La bonanza jerarquizó el uso de los recursos públicos, obras, prebendalización y subalternización de sus propias organizaciones sociales.
Ref. Fotografia: El movimiento de masas generado bajo el liderazgo de Evo Morales, develó el auge de una década prodigiosa en ingresos.
En un contexto netamente político, el largo periodo del gobierno de Evo Morales se caracterizó de ser un “régimen democrático”, esencialmente presidencialista, caudillista y concentrador del poder, cuya “década de oro”, por el superciclo de las materias primas y la consiguiente bonanza económica”, fue gracias a los procesos y logros anteriores a este Estado Plurinacional. Como prueba de ello, están las leyes y normas del periodo, denominado neoliberal, que aún siguen vigentes como son: La Ley de Hidrocarburos, las normativas referentes a la redistribución de los recursos bajo la cláusula del anterior Estado unitario centralista, entre otros. Esas normativas aún son aplicadas sin merecer modificaciones sustantivas, pese a que desde años se constituye el nuevo país bajo la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
Claro está, señala Víctor Hugo Cárdenas, analista político y ex vicepresidente del periodo republicano, su imponente presencia y liderazgo estuvo necesariamente asentado una base económica de un inusual e histórico auge de millonarios ingresos por los altos precios de las materias primas y sobre todo las ventas de gas natural a Brasil y Argentina. «Esta gestión, gracias a los altos precios del gas, lo único que ha hecho es cosechar lo que otros gobiernos dejaron sembrado. En ese contexto, la concepción ecologista y respeto a la madre tierra, solo quedó en discurso y la concentración del poder, tanto en el ámbito político y económico se agravó. Evo, con todo ello, se hizo más centralista y caudillista en el manejo del Estado», señaló el analista.
Un periodo complejo. Si bien el 1 de mayo de 2011, el gobierno de Evo Morales deroga por completo el decreto 21060, promulgado en 1985 por el expresidente Víctor Paz Estenssoro, que marcó dos décadas de gobiernos liberales y que cambió la constitución social por una liberal en Bolivia; dicha norma en los hechos permanece vigente, cuya esencia asentada en la economía de libre mercado no ha sufrido mayores modificaciones, pese a una visión discursiva radical de la actual administración con el “neoliberalismo”.
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A lo largo de este periodo, el Gobierno solo ha hecho ajustes orientados a una mayor concentración de poder central y control sobre la economía. Entre ellas se destaca la Ley de Inversiones, de Exportación, la Ley Forestal, la Ley de Minería, la Ley de Servicios Financieros y otras normativas que en unos está en proceso de elaboración, en otros en fase de implementación. «Es cierto que poco ha cambiado con relación a otros gobiernos y su tendencia centralista, sin visualizar cambios sustanciales en la esencia de la transformación social, económica y política del país hacia una mayor profundización democrática, a la distribución del poder y gestión de poder», argumenta Carlos Cordero, politólogo.
Esa concentración del poder, según otros expertos, se tradujo en el uso dispendioso de los recursos públicos, en la jerarquización de la construcción de obras “faraónicas” y prebendalización al extremo de subalternizar a sus propias organizaciones sociales y distanciarse aún más de los pueblos o nacionalidades indígenas, que el 2006 lo encumbró a la presidencia del Estado a Evo Morales.
A ello argumenta la senadora por el partido Demócrata Cristiano (PDC), Norma Piérola, que el Gobierno lo único que ha hecho es buscar modificar todos los códigos vigentes a objeto de adecuar a la nueva CPE, pero en los hechos no se hizo nada de ello. «No se ha hecho hasta el día de hoy absolutamente nada. Solo se han hecho parches», señaló.
Desconcentración del poder. Otra normativa, considerada troncal por los expertos, es la ley 1551 de 1994 de Participación Popular, que fue modificado en 1996, aún en los hechos sigue vigente, pese a que desde el 2010 se ha implementado la nueva Ley Marco de Autonomías, el mismo que hasta hoy solo ha desnudado una centralización aún mayor de los recursos públicos, en desmedro de una mejor redistribución y fortalecimiento pleno de las autonomías.
Hasta antes de este periodo, el Gobierno central manejaba el 75% de los recursos públicos, en cambio, las entidades como las prefecturas y municipios el 25%. Esta situación se agravó tanto que hoy el Estado central administra más del 82% de los recursos y solo un 14% corresponde a las nueve gobernaciones y 339 municipios del país.
Recién luego de seis años de tener dicha ley, se busca discutir el Pacto Fiscal, en medio de una incertidumbre de dudas con respecto a la desconcentración de competencias y redistribución de recursos a las denominadas ETAS (Entidades Territoriales Autónomas).
«Eso significa que seguimos con un modelo de Estado que corresponde a la anterior constitución, vale decir un sistema ultracentralista, que en los últimos años, además, ha retrocedido en todos los procesos que se tenía avanzado hasta antes que suba al poder este gobierno», señaló José Luis Bedregal, analista.
