La Comisión Global Antidrogas recomienda legalizar las ‘drogas blandas’, como la marihuana en Uruguay. La OEA comienza a debatir salidas a la interdicción y la ‘guerra a las drogas’ de EEUU.
China, Brasil y la UE, mercados de cocaína
La legalización de la marihuana en Uruguay abrió la puerta a la despenalización en la región. Foto: AFP
EL DEBER y Agencias
La flexibilidad de las convenciones internacionales que prohíben el uso de las drogas y la perspectiva de una visión humanitaria centrada en la salud del consumidor son las claves de la nueva política frente a las drogas que comenzó a discutir en Guatemala la Organización de Estados Americanos (OEA).
Cancilleres, viceministros y representantes de 32 de los 34 países de la OEA comenzaron a discutir en un hotel de la capital guatemalteca una resolución que pondrá énfasis en la salud y la seguridad ciudadana.
El secretario general de la OEA, el chileno José Miguel Insulza, dijo en el acto inaugural que en esta 46ª Asamblea General Extraordinaria del organismo se van a evaluar los avances y transformaciones que ha habido desde la sesión que se celebró en Antigua Guatemala en junio de 2013.
«Nuestros gobiernos sienten la necesidad urgente de revisar la política, que está lejos de alcanzar los resultados esperados», expresó Insulza, quien este jueves había adelantado que «no hay una receta universal» en el combate contra las drogas en el continente, especialmente porque «afecta a todos los países de manera distinta».
El diplomático chileno recordó que la problemática debe enfrentarse con un enfoque centrado en la salud pública y que además se deben establecer alternativas al encarcelamiento.
Además, explicó la importancia de la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de las instituciones.
¿Dónde estamos parados?
Sobre el informe de la OEA, la coordinadora del Programa Latinoamericano para la Reforma de la Política de Drogas, Lisa Sánchez, destacó que “surge de un sentimiento compartido de 34 jefes de Estado y de gobierno, que reunidos justo aquí en Colombia el año pasado, pidieron que se armara un estudio de dónde estábamos en materia de drogas y hacia dónde íbamos”.
En ese sentido, “es el primer informe que se hace bajo la solicitud de jefes de Estado que piden expresamente buscar alternativas a las políticas antidrogas que tenemos en el continente”.
Un segundo elemento es que “se hace bajo la tutela de un organismo internacional gubernamental –donde se sientan esos mismos 34 países, incluido Estados Unidos – que tuvo el mandato de coordinarlo de una manera objetiva, de una manera no ideologizada y contando con la participación de todos los actores involucrados”, destacó Sánchez.
Detrás del debate está el enfoque de Estados Unidos, que privilegia la represión del narcotráfico y la erradicación de los insumos para la producción de las drogas, y el que tienen los países productores de hojas de coca, que reclaman poner énfasis en el consumo de drogas.
Por la legalización
La posición de la mayor parte de los países de la OEA, salvo Estados Unidos, está en línea con los planteos de la Comisión Global de Políticas sobre Drogas, integrada por intelectuales y expresidentes de la región, que demandan la despenalización de las drogas como medio para romper con el narcotráfico.
La Comisión recomendó impulsar con urgencia “reformas fundamentales” en las políticas de control de estupefacientes ante el “fracaso” de la comunidad internacional en la lucha antidrogas, según un informe presentado en Nueva York.
“50 años después de la Convención Única de Estupefacientes urgen reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales e internacionales”, dijo el director ejecutivo de la comisión, el expresidente brasileño Fernando Henrique Cardoso.
El grupo, integrado también por el expresidente mexicano Ernesto Zedillo y otras personalidades del mundo, recomendó dar fin a la “criminalización, marginalización y estigmatización” de los consumidores que no hacen daño a terceras personas. Además, alentó a los gobiernos a experimentar con modelos de regulación legal de las drogas, “especialmente el cannabis” para intentar socavar el poder del crimen organizado.
En este sentido, los expertos propusieron remplazar políticas y estrategias de droga orientadas por la ideología y la conveniencia política, por políticas económicas responsables y estrategias basadas en la ciencia, la seguridad, la salud y los derechos humanos