No conforme con impulsar golpes contra varios alcaldes de oposición, el gobierno prepara una nueva medida que significará en la práctica el fin de las autonomías municipales. La ministra de lucha contra la corrupción, Nardi Suxo, afina los últimos detalles de un decreto por el cual se crearán “unidades anticorrupción” dependientes de su cartera que funcionarán dentro de todos y cada uno de los municipios del país. No hace falta mucho análisis para darse cuenta que esta especie de supercontraloría será el verdadero poder dentro de las alcaldías.
La disidencia indígena
No sólo en Bolivia los indígenas se rebelan contra los gobernantes que los manipularon para tomar y concentrar el poder. Durante la reciente Cumbre del ALBA en Quito, centenares de indígenas ecuatorianos protestaron con carteles donde se leía “Correa racista, falso socialista”, tras lo cual fueron reprimidos por policías y militares. Los nativos de Ecuador mantienen una disputa con el gobierno de Rafael Correa reclamando más participación en decisiones políticas que afectan a sus territorios. Comienza a caer la máscara indigenista de los regímenes burocráticos.
Reformar la Constitución
La “Asamblea Plurinacional” corre una maratón legislativa para cumplir la instrucción de Evo Morales de sancionar una ley por semana, atropellando procedimientos y haciendo imposible el diálogo y la concertación. En vez de seguir en esta delirante carrera, sería interesante que alguien dentro de la oposición parlamentaria propusiera reformar la Constitución en cuanto a los plazos establecidos para sancionar las leyes orgánicas. Más allá del asunto práctico de los tiempos legislativos, lo importante será sentar el precedente de que el nuevo texto constitucional no funciona tal como está y que debe comenzar a ser modificado.
Asesores-bisagra
El “consejo de sabios” de Rubén Costas parece haberse conformado en torno a un núcleo central de asesores provenientes de la UAGRM, como José Mirtenbaum, Reymi Ferreira y Waldo López. El común denominador en varios de ellos es que intentarían ser articuladores de un diálogo con el gobierno, teniendo en cuenta que el primero es fundador del MAS y que el Rector de la universidad pública ha adoptado en varias ocasiones posturas cercanas al oficialismo. La función de estos consultores sería convertirse en una suerte de “bisagras” con el poder central, respondiendo a la nueva política conciliadora con la que el gobernador cruceño procura evitar su inhabilitación judicial.
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