Ley. Los empresarios creen que el razonamiento político se impone sobre el económico. También fueron marginados en el tratamiento de otros proyectos como el nuevo Código Laboral y la ley que endurece las sanciones contra el contrabando.
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Los Tiempos
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La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) dijeron que las sugerencias entregadas al Gobierno para que sean tomadas en cuenta en la nueva Ley de Pensiones no fueron tomadas en cuenta pese a los anuncios de diálogo y concertación.
Se prevé que el proyecto de ley ingresará en poco tiempo para su debate y aprobación a la Asamblea Legislativa.
El presidente de la CNI, Armando Gumucio, señaló que aún prevalece el razonamiento político antes que el económico entre los colaboradores del presidente Evo Morales.
“Creemos que la lógica de aprobación de leyes no debería ser marginando criterios del sector empresarial. Lo que necesitamos es generar consensos, mínimamente, con todos los actores que tienen que ver con una determinada norma”, observó Carlos Flores, presidente de la FEPC.
En tanto, el máximo representante del empresariado boliviano, Daniel Sánchez, dijo ayer a la agencia ANF que es lamentable que el Gobierno no haya recogido las observaciones que realizó su sector al proyecto de pensiones y agregó que, sin embargo, los empresarios acatarán la norma pese a que existe disenso en varios artículos.
“Nosotros acatamos la ley. Siempre los empresarios privados hemos sido fieles al cumplimiento de la ley y lo vamos a hacer. Podemos estar en desacuerdo (con la nueva Ley de Pensiones) pero es la ley y la ley se cumple”, manifestó.
Gumucio acotó que las reuniones sostenidas intermitentemente con funcionarios de Gobierno sobre la Ley de Pensiones resultaron poco productivas y en algunos casos insuficientes porque “lamentablemente no existe apertura para escuchar sugerencias y posiciones del sector empresarial”.
Insisten en discutir la ley
El presidente de la FEPC, Carlos Flores, dijo que insistirán en discutir y analizar algunas preocupaciones del sector empresarial antes que el proyecto de ley sea remitido a la Asamblea Legislativa.
Las observaciones tienen que ver con el aporte del tres por ciento al Fondo Solidario y la necesidad de contar con dos operadores de pensiones, uno privado y otro público.
Los empresarios prevén además analizar y colocar en su verdadera dimensión la capacidad administrativa del Estado en la gestión de las pensiones y otros rubros.
Flores señaló que los empresarios también fueron víctimas de la misma “actitud discriminatoria” en el tratamiento y concepción de otros proyectos de ley como, por ejemplo, el nuevo Código Laboral y la ley que endurece las sanciones contra el contrabando.