Otra de las normativas, al que hace referencia Cárdenas, es la Ley de Hidrocarburos, cuya norma data del gobierno de Carlos Mesa, donde se ajustan los ingresos por la venta de hidrocarburos, sobre todo de gas natural. Asimismo, vía esa norma esos ingresos se redistribuyen a todo el país a través de las regalías y por los Impuestos Directos a los Hidrocarburos a los municipios. «En estos años de gobierno, los buenos ingresos solo han favorecido a un despilfarro de esos recursos por la coyuntura de altos precios. Además de ello, esos recursos han sido utilizados para fomentar la corrupción y el prebendalismo, en lugar de fortalecer una mayor inversión y el cambio de la matriz energética y diversificación económica. Ahora está gastando dinero que no es generado y endeudándose que en el futuro no se va a poder pagar», señaló
Así sucesivamente, señalan otras visiones, que en este periodo se han abrogado normas, pero no se han materializado en una verdadera transformación social, económica y política del país. «Este gobierno no tuvo un cambio sustancial del país, que el presidente Morales ha desaprovechado una década dorada y lo peor sin fortalecer una mejor redistribución de recursos, incluso se aferran a la forma de redistribución económica del periodo neoliberal», argumentó Felipe Dorado, diputado de Unidad Demócrata (UD).
Mucho poder y distancia. El proceso de cambio, emancipado desde las naciones y pueblos indígenas y originarios del país, que en los próximos meses alcanzará al menos diez años consecutivos de la presidencia de Morales al mando del país, solo quedó anclada en un cambio de nomenclatura, enfatiza Dorado. «En la práctica es así. Solo se han puesto a las instituciones del Estado nombres folklóricos. De república se cambió a plurinacional, pero en la práctica se ha concentrado más el poder sin un cambio sustancial para el país», señala.
Además del cambio de nomenclatura, para Jimena Costas, diputada por UD, en todo este periodo hubo una apropiación del relato histórico del proceso de cambio, de lo indígena o del mismo pueblos, pero solo mostrando una rotación de élites en el poder.
«Lo que si se ha fortalecido es que el viejo Estado extractivista, se ha vuelto más extractivista, sacando todo el jugo a la madre tierra. En el otro contexto, el Gobierno habla a nombre de los indígenas, pero estos no están decidiendo el rumbo del proceso, hablan de gobernar obedeciendo al pueblo cuando en los hechos se fortalece el gobierno caudillista en torno a Evo Morales», señaló.
El otro aspecto que los expertos remarcan, además de la visión centralista es también la posición totalitaria traducida en el control del poder, con un patrimonialismo con respecto a utilizar los recursos públicos y un incontrastable caudillismo presidencialista de Evo Morales.
Cambios
A partir de la CPE los matices de un nuevo Estado
Constitución. A partir de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009 determina que Bolivia se constituye en Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, fundada en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país.
Pluralismo. La CPE establece que la diversidad cultural constituye la base esencial del Estado Plurinacional Comunitario y que la interculturalidad es el instrumento para la cohesión y la convivencia armónica y equilibrada entre todos los pueblos y relaciones. La interculturalidad tendrá lugar con respeto a las diferencias y en igualdad de condiciones.
Autonomía. La CPE también incluye el proceso autonómico, a cuyo efecto se implementó la Ley Marco de Autonomías, donde desde el 2010, se redistribuyeron algunas competencias en términos de salud a las gobernaciones y municipios. Lo que está pendiente ahora es la materialización del gran debate del Pacto Fiscal, cuyo proceso es lento y se encuentra en fase de organización.
Proceso
Los expertos observan distancias
Composición. El gobierno del Estado Plurinacional en términos de políticas públicas no ha tenido cambios significativos a menos de un incremento de los cuantiosos ingresos económicos, pero en términos de transformación social sigue pendiente en un marco de economía neoliberal, con tendencia centralista y rentista.
Presidencialismo. Es Lo más saliente de este periodo, donde la desconcentración del poder ha quedado reducida más bien a un manejo ultracentralizado del poder con relación a otros años, con una mayor subalternización de los otros poderes que hacen al Estado. En ese ámbito se ha incrementado la tendencia presidencial y caudillista, bajo la lógica de que redistribuir poder implica perder espacios y dominio político en torno a la figura del presidente Evo Morales.
Prebendal. Este mecanismo se ha fortalecido en función a los buenos ingresos que tuvo el país, cuyos recursos fueron utilizados políticamente para prebendalizar el apoyo popular entregando recursos como señala Jimena Costas, diputada del PDC, a sus facciones internas al interior del partido de gobierno, bajo esa lógica dicen acciones a nombre del pueblos. En ese ámbito, el gobierno ha mostrado su pragmatismo en las decisiones, acciones y tendencia política.
Punto de vista
'En este periodo se ha dado una distribución del poder'
Carlos Cordero
Analista político
“Es cierto que poco ha cambiado en cuanto a las políticas públicas que llevaban adelante los gobiernos anteriores con una tendencia básicamente centralista. Si antes la gestión y la distribución del poder tenía esas características, en este periodo lo que menos se ha visibilizado es lo del Estado Plurinacional, que según la constitución es autonómico.
Entonces esa construcción del Estado autonómico es lo que el presidente Evo Morales está frenando y lo peor es que hace todo por frenar, ante una realidad ineludible de que está en proceso de construcción y reconocida por la Constitución.
Y la distribución del poder tiene que ver con el nuevo diseño del Estado. En ese ámbito hay un elemento que muy pocos bolivianos se han percatado de aquello, es que se ha creado la figura del presidente del Estado que está por encima de todos los poderes y se ha sustituido por “órganos”, subordinados en la figura del presidente. Este fenómeno se convierte en un cambio muy importante, más que un simple cambio o de etiqueta. Y a partir de esta nueva división, la gestión del poder se ha vuelto distinta. lo que en la práctica se ha traducido en una concentración del poder, un reforzamiento del centralismo, la subordinación de otros poderes del Estado como la justicia, el parlamento, que en el fondo se ha convertido en una paradoja de un proceso que en general no ha cambiado mucho”.
Fuente: eldia.com.bo