Caso Alexander: 233 audiencias suspendidas en dos años y dos meses de juicio oral 
Una de las audiciencias en el caso Alexander. Foto archivo: El Diario
La Paz, 24 de enero (ANF).- En dos años y dos meses de juicio oral en el caso Alexander, las audiencias fueron suspendidas en 233 ocasiones; la más reciente ocurrió el pasado lunes y fue porque la abogada de oficio, dependiente del Ministerio de Justicia, de una de las coacusadas, faltó por segunda vez consecutiva.
Cristian Alanes, abogado del médico Jhiery Fernández, considerado por el Ministerio Público como el principal procesado, dijo que con este tipo de hechos, el Estado está lejos de garantizar “el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”, como cita el artículo 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
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“Estamos a más de dos años de juicio oral, y si hacemos un cálculo a groso modo tenemos más de 230 audiencias que hasta el día de hoy se han suspendido, lamentablemente las últimas audiencias se están suspendiendo por falta de asistencia técnico jurídica de una de las coacusadas, Lola Rodríguez, que está a cargo de la dirección de Defensa Pública que es dependiente del Ministerio de Justicia”, refirió el abogado Alanes.
El juicio oral en el caso Alexander se inició el 17 de diciembre de 2015 y hasta la fecha no hay sentencia ni en primera instancia. Luego de un conteo realizado por ANF desde entonces, los registros indican que se trata de 233 audiencias suspendidas hasta el momento.
Alanes explicó que al inicio del proceso, el Tribunal Décimo de Sentencia, donde se ventila el caso, dispuso que las audiencias se lleven a cabo los días lunes y martes en horarios de la mañana y la tarde, “es decir dos días a la semana con cuatro audiencias”.
Y desde mayo de 2017 las audiencias se llevan dos veces por semana: solo lunes pero por la mañana y por la tarde.
Del conteo realizado, 63 audiencias fueron suspendidas por la ausencia de fiscales y de acusadores particulares; 83 por la falta de secretario; 46 por el Tribunal, sobre todo por la baja pre y post natal de la jueza Guerrero; y 41 por otras razones como el embarazo de una de las coacusadas y la falta de abogado que debería garantizar la Defensa Pública.
“Actualmente la dilación es atribuible a la defensa de Lola Rodríguez; con anterioridad lamentablemente, y sobre todo después de que se ha resuelto una recusación que ha sido planteada por el Ministerio Público, las inasistencias han sido por parte del Ministerio Público; también ha habido lamentablemente cuestiones no atribuibles al Tribunal, pero ha habido una baja médica de los miembros del Tribunal, eso también ha tenido dilación; y, también una de las coacusadas ha estado en estado de gestación, pero nosotros como defensa del doctor Jhiery Fernández y el mismo Jhiery Fernández no hemos hecho suspender audiencia alguna”, apuntó el jurista.
Alanes remarcó que la dilación no viene de parte de la defensa, menos de la defensa de Jhiery Fernández, ya que esperan que el juicio culmine a la brevedad posible.
Fernández se encuentra detenido desde el 15 de diciembre de 2014, y hasta el momento guarda detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.
Su abogado dijo que ya el Tribunal de Sentencia debería tomar medidas mucho más drásticas en sentido disciplinario para ver que la entidad que está proporcionando un abogado de defensa a Lola Rodríguez cumpla con esa obligación.
El jurista remarcó que la dirección del proceso está encabezada por la presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, quien es la llamada a tomar las medidas disciplinarias, sin embargo no lo hace.
Para el abogado y exjuez, Roger Valverde, se trata de una “barbaridad” que el Ministerio de Justicia sea el que esté obstaculizando el proceso y causando retardación de justicia.
“Imagínese esa barbaridad, eso es increíble, el mismo Órgano Ejecutivo que es el que debería ser el que impulse, agilice que se lleve a cabo el proceso está obstaculizando”, apuntó.
Sugirió denunciar esos extremos a todas las instancias correspondientes y dijo que ocurren porque el caso está en reserva y muy pocos conocen lo que está ocurriendo. “La reserva no tiene ningún fundamento, ahí es necesaria la prensa para ver quiénes son los que causan la retardación de justicia”, enfatizó.
Hasta donde se conoce, porque el caso se mantiene en reserva, Fernández fue imputado por la fiscalía con pruebas inexistentes, cuando uno de los encargados del caso era el actual fiscal departamental Edwin Blanco, ya que los resultados de ADN recién se iban a conocer. Posteriormente cuando ya fue encarcelado Fernández se conocieron las pericias con resultados que no lo involucran. También se supo, mediante una denuncia, que la actual fiscal del caso, Susana Boyan, amenaza y amedrenta a los testigos y abogados de la defensa y hasta al mismo Tribunal si contrarian sus argumentos de acusación.
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Fuente: noticiasfides.com