Chile está atravesando una crisis grave en materia de derechos humanos desde el estallido social de octubre de 2019, informó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita al país.
«Chile vive una grave crisis en materia de derechos humanos», dijo la presidenta de la CIDH en conferencia de prensa en Santiago, Esmeralda Arosemena.
El organismo terminó su visita in loco a Chile de seis días, con una misión que se reunió con líderes de la sociedad civil, con autoridades de los tres poderes del Estado, con instituciones de derechos humanos nacionales y con víctimas de las violaciones a los derechos humanos en siete ciudades distintas del país.
En la entrega de sus conclusiones finales, la CIDH explicó que una de las situaciones más preocupantes es la eventual impunidad en que pueden quedar los crímenes cometidos por los agentes del Estado vinculados a muertes, torturas, agresiones sexuales o cualquiera de los distintos tipos de abusos cometidos durante estos tres meses.
«La perpetuación de la impunidad no afecta solo a las víctimas de las violaciones, sino que a toda la sociedad chilena«, dijeron las autoridades del CIDH presentes.
Además, el organismo hizo hincapié en el fondo de las demandas de los manifestantes chilenos, asegurando que «pese al crecimiento económico, persiste la exclusión que afecta a las personas en situación de pobreza y de la clase media vulnerable, sobre todo en sus DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales)».
«La desigualdad repercute en los derechos a la educación, a la salud, a las pensiones y al medioambiente de los chilenos», afirmó el CIDH.
Además el organismo internacional alertó que en Chile se han aprobado leyes tendientes a criminalizar al manifestante y a las protestas pacíficas.
Después de una visita in loco de seis días para abordar las violaciones a los derechos humanos perpetradas desde el estallido de la crisis social en octubre del año pasado en Chile, la CIDH entregó sus principales conclusiones y entre ellas, se refirieron en específico a una serie de leyes redactadas por el Gobierno de Sebastián Piñera.
En particular, son tres leyes las que fueron criticadas por organismos de derechos humanos y por el sector más progresista de la oposición, argumentando que la policía utilizará esta nueva legislación para reprimir marchