El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García dijo ayer que espera una sanción “fuerte” para las dos magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por paralizar la aplicación de la Ley del Notariado. También pidió al TCP enmendar ese error.
Vice pide al Senado sentar precedente con tribunos
AL TCP SOLICITÓ MODIFICAR LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE SUSPENDIÓ LA APLICACIÓN DE LA LEY DEL NOTARIADO
Los Tiempos y Agencias
Los magistrados Ligia Velásquez, Zoraida Chanez y Gualberto Cusi procesados por la Asamblea Legislativa Plurinacional acusados por suspender la aplicación de la Ley del Notariado. Foto Agencias.
El vicepresidente Álvaro García Linera exigió ayer a la Cámara de Senadores que castigue a las magistradas Zoraida Chanez y Ligia Velásquez, suspendidas por la mayoría oficialista de Diputados con la acusación de paralizar la aplicación de la Ley del Notariado.
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“El Senado es el juez, espero que establezcan una sentencia fuerte. Hay que sentar un precedente porque es una agresión (paralizar una ley) demasiado grande frente a la cual no podemos quedarnos callados”, dijo García Linera, también presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Los cargos que pesan sobre Chanez y Velásquez son incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y prevaricato.
En tanto, el procurador general del Estado, Héctor Arce, negó ayer que su despacho ejerza una acción política contra las magistradas suspendidas, como denunciaron. Coincidió con García Linera al afirmar que la resolución que tomaron las juezas “es totalmente inadmisible”.
“Hay que castigar (a las magistradas) en base a la ley, a los argumentos, en base a la racionalidad, de la manera que corresponda (…) Hay que enjuiciar, juzgar y sentenciar”, señaló García Linera en conferencia de prensa, ayer en La Paz.
De acuerdo a la Ley 044, lo que corresponde ahora es que el Senado constituya un Tribunal de Sentencia que condenará o absolverá a las dos magistradas.
García Linera pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional que corrija o enmiende la resolución que suspende la aplicación de la Ley del Notariado.
“Estamos convocando de manera pública al Presidente y a los miembros del Tribunal Constitucional a que corrijan o enmienden ese error, que es delito. Igual va a ir el juicio porque ha habido delito, pero que corrijan este error para que se pueda aplicar inmediatamente”, declaró.
Consideró que la justicia necesita de medidas de emergencia porque, en su opinión, la democratización de la elección de los tribunos no fue suficiente para mejorar el Órgano Judicial.
García Linera anunció que el magistrado Gualberto Cusi será procesado una vez salga del hospital, donde está internado y fue sometido a una intervención quirúrgica debido a una enfermedad crónica.
“El señor Cusi es de los firmantes de este documento y una vez que cumpla todos sus trámites de tratamiento médico y salga a la calle lo tenemos que notificar y que no venga con ataques de que me persiguen políticamente”, advirtió.
García Linera aseguró el miércoles que tras la decisión de dos magistradas de suspender la Ley del Notariado, a sola admisión de una demanda de inconstitucionalidad, el Estado fue objeto de una conspiración legal que puede paralizar su funcionamiento, por lo que se aprobó un juicio de responsabilidades para quienes atentaron contra el ordenamiento jurídico y administrativo del Estado boliviano.
García Linera fue enfático al señalar que si se deja pasar ese hecho, a futuro tranquilamente con una demanda de inconstitucionalidad se podrá afectar la institucionalidad del Estado.
Procurador
El procurador general del Estado, Héctor Arce Zaconeta, afirmó que en cualquier sistema de Estado de derecho, las normas jurídicas se las presume constitucionales y están en vigencia entretanto un Tribunal Constitucional no las declare inconstitucionales mediante una sentencia específica, razonada, fundamentada, y no con una admisión, como lo hicieron tres magistrados con la Ley del Notariado.
Arce calificó de inaceptables las versiones de que la Procuraduría está detrás del proceso contra los tres magistrados, siendo que es realizado por el Órgano Legislativo.
“No se puede, en ningún país del mundo, en ningún sistema de derecho en base a un libertinaje sin ninguna razón, fundamento o explicación dejar sin efecto una norma jurídica en su totalidad, y más aun tratándose de una ley tan importante (Ley del Notariado) y necesaria para la vida de la sociedad organizada”, aseveró la autoridad.
Von Borries: Fue un error
Erbol
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, dijo que el Tribunal Constitucional cometió un error al frenar la implementación de las leyes del Notariado y Código Civil, lo que derivó en la suspensión de dos magistradas.
La autoridad máxima del poder judicial señaló que con la puesta en marcha de ambas normas, se pretendía enviar una señal clara a la ciudadanía sobre el cambio en la aplicación de la justicia. “Se tuvo que suspender la ejecución plena de la Ley Procesal Civil y lamentablemente por un año. Un año para nosotros es mucho, esperábamos poner en ejecución esa ley, mostrar algo con que se modifica la justicia”, dijo.
Von Borries señaló que urge modificar a la brevedad posible el estado de situación de la administración de la justicia, pero que con esa postura de magistrados del Tribunal Constitucional sólo se postergó el cambio. “Es la única norma que había dictado la Asamblea Legislativa Plurinacional para poder mostrar algo al pueblo y cómo se puede modificar el sistema judicial”, afirmó el presidente del TSJ.
Habilitado
La Prensa
La suspensión de las magistradas del Tribunal Constitucional Zoraida Chánez y Ligia Velásquez, permitirá habilitar a Zenón Bacarreza, uno de los tribunos que viabilizó la re-reelección de los actuales mandatarios.
En la Declaración Constitucional 003/2013, es el magistrado Bacarreza quien habilita a Evo Morales y es él quien ahora reemplazará a Zoraida Chánez.
García pide ‘sentencia fuerte’ para magistradas
García pide al TCP reparar error y espera sanción a magistradas. Ligia Velásquez ratifica que la labor del Tribunal se enmarcó en las leyes
Legislativo. El vicepresidente Álvaro García, en la conferencia de ayer, en la que fundamentó la acusación contra dos magistradas del TCP.
La Razón / La Paz
El vicepresidente Álvaro García dijo ayer que espera una sanción “fuerte” para las dos magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por paralizar la aplicación de la Ley del Notariado. También pidió al TCP enmendar ese error.
Ligia Velásquez, magistrada suspendida junto a su colega Soraida Chánez, manifestó su rechazo a las acusaciones, ya que las autoridades habrían actuado dentro de la normativa legal. Están suspendidas de sus funciones por admitir un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado que paralizó la aplicación de esa norma. El martes la Cámara Baja autorizó un juicio de responsabilidades contra éstas y el Senado definirá el futuro legal de ambas.
Por ello, García espera que el Senado dé una “sentencia fuerte” en contra de las magistradas suspendidas. “Hay que castigar con base en la ley, a los argumentos, con base en la racionalidad de la manera que corresponda (…). Hay que sentar un precedente, hay que enjuiciar, juzgar y sentenciar”, dijo.
Castigo. También convocó de manera pública al presidente y a los miembros que están dentro del TCP a que corrijan ese error que es un delito, para que se pueda aplicar de manera inmediata la Ley del Notariado, aunque de igual manera se llevará adelante el juicio en contra de los acusados.
Ante el pedido de castigo, el magistrado Gualberto Cusi dijo a La Razón que el criterio del Vicepresidente ya es una sentencia anunciada en contra de las autoridades del TCP, pese a que actuaron dentro de la normativa legal.
Velásquez, por su lado, aseguró que no se cometió ningún delito ni error al emitir el auto que observó a la ley en cuestión, ya que solo aplicaron el Código Procesal Constitucional (CPC), con lo que se cumplió la Carta Magna.
Aclaró que cuando el TCP dicta una sentencia, con legislación a una norma y declara la inconstitucionalidad de ella, “no la suspende, sino la expulsa del ordenamiento jurídico”, porque cuando se suspende algo se puede volver a utilizar, dijo ante el Vicepresidente que acusa de no poder aplicar la ley, debido a que fue suspendida por la Comisión de Admisión.
Para García, que citó el artículo 4 del CPC, los magistrados no pueden suspender leyes con una admisión. Agregó que esta acción es un ataque sin precedentes al Estado, que sufre de una conspiración legal que puede llevar a una parálisis absoluta el funcionamiento de ministerios, gobernaciones, municipios y empresas estatales.
El artículo citado por García establece: “Se presume la constitucionalidad de toda norma de los Órganos del Estado en todos sus niveles, en tanto el Tribunal Constitucional Plurinacional no declare su inconstitucionalidad”.
Velásquez remarcó que junto a Chánez, en su condición de magistradas, solo suspendieron tres artículos de la norma, no la totalidad de la Ley del Notariado. Ellas son: la designación de un director, el traspaso de documentación y la reglamentación. Está decisión estaría respaldada por el CPC. En esa línea, el artículo 9 de la norma citada, indica que el TCP, de oficio o a petición de parte, a través de la Comisión de Admisión, podrá determinar las medidas cautelares que considere necesarias.
El procurador general del Estado, Héctor Arce, también cuestionó a las magistradas porque, aseguró, en cualquier sistema de Estado de derecho, las normas jurídicas se las presume constitucionales y están en vigencia entretanto un Tribunal Constitucional no las declare inconstitucional mediante una sentencia específica, razonada y no con una admisión, como lo hicieron los tres magistrados del TCP.
Gantier: Se vulnera la independencia
El juicio de responsabilidades en contra de las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ligia Velásquez y Soraida Chánez, por paralizar la Ley del Notariado, vulnera la Constitución Política del Estado (CPE) y la independencia de poderes en el país, según Iván Gantier, abogado constitucionalista.
Explicó que en el momento en el que la CPE determinó la independencia de los órganos que ejercen poder en el Estado, cualquier otra actividad procedimental o cualquiera de los órganos que infrinja la independencia de la actividad jurisdiccional administrativa de los órganos, vulnera de forma directa la Carta Magna.
“Ninguna autoridad electa puede ser sometida a un procedimiento por otras autoridades que también fueron electas, porque tiene el mismo rango y se vulnera la Constitución Política, además del equilibrio que debe existir entre los órganos del Estado”, explicó Gantier a este diario.
Agregó que sin importar los motivos, toda suspensión, como la de las magistradas sin un debido proceso en un pronunciamiento de un ente jurisdiccional que determine con plena prueba, vulnera el derecho a ejercitar la actividad administrativa, que además lo emanó el soberano, o sea el pueblo a través del voto directo en las elecciones judiciales de octubre de 2011.
Gantier añadió que la Carta Magna, que actualmente está en vigencia, debe tener leyes que estén acordes a su ordenamiento y, por lo tanto, el Estado Plurinacional está siendo regido por leyes de la anterior república. “Hay una inactividad legislativa en cuanto a normativa y eso es lo que está creando confusión, pero sobretodo inseguridad jurídica en toda la población boliviana”, advirtió el jurista.