En la mayor movilización social desde que el presidente Nicolas Sarkozy asumió, en 2007, casi tres millones de personas marcharon ayer por las calles de Francia y paralizaron parcialmente el país con una huelga en contra de su proyecto de reforma previsional, que prevé prolongar la edad de jubilación de 60 a 62 años.
Las ocho centrales sindicales, que organizaron la protesta, se reunirán en las próximas horas para preparar otra movilización a fin de mantener la presión sobre el gobierno y el Parlamento, que comenzó a examinar el proyecto de reforma.
Los líderes obreros cantaron victoria tras la jornada de huelgas y marchas, que fue mucho más exitosa que la del 24 de junio, cuando reunieron dos millones de personas. "Estamos ante la mayor movilización de los últimos años", confirmó François Cherèque, secretario general del sindicato socialista CFDT.
"Ese era el objetivo y el gobierno no podrá ignorarlo", señaló por su parte Bernard Thibault, secretario general de la CGT (comunista).
Aun con cifras sensiblemente inferiores (1,21 millones), el Ministerio del Interior tuvo que reconocer que las manifestaciones superaron con creces las 800.000 personas que ese organismo estimó en junio.
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La jornada de huelga causó enormes perturbaciones en los transportes públicos, los aeropuertos, la educación, los correos, la administración e incluso en el sector privado, cuyos asalariados se sumaron a la protesta por primera vez.
París fue el marco de la mayor de esas manifestaciones. La marcha reunió 80.000 personas, según la prefectura de policía, pero la CGT contabilizó 270.000 manifestantes. La misma afluencia multitudinaria se registró en todas las grandes ciudades del país. Sarkozy y su ministro de Trabajo, Eric Woerth, fueron los blancos principales de los eslóganes.
"¡El dinero para nuestras jubilaciones está!", rezaba una pancarta debajo del retrato de la heredera de L´Oréal, Liliane Bettencourt. De una u otra forma, la alusión a las sospechas de tráfico de influencias que pesan sobre Woerth, debido a sus lazos con Bettencourt, la mujer más rica de Francia, estuvo presente.
Todos los líderes de la oposición de izquierda apoyaron la demanda de los sindicatos, que exigen que el gobierno renuncie a fijar para todos los 62 años como edad mínima para la jubilación. La líder socialista Martine Aubry prometió retornar a los 60 años el día que su partido vuelva al poder.
La administración de Sarkozy, por su parte, persistió en su posición: el presidente no renunciará a la prolongación de la edad mínima del retiro, medida que considera "clave" para marcar su presidencia.
El gobierno confirmó, sin embargo, su voluntad de hacer ciertos gestos a favor de aquellos que han tenido carreras demasiado largas, trabajos penosos o en materia de jubilación femenina. Como estaba previsto, el proyecto de reforma fue presentado ayer al Parlamento. Ambas cámaras deben debatirlo y votarlo antes de fines de octubre.
Como en las calles, un ambiente eléctrico reinaba en la Cámara de Diputados, donde se registraron algunos incidentes entre la mayoría y la bancada comunista.
El presidente del grupo socialista, Jean-Marc Ayrault, acusó al gobierno de no haber negociado con los sindicatos y la oposición para preparar la reforma. El premier François Fillon respondió que el gobierno tiene un solo objetivo: "Que los franceses puedan en el futuro cobrar su jubilación".
Aunque muy debilitado por los escándalos, Woerth defendió el proyecto. Acosado por las preguntas, a veces muy técnicas, el ministro estimó que la solución al déficit de los sistemas actuales responde "esencialmente a una cuestión de edad".
En ese contexto, los sindicatos se declaran dispuestos a mantener la presión y deben reunirse hoy para planificar las acciones futuras.
Fiel a su costumbre, el gobierno minimizó la amplitud de la protesta: "Las jornadas nacionales de acción son una tradición de la cultura francesa", afirmaron fuentes del palacio del Elíseo. El gobierno tiene la intención de mantenerse firme con un proyecto de reforma que juzga esencial para asegurar el sistema de jubilación por repartición. Si no se hace nada, el régimen actual registrará un déficit de 50.000 millones de euros (63.500 millones de dólares) en 2020.
Sarkozy, que juega con esta reforma su futura reelección, se apoya en los sentimientos ambiguos expresados por sus conciudadanos. Según encuestas de los institutos IFOP y Obea/InfraForces, si bien 73% de franceses considera que las manifestaciones son justificadas y 79% cree que el proyecto no coloca a todos los ciudadanos en un pie de igualdad, el 53% estima que, si bien habría que hacerla de otro modo, una reforma es inevitable.
La Nación – Buenos Aires