El crimen organizado adopta varias formas en Brasil. Una es política, un comercio lucrativo. De los 513 miembros de la Cámara baja del Congreso, 147 enfrentan cargos criminales en la Corte Suprema o están bajo investigación, y lo mismo corre para 21 de los 81 senadores, de acuerdo a Congresso em Foco, un sitio web que actúa como fiscalizador. Algunos -nadie sabe cuántos- ya han sido condenados en primera instancia. Gran parte de los delitos involucran violación de las leyes sobre financiamiento de campaña o sustracción de fondos públicos.
Hasta ahora los políticos tenían poco de qué preocuparse. Aunque se cambió la ley para limitar la inmunidad parlamentaria para la corrupción, la justicia brasileña es paciente. Los políticos tienen derecho a ser juzgados por la Corte Suprema, pero muchos casos prescriben antes de que sean vistos. Cuando la Corte Suprema hace poco condenó a dos políticos por corrupción, fue el primer procesamiento exitoso desde que volvió la democracia en 1985. Debido a que los legisladores que son acusados pierden su derecho a postularse de nuevo, varios de aquellos que están en serios problemas simplemente renuncian en forma preventiva. Luego se presentan en las próximas elecciones y regresan totalmente a sus funciones.
No obstante, una nueva ley que fue aprobada el mes pasado inhabilitará para un cargo político durante ocho años a todos aquellos condenados por un delito grave, como también a aquellos cuyas renuncias fueran motivadas por un deseo de evitar la acusación, de acuerdo con lo que determinaron los tribunales electorales. Para pesar de algunos de aquellos inducidos a votar por la medida por vergüenza, el tribunal electoral decidió que la ley se aplicará no sólo a los condenados a futuro, sino también a quienes ya tienen un expediente delictivo y a los que renunciaron bajo sospecha durante el Congreso actual.
Alcance relativo
No está claro cuánto abarcará la nueva ley. Dos políticos condenados por delitos obtuvieron requerimientos judiciales provisorios de los jueces de la Corte Suprema, los cuales, si se confirman, les permitirían inscribir sus candidaturas. Y los políticos que enfrentan cargos de corrupción bien documentados y que aún no han sido condenados podrían volver a un cargo público en las elecciones en octubre.
Sin embargo, algunas figuras tristemente célebres tal vez se vean obligadas a irse. Entre éstas están Paulo Maluf, ex alcalde de Sao Paulo, quien fue condenado por "mala administración" (una ofensa general que se emplea para los funcionarios sospechosos de corrupción), y es buscado por un fiscal de Nueva York por lavado de dinero. Sucede lo mismo con Joaquim Roriz, quien renunció a su cargo de senador por Brasilia en 2007 después de ser acusado de robar 223 millones de reales (US$ 120 millones) de un banco estatal. Pero Jader Barbalho, quien renunció al Senado en 2001 por acusaciones de corrupción y enfrenta seis cargos separados en la Corte Suprema, no ha sido condenado. Elegido diputado en 2002, es probable que postule en Pará, un estado amazónico, este año.
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La ley, la que se denomina ficha limpia, equivale a "una revolución", señala Sylvio Costa, de Congresso em Foco. Es el resultado de una petición al Congreso que fue firmada por un millón y medio de ciudadanos y aprobada en tiempo récord. Surge después del fracaso de una serie de proyectos de ley para una reforma política en el Congreso.
Aún, cuando algunos de los políticos cuestionados convenzan a los tribunales electorales a inscribir sus candidaturas, los votantes pueden estar menos dispuestos a perdonar. David Fleischer, cientista político de la U. de Brasilia, señala que de los 69 diputados acusados de tomar dinero de los contratos para ambulancias en 2006, sólo cinco conservaron sus escaños en las elecciones de ese año.
El Mercurio – Santiago de Chile