administración de justicia conformada por los diferentes tribunales de justicia, la fiscalía y la policía, dada la naturaleza delicadísima de sus funciones, han sido situadas en ese lado de la balanza, precisamente para resguardar los derechos humanos de todas las personas -cabalmente- frente al abuso de poder; es decir, frecuentemente frente a la actividad de los agentes estatales y por supuesto, del gobierno que administra el estado.¿No será entonces que ahí es donde radica el problema? Siguiendo la célebre pregunta formulada hace años atrás por el expresidente Carlos D. Mesa, cabría ahora preguntar: ¿Dónde es que se jodieron esas instituciones? No siendo difícil responder que ello ocurrió cuando–pese a que en algún papel dice que son independientes- fueron secuestradas por el poder político partidario, sea vía designación a dedo o con alguna farsa –estrategia envolvente- de por medio de sus altos cargos y así sucesivamente hasta el portero (salvando algunas excepciones que aún sobreviven), resultando así el desempeño emergente de sus tareas y claro está, la célebre frase de otro alto cargo -esta vez del gobierno- que les suena como orden: el estado nunca pierde, lo que en realidad se entiende por el gobierno. Así las cosas, la conclusión del Defensor del Pueblo sobre el ranking de las instituciones más denunciadas como violadoras de los derechos humanos, la asumo explicada por esos motivos y, otra vez, me recuerda una de mis frases favoritas al respecto: “El derecho acostumbra hacer lo que no debe, maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, ignora a quienes debe mayor atención y sirve a quienes debe controlar”. Es de Gargarella. ¡Felices Fiestas!El Día – Santa Cruz