La única ley que respetan es la ley del embudo. Ya derrocaron a los alcaldes electos de Quillacollo, de Punata y al de Sucre, Jaime Barrón. Entonces las condiciones están dadas para que los masistas se lancen por asalto a la alcaldía de Potosí.
Foto: Los «azules» del MAS
El argumento esencial en todos estos casos es que los alcaldes elegidos tienen acusaciones en su contra, fraguadas por el gobierno o sus testaferros y la estrategia es lanzar la piedra y ocultar la mano porque dicen que se trata «solo de una cuestión judicial». Sin embargo este su ímpetu inquisidor se ve desdibujado porque sugestivamente aseguran la cosa y compran a alguno que otro concejal opositor para asegurarse, primero, la presidencia del Concejo Municipal y luego designan al nuevo alcalde que naturalmente y como no podía ser de otra manera, en todos los casos es del MAS.
Ahora estamos viendo con claridad cual era el apuro y porque la “Asamblea Legislativa Plurinacional” controlada por el oficialismo otorgó al presidente Evo Morales la competencia para designar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Constitucional. Era necesario contar con un aparato que les posibilitara iniciar sin estorbos ni interferencias acciones judiciales contra las autoridades regionales opositoras para reemplazarlas, en un inaudito acto de violación de la voluntad popular, por otros afines al gobierno.
En esto las motivaciones son puramente políticas y que no nos vengan con el cuento de que se trata de situaciones que incumben al ámbito jurídico. La mano del presidente Morales y del MAS está por detrás así traten de ocultarla.
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En el caso del alcalde potosino René Joaquino, la acusación en su contra se basa en la compra de vehículos usados para el municipio sin cumplir las normas para la adquisición de bienes para el Estado, esto es sin convocar previamente a una licitación.
Convengamos que nadie está exento de cumplir las normas y que Joaquino debiera responder a un proceso, pero no nos quedemos ahí. El avión presidencial, ese Falcón Dassault que espera Evo como un niño espera el regalo prometido, fue adquirido también sin cumplir esas normas. No se convocó a una licitación internacional con el pretexto que se lo requiere con urgencia y que es el único que está construido a la fecha. Sin duda el avión para Evo cuesta decenas de millones más que los motorizados adquiridos por el alcalde potosino.
Pasando por alto el sobreprecio del avión -por lo menos 7 millones de dólares- que ha sido denunciado ¿a quien procesará la Fiscalía por no haber seguido las normas para las adquisiciones del Estado? Dudamos mucho que los arrebatos inquisidores de la justicia lleguen a Evo Morales o a sus ministros.
Una periodista que no puede calificada como “opositora” ya ha hecho conocer su extrañeza por la gran celeridad y eficiencia que está mostrando la Fiscalía para acusar a los alcaldes opositores y es dudoso que Barrón o Joaquino vayan a ser los últimos. En la mira están todos, absolutamente todos los gobernadores y alcaldes opositores, así sean tibios y concertadores.
El gobernador cruceño, Rubén Costas pecaría de ingenuo si supone que el haber asistido a la conmemoración del “año nuevo aymara” en el Fuerte de Samaipata y haber acatado disciplinadamente el feriado impuesto por Evo lo librará de caer bajo la guadaña masista.
El MAS sabe que dispone de una poderosa arma que como de costumbre la utilizará sin miramientos para anular a sus eventuales opositores. Nos acercamos al punto en el que las elecciones pasarán a ser un acto puramente formal para que se ratifique a los candidatos masistas porque de lo contrario pueden ser víctimas de un «golpe de estado» ejecutado ya no por militares como en el pasado, sino por militantes de un partido.