Marco ZelayaEs cierto que el referendo, como sostienen los analistas, ha dejado expuesto al poder, como en esas láminas de los libros de anatomía en que se ven sólo músculos y huesos. Y si bien el bullicio del escándalo Evo-Zapata resuena desde Bolpebra hasta Bermejo, tampoco tiene tantos decibeles como para cubrir lo que podría considerarse el corazón del modus operandi de esta última década de la administración pública, que es la contratación directa.Voy a usar una metáfora que un cuestionado ministro ha empleado para calificar la tarea informativa de este periódico, pero la dotaré de otro contenido: la religión del Gobierno, en los 10 años de bonanza económica a raíz de los elevados precios internacionales de las materias primas, ha sido la contratación directa. Esto implica, como lo saben los estudiosos de las organizaciones de rígida jerarquía, que en toda religión hay no sólo un líder máximo sino también jefes intermedios que practican ese culto; en este caso, el culto de la contratación directa.Hay, sin embargo, religiones que pueden ser autodestructivas.A fines de enero de 2009, se descubrió que el expresidente de YPFB y segundo hombre del MAS, Santos Ramírez, estaba implicado en el caso Catler-Uniservice, que incluso costó la vida al empresario Jorge O’Connor D’Arlach y que consistía en la compra directa de una planta separadora de líquidos, con las coimas y «diezmos” que al parecer trae toda adquisición de esta naturaleza. Un examen a fondo del hecho reveló que Ramírez se había dotado de toda una arquitectura legal para pasar por alto la normativa de las compras estatales.La modalidad más transparente para las adquisiciones públicas, como se sabe, es la licitación, porque garantiza la libre concurrencia de ofertantes nacionales o internacionales ante una demanda estatal; el «argumento” del Gobierno contra la licitación es que se trata de un proceso largo, que demoraría la ejecución de obras públicas de gran magnitud; es decir, que la licitación no sería idónea por sus largos plazos -que además son necesarios por el monto de las adjudicaciones en juego- para un Gobierno con grandes ingresos (la bonanza de los precios internacionales para el petróleo y el gas) y ávido de ejecutar un voluminoso presupuesto de inversión pública. En consecuencia, la contratación directa es la que más se adapta al deseo de ejecutar grandes montos de dinero público.Calmadas las aguas del escándalo YPFB-Catler Uniservice, el Gobierno no sólo que no eliminó o al menos morigeró las compras directas para las grandes obras públicas, sino que las profundizó, si se examina con atención el reclamo de los constructores cruceños, quienes, tras 10 años de exclusión, afirman que en 2004 las compras directas sumaban apenas 600 mil bolivianos, pero que a fines de 2014, según información oficial, llegaban a 19.603 millones de bolivianos. Es decir, un aumento sideral. Al menos 31 compañías internacionales, en la actualidad, ejecutan 51 proyectos por 39.247 millones de bolivianos, que equivalen a 5.630 millones de dólares. El periodista Andrés Oppenheimer, que cita un texto de próxima publicación y firmado por Diego Ayo, de la Fundación Pazos Kanqui, dice que el 99% de las obras públicas se ha adjudicado mediante la contratación directa…La compra directa se ha convertido en el corazón y en la religión del Gobierno. No es un medio, sino un fin en sí mismo. ¿Qué implica esta afirmación? Algo que vimos en los peores episodios de corrupción del estatismo: que el país se llena gradualmente de «elefantes blancos”, que supuestamente satisfacen las pretensiones de industrialización o desarrollistas, pero que en realidad no interesa si operan o no, porque la finalidad no es que produzcan o funcionen, sino que hayan servido como excusa para una contratación directa y mejor si es con créditos chinos, que ayudan a dotarse de satélites o plantas de carbonato de litio. Se precisa una investigación a fondo sobre las compras directas que ha ejecutado el Gobierno.Página Siete – La Paz