EL INRA ADVIERTE QUE SI HAY RESISTENCIA, SE USARÁ LA FUERZA POLICIAL.
INSPECCIÓN. Tras constatar la actitud violenta de los invasores, se los notificó para que abandonen las propiedades tomadas en el norte. La CAO denuncia que en la toma de tierras participaron jueces, fiscales y gente del Gobierno.
El INRA da ultimátum para desalojar Limoncito
OCUPACIONES ILEGALES EN TIERRAS PRODUCTIVAS. Se entregó una notificación que dispone la salida pacífica de los tomatierras hasta el jueves, caso contrario anuncian que intervendrá la Policía. La CAO y Fegasacruz piden acelerar las acciones
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Los afectados denuncian que persiste la intransigencia de no permitir la cosecha y siembra. Foto El Deber.
EL DEBER, Santa Cruz, Bolivia
El dictamen de la resolución de medidas precautorias no tiene marcha atrás. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) emitió una notificación que dispone 72 horas para proceder al desalojo de los asentamientos ilegales consumados por grupos organizados en propiedades agrícolas en producción en la zona de Limoncito, ubicada al norte de Santa Cruz.
A decir de Jorge Gómez, director del INRA Santa Cruz, la decisión deriva de una inspección y trabajo de gabinete realizado por técnicos de la institución que cotejaron la conducta impulsiva y los excesos en el ámbito agrícola -vetaron la cosecha y siembra de soya- digitados por los tomatierras y denunciados por los afectados de los asentamientos ilegales.
En ese contexto, Gómez indicó que ayer se procedió a notificar legalmente con la resolución a los ‘cabecillas’ de los grupos para que en 72 horas abandonen pacíficamente los predios tomados, sino dijo que pedirá la intervención de la fuerza pública para resguardar la propiedad privada y dar certidumbre para que los afectados desarrollen sus actividades agrícolas hasta que en el marco de su competencia el INRA defina el derecho propietario de las tierras objeto de asentamientos ilegales.
Gómez expresó que el INRA en el ámbito de sus facultades, notificó el desalojo porque se evidenció que hay obstaculización de labores agrícolas, que las tierras están en producción y que el saneamiento de los predios está en proceso. En este último ámbito, refirió que una vez se proceda a la expulsión de los invasores, se retomarán las pericias de campo para determinar, con exactitud, en un plazo de tres meses el derecho propietario.
Aplauden la resolución
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) calificaron de atinado el ultimátum dispuesto por el INRA contra los tomatierras. Empero, piden que las acciones se ejecuten con prisa dado que la producción está en riesgo por la testadurez de los invasores de no permitir la cosecha y siembra de soya.
Según el presidente de la CAO y de Fegasacruz, Julio Roda y Juan Carlos Peredo, respectivamente, las ocupaciones ilegales están enfriando las inversiones en el ámbito agropecuario. Atribuye que la inseguridad jurídica de la tierra, el robo de ganado y la falta de políticas de incentivo a la producción son las causas.
En sintonía, ambos dirigentes pidieron a los parlamentarios de la región y al Ejecutivo acelerar el tratamiento y promulgación de la ley contra la usurpación para acabar con esta práctica ilegal que, según ellos, pone freno a la producción.
Labor agrícola paralizada
Por enésima vez, según los cultivadores de granos de Limoncito, los tomatierras ponen trabas a la intención de cosechar y sembrar soya. Denuncian que ahora los invasores colocaron barras de acero en los campos de cultivo para estropear las cosechadoras y que persiste la amenaza de prender fuego a los tractores
Pormenores
Restringen circulación
Según los afectados, persiste el bloqueo a las labores de campo y el ingreso y salida de unidades de transporte. Denuncian que fueron víctimas de hurto de maquinaria.
Predios tomados ilegalmente
De acuerdo con datos de sectores productivos, son más de 80 los asentamientos ilegales. Del total 20 pertenecen a predios pecuarios.
Producción, en riesgo
Los cultivadores desvelan que la soya ha comenzado a caerse al suelo por la madurez del grano. En Limoncito calculan cosechar 18.750 toneladas de semilla de soya para sembrar casi 268.000 hectáreas en la zona este.
El cabildo, en veremos
Si bien el encuentro de Guarayos determinó la realización de un cabildo para definir acciones a seguir por los asentamientos, en Fegasacruz se indicó que todo dependerá de las medidas que asuma el Gobierno esta semana contra los grupos organizados.
Sobrevuelo a predios
En medios televisivos locales, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz anunció que visitará algunos predios tomados para solidarizarse con los afectados. Anuncian sobrevuelo para hoy.
Según la CAO, detrás de tomas hay allegados al Gobierno
Denuncian la participación de autoridades. Un informe de inteligencia indicó que en estas actividades participaban jueces y fiscales. Para obtener un pedazo de tierra se cobraba Bs 1.500
Los tomatierras cuentan con vehículos que los trasladan de un punto a otro. El INRA va por las soluciones. Foto:ARCHIVO
EL DEBER, Santa Cruz
De acuerdo con la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), un informe de inteligencia reveló que en la toma de tierra y predios habrían participado jueces, fiscales y personas de la esfera del Gobierno.
Julio Roda, presidente de la CAO, explicó que el sector obtuvo estos datos luego de mantener una reunión con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la que efectivos de la Policía detallaron que luego de investigar durante tres meses lograron identificar a los cabecillas de esta actividad que implica a muchas personas.
Roda detalló que la investigación también desnudó que, para financiar este ilícito, los tomatierras abrieron distintas cuentas bancarias en las que los interesados, para contar con una parcela, deben depositar Bs 1.500.
Según la máxima autoridad de los productores, en muchos casos se trata de personas inocentes que dan ese dinero con la esperanza de poder contar con una parcela propia, pero también remarcó que hay un alto porcentaje de individuos que saben que se trata de tierras productivas legalmente constituidas.
Sobre el tema, Javier Gómez, director departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), dijo que los tomatierras no están conformados por simples campesinos, sino que hay mucha gente que los asesora, financia y es por eso que tienen posibilidad de llegar a estos niveles.
Gómez remarcó que para encontrar una solución se va a requerir el apoyo de otras instancias y autoridades, sobre todo la del Órgano Judicial, pues en su criterio se deben cerrar ciertas puertas, ciertos candados para que no se siga cometiendo abusos y engañando a gente que necesita tierra.
A su vez, Manlio Roca, secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, aseguró que estas irregularidades ponen en riesgo la seguridad alimentaria del país, pues provoca incertidumbre en los productores para la futura campaña agrícola.
En busca de una solución
Desde el INRA Santa Cruz, informaron de que una comitiva de técnicos se trasladará hoy a los predios de Bolibras (El Tinto), con el objetivo de encontrar una solución al problema que afecta a unas 30.000 hectáreas en las que se siembra especialmente granos.
El problema implica a empresarios privados, colonos menonitas productores y campesinos que reclaman por tierras, mientras los primeros lo rechazan
Arremeten con juicio contra jefe del INRA
Personas que fueron retiradas por la fuerza de los predios La Fortuna (San Pedro) y la Isla del Duende (Urubó) abrieron causa penal contra funcionarios y el director del INRA Santa Cruz.
Así lo confirmó el director de la institución, Jorge Gómez, al indicar que esto prueba que detrás de la cabeza visible de los tomadores de tierra hay personas que lucran y se dedican al tráfico de tierras productivas en el oriente.
Dio cuenta de que la semana pasada acudió a una convocatoria del Ministerio Público para prestar declaraciones informativas y defenderse de las acusaciones formalizadas en su contra.
Pese a ello, Gómez indicó que los juicios no lo atemorizan y que en el ámbito de la competencia del INRA seguirá defendiendo el resguardo de la propiedad privada de los asentamientos ilegales hasta que se defina el tema del derecho de propiedad.
Pidió al Ministerio Público y a la Policía coadyuvar en la tarea del INRA.
REACCIONES
Arroceros solidarios con otros sectores
Ana Isabel Ortiz, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas Arroceras(Fenca), sostuvo que rechazan la ocupación ilegal de predios productivos y si bien el sector no reporta este tipo de incidentes, como afiliados a la CAO son solidarios con los grandes y medianos productores afectados.
Ganaderos es una situación tensa
Para Juan Carlos Peredo, presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), el no respeto a la propiedad privada y el derecho al trabajo es algo que no debe pasar en el país. Peredo remarcó que esta situación debe ser solucionada para evitar mayores problemas.
Horticultores
Respetar el trabajo del otro
Nué Morón, presidente de la Federación de Productores Departamental de Horticultores y Fruticultores (Fedehfrut), señaló que el pedido de tierra es entendible, pero no en zonas donde ya hay un trabajo de producción y menos pedir provocando daños en los cultivos y en la maquinaria de los predios tomados.
“Una señal más firme en este tema”
Eliane Capobianco – Exdirectora del INRA
Se llegó a esta situación debido a que el Gobierno y el INRA no dieron una señal más firme sobre este tema, se mostraron lentos y dubitativos y eso es lo que provocó que distintos grupos vieran una buena oportunidad para lograr algún rédito.
Ante esta falta de castigo por realizar actividades ilegales, la idea se fue propagando dejando sin protección a los propietarios que tienen inversiones y que realizan alguna actividad productiva.
Si en esta actividad hay alguna participación de gente del Gobierno es algo que aún no se puede probar, pero sí se puede afirmar que estos grupos manejan información precisa de los predios que tienen algún tipo de problemas, como el cumplimiento de la FES o trabas en titulación, pues siempre llegan a estos lugares, que obviamente son más difíciles de defender jurídicamente, por ello siempre se tuvo la sospecha de que esta información, que solo la tiene el INRA, de alguna manera se filtraba en beneficio de estos grupos que supuestamente necesitan tierra.
Esta situación ha generado que ante la ausencia del Gobierno, los propietarios se vean en muchos casos forzados a negociar con los toma- tierras, hasta el punto de tener que pagarles para que desalojen los predios o, en el peor de los casos, otorgarles algunas hectáreas.
Es una buena noticia si es cierto que el Gobierno y el INRA van a actuar de manera firme, desalojando a los tomatierras más allá de la filiación política que tengan. Otra buena señal es la de la justicia que envió a la cárcel a una persona que realizaba este tipo de actividades ilegales. Eso se debe destacar.