Los municipios identificados son Mecapaca, Palca y Achocalla. Autoridades ediles advierten que esta situación provoca avasallamientos y otros problemas.

- Norma Después de un trabajo de año y medio, la Gobernación de La Paz emitió la Resolución 1059 en la que indica que el límite entre los municipios de La Paz y de Palca es la calle 60 de Ovejuyo.
- Reacción La Alcaldía celebró esa decisión, porque pone fin a un conflicto.
- Palca Sus autoridades rechazan la normativa y alistan una apelación.
- Vecinos Dicen que sus barrios mejorarán con esa decisión departamental.
Los conflictos limítrofes entorpecen la fiscalización municipalEl conflicto de límites provoca incertidumbre en la población, inseguridad por construcciones en áreas de alto riesgo e impide el buen desarrollo de la ciudad, indicó el subalcalde Óscar Sogliano.Con él coincidió por separado el subalcalde de Mallasa, José Eduardo Campero, quien aseguró que la falta de fiscalización impide, por ejemplo, detectar riesgos cuando se realizan movimientos de tierra sin autorización en zonas como Sequoia, Jupapina y Mallasilla.Estas tareas pueden desestabilizar el sector, pues saturan quebradas y provocan desajustes en el terreno.Hace años que el municipio de La Paz tiene conflictos de límites con municipios como Achocalla, Mecapaca y Palca.En el caso de Mecapaca, la Gobernación está facultada para enviar documentos al viceministerio de Autonomías a fin de que se siga un proceso para la convocatoria a un referéndum de consulta a los habitantes del área en conflicto y definir la jurisdicción a la que pertenece.Respecto al conflicto con Palca, el gobernador de La Paz, Félix Patzi, emitió una resolución el viernes en la que plantea que la Calle 60 de Ovejuyo es el límite entre ambos municipios, aunque el alcalde de Palca, René Aruquipa, rechazó esa norma.Por su parte, la directora interina de Asuntos Jurídicos, María Érika Elguero, aseguró que la eficiencia de la fiscalización tropieza con dos dificultades.La primera tiene que ver con la ejecución de las órdenes de demolición de construcciones emplazadas en propiedades municipales o que infringen parámetros de uso de suelo y la segunda que está vinculada al cobro de multas generadas por movimientos de tierra sin autorización. «Estos dos aspectos han impedido que nosotros podamos tener efectividad dentro de los procesos administrativos iniciados con efectividad”, dijo.Ante esto, el Concejo Municipal revisa un proyecto de ley municipal autonómica de fiscalización técnica territorial que pretende -en el marco de la autonomía- generar eficacia en las sanciones administrativas y garantizar el debido proceso.Fuente: Página Siete