CONAMAQ denunció ante CAOI vulneración de los derechos de los comunarios de Pacajes por la puesta en marcha del proyecto hidrometalúrgico de cobre en Corocoro, sin haberse cumplido el mandato constitucional de la consulta.
CAOI anuncia que la OIT pedirá informe al Gobierno sobre caso Corocoro
La Paz, 25 Ago (Erbol).- El coordinador General de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín Quispe, informó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pedirá un informe al gobierno del presidente Evo Morales sobre el caso Corocoro.
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“Es un proceso no muy rápido, yo creo que en tres meses estará en la OIT y después de seis meses le pedirá al Estado boliviano un informe”, señaló Palacín.
Explicó que esto se dará, en caso de comprobarse la denuncia del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), en relación a que sus derechos fueron vulnerados al no ser consultados para la ejecución de proyectos extractivos en su territorio.
Según Palacín el informe que recibieron de parte del CONAMAQ, sobre el caso Corocoro, será derivado a la OIT, además llegará a la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo, la OIT será la encargada de pedirle un informe al gobierno bolivianos y hacerle conocer algunas recomendaciones, puesto que el Convenio 169 establece el respeto a las consulta a los pueblos indígenas para las actividades extractivas que se den en su territorio.
El Convenio 169 fue adoptado en la Constitución Política del Estado (CPE), como la declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas, recordó Palacín.
“Entonces, la CAOI recibe esto (la denuncia del CONAMAQ) y va pasar a su instancia jurídica para su análisis y su informe correspondiente se elevará a la OIT y a las Naciones Unidas y este lo pasará al Estado boliviano, para que se cumpla porque este es el tratado obligatorio de cumplimiento”, puntualizó.
Caso Corocoro: CONAMAQ denuncia ante CAOI vulneración de derechos indígenas
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ) elevó el martes una denuncia formal ante la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), sobre la vulneración de los derechos de los comunarios de la provincia Pacajes por la puesta en marcha del proyecto hidrometalúrgico de cobre en Corocoro, sin haberse cumplido el mandato constitucional de la consulta.
El Mallku de la Comisión de Industrias Extractivas del CONAMAQ, Rafael Quispe, entregó un informe sobre el caso Corocoro al coordinador General de la CAOI, el peruano Miguel Palacín Quispe.
“Hemos visto que como una de las estrategias es presentar y denunciar la contaminación que provoca la planta de Corocoro en nuestras comunidades, ante las instancias internacionales y por eso acabamos de presentar una queja formal a nuestra instancia que es la CAOI”, señaló Quispe.
Explicó que la CAOI emitirá otro informe para presentarlo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Naciones Unidas. “Los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, son tratados internacionales, es ley del Estado en Bolivia”, declaró Quispe.
Por su parte, Miguel Palacín lamentó que en Bolivia se estén vulnerando los derechos de los pueblos indígenas al no ser consultados para la ejecución de actividades extractivas en sus territorios.
“La queja que están haciendo (el CONAMAQ) es que el Estado habría violado el derecho a la consulta previa para establecer un proyecto. La consulta previa es para otorgar el consentimiento y llegar a acuerdos, y eso no se habría logrado y con ello han vulnerado varios de los artículos del convenio 169 de la OIT y de la Organización de Naciones Unidas”, subrayó Palacín.
Al respecto, el gerente de la Empresa Minera Corocoro, Germán Elías, desmintió todas las acusaciones, como la contaminación y señaló que las demandas del CONAMAQ corresponden a un sector reducido.
Indicó que las comunidades del Municipio de Corocoro, donde se explota el cobre, respaldan el proyecto hidrometalúrgico, puesto en marcha a mediados de la pasada gestión por el presidente Evo Morales.
El CONAMAQ reclama desde 2009 la falta de consulta por parte de Comibol para el reinicio de operaciones en sus territorio, como establece la Constitución Política del Estado (CPE).
Además denunció el desvío del río Pontesuelo para las operaciones de la planta, el avasallamiento de sus tierras para la construcción de un dique de colas (piscina que recibe los químicos de bota la planta), que presuntamente provocaría graves daños ambientales.