Mientras Evo Morales agasaja a un grupo de dictadores africanos y caribeños, los indígenas de Bolivia realizan una Cumbre paralela donde cuestionan de raíz el modelo político y económico del presidente cocalero.
Hablamos de la Cumbre Social Internacional “G77+COICA” (por la sigla de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), reunión que por estos días congrega en Santa Cruz de la Sierra a delegaciones de los pueblos nativos de Brasil, Colombia, Argentina, Paraguay, Venezuela, Perú, Surinam y Guyana Francesa, junto a los representantes de las 36 etnias indígenas de Bolivia, nucleados en las centrales CIDOB y CONAMAQ, además de entidades como la Asociación Boliviana de Derechos Humanos.
En el encuentro se puso en entredicho el proyecto carretero del TIPNIS, que impactaría negativamente en el medio ambiente de los pueblos del Isiboro Sécure, ampliando la frontera cocalera para las bases electorales de Evo Morales.
Entre críticas al extractivismo, se cuestionaron normas recientemente presentadas por su gobierno o en elaboración, como las nuevas leyes de minería e hidrocarburos; y se reconoció a la conducción que encabeza Adolfo Chávez en la CIDOB, desconociendo a la dirigencia paralela alentada desde el Órgano Ejecutivo.
Pero sin duda el punto principal donde chocan los pueblos indígenas con el régimen -que ha abusado del marketing indigenista pero no los tiene en cuenta en la práctica- es en el derecho a la consulta previa.
La administración evista puso en marcha hasta ahora ficciones de consultas que no cumplen con los requisitos de transparencia exigidos por Naciones Unidas y la OIT, y que han sido seriamente criticadas por la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica.
Y es que su modelo neo-autoritario y hegemonista no puede contemplar otro ámbito de decisión que no sea el del Palacio Quemado, ni a unos movimientos sociales autónomos que se resistan a ser digitados por la maquinaria del partido oficial…