Tres diputados conocen a fondo dos casos y tienen otras denuncias. Casos: En la banda hay abogados que buscan a empresarios exitosos y les abren litigios por su propiedades en poblaciones rurales del oriente, donde tienen cómplices.
Legisladores indagan a jueces y a fiscales extorsionadores
Página Siete, 17/09/2012
Empresarios pierden mucho dinero en litigios. EFE
Dos legisladoras del MAS y un diputado de la opositora Convergencia Nacional investigan una red de corrupción conformada por abogados, fiscales y jueces que, supuestamente, se asociaron para extorsionar a empresarios a través de procesos penales y pleitos por propiedades de poblaciones del oriente.
Las diputadas Felicidad Suazo y Gabriela Medina (MAS) iniciaron la indagación hace dos meses por encargo de la bancada oficialista, y ahora las colabora además su colega Einar Gonzales (CN).
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Suazo explicó que se trata de casos muy delicados. “Es una organización delincuencial que tiene al menos 14 integrantes, abogados y conexiones con jueces y fiscales corruptos de poblaciones intermedias del oriente, como San Borja, Riberalta, Guayaramerín, en Beni; Caranavi en La Paz o juzgados chicos como el de la zona Plan 3.000 en Santa Cruz”, dijo.
Los investigados detectan a empresarios exitosos, los persiguen, estudian y finalmente los abordan de diversas maneras. “Sobre todo a aquellos que tienen terrenos o bienes inmuebles para extorsionarlos y quitárselos. Primero, los delincuentes se acusan entre sí e involucran a la propiedad, no al dueño. Luego lo llenan de procesos en el área rural, donde su defensa es más complicada”, acotó.
La asambleísta agregó que “conocemos dos casos a fondo. En uno, el empresario víctima se defiende porque tiene posibilidades económicas y contrató un bufete de abogados que está pendiente de sus juicios. El otro caso es del dueño de una universidad al que ya desfalcaron y perdió una propiedad en Beni. Tenemos conocimiento de al menos otros dos, con los que serían cuatro, pero la información es preliminar aún”.
Procesos
Este medio inició investigaciones sobre uno de los casos citados por Suazo. La abogada de la víctima -un empresario que tramitaba los papeles de un terreno que compró en Santa Cruz- relató a Página Siete que su cliente, cuyo nombre se guarda en reserva, contrató a una persona que supuestamente le iba a ayudar en el papeleo, pero ésta resultó ser el presunto líder de la banda.
Poco después aparecieron dos cómplices con los que armaron el fraude. Uno de ellos aseguró que prestó 60.000 dólares al otro y que éste puso como garantía el terreno del empresario arguyendo que era suyo.
Mientras iniciaban las discusiones apareció un poder a través del cual el presunto deudor le daba al acreedor la facultad de vender, hipotecar y enajenar el terreno en caso de incumplimiento y luego le inició un proceso penal por estafa, que se instaló en el Plan 3.000.
Con ese poder, la persona que supuestamente prestó el dinero se querelló entonces contra el empresario y respaldó el juicio con el argumento de que el terreno estaba a su nombre
La fiscal del Plan 3.000 admitió la denuncia, “pese a que era un proceso civil, acusó a mi cliente por falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y estafa”, sostuvo la abogada del afectado.
Además del fraude, los sospechosos también recurren a la extorsión. La diputada Suazo señaló que los abogados implicados en esta organización ofrecen solucionar los juicios a cambio de dinero. Como se las arreglan para que el proceso demore y se complique, logran, consecuentemente, sacar a sus víctimas más dinero pues les aconsejan abrir un proceso tras otro en distintas poblaciones rurales.
En algunos casos, según la diputada, las víctimas ni se enteran de que sus propiedades están en riesgo, sino hasta que los juicios están avanzados y les notifican de juzgados, les arraigan sorpresivamente o incluso les buscan con órdenes de aprehensión.
Complicaciones
Pero el caso narrado no quedó ahí. En pleno desarrollo del litigio apareció en San Borja, Beni, un nuevo proceso iniciado en contra del empresario por otro sujeto, quien afirmó que fue contratado por el tramitador de los papeles del terreno en Santa Cruz, para sanearlo.
“Este señor dijo que evidenció que los papeles de la propiedad eran falsos y denunció que el trabajo que le obligaban a hacer era para cometer un delito”, señaló la abogada, quien complementó que el demandante en el Plan 3.000 se fue a San Borja y presentó allí la misma denuncia.
“Lo extraño es que todos los fiscales y jueces admiten la denuncia y la procesan. Los delincuentes volvieron a llamar, dijeron que ya había tres procesos, amenazaron con meter a mi cliente a la cárcel, admitieron que compraban jueces y fiscales y pidieron más dinero. Mi cliente lo mandó por un tubo”, dijo.
Pero el acoso siguió. Se vinieron encima otros dos procesos en Riberalta. “Un juicio penal, por el mismo tema que se arrastró desde el Plan 3.000. En este caso el fiscal ordenó el secuestro del terreno en Santa Cruz, y la retención de cuentas por 150 mil dólares, hipoteca judicial y otras medidas cuando un juez debía hacerlo”, explicó la defensora.
El otro fue un proceso laboral instaurado por el supuesto tramitador, que pidió el pago de beneficios sociales. Aseguró que ganaba 7.000 dólares mensuales, y presentó como prueba una copia de un cheque que se le envió para regularizar el terreno, no para pagarle un sueldo.
El juez “sin pedir la relación contractual ordenó arraigo para mi cliente y la retención de 45.000 dólares de una de sus cuentas para la liquidación”.
Finalmente, aparecieron cinco procesos más: en Cotoca y Santa Cruz y tres en Trinidad. “Hay afectados que están atados a esta banda delincuencial, no pueden defenderse ni deshacerse de ellos. Tengo a 13 abogados trabajando para mí y no me ganarán”, señaló el empresario en breves declaraciones a este medio.
El procedimiento
Búsqueda. El abogado, que supuestamente se hace pasar por tramitador, identifica una propiedad grande y hace aparecer poderes, según las fuentes consultadas.
Trabajo. A través de ese documento, el poder, el dueño le entrega la facultad para comercializar la propiedad.
Acciones. Como el consorcio está consciente de que tarde o temprano se descubrirá que el poder es falso, ejecutan todas las medidas para perfeccionar el derecho propietario.
Apropiación. Para ello aparece otra persona que dice que tiene una letra de cambio por el terreno y la ejecuta. Cuando el juez ordena el remate, la abogada de una de las víctimas admite que “así sea comprado en estafa, bajo instrumento falsificado, nada se puede hacer, perdió la propiedad”.
Diputados fueron hasta Riberalta
Los diputados Felicidad Suazo, Gabriela Medina y Einar Gonzales viajaron a Riberalta para acumular información sobre el caso.
Los tres hablaron con los medios de comunicación. Suazo señaló entonces que llegaban con una orden del presidente Evo Morales “de legislar y fiscalizar”.
Gabriela Medina (MAS) dijo que “los empresarios privados tienen que estar alertas. Hay una banda de delincuentes que acecha sus propiedades. Los fiscales deben tomar en cuenta esto para que no se dejen sorprender en la buena fe que dicen que tienen”.
Por su parte, Gonzales expresó que extraña el accionar de los fiscales “de Riberalta. No puede ser que ante una simple denuncia, ellos se presten a dictaminar sentencias y arraigos a ciudadanos. Eso es una persecución, una cacería que no podemos permitir”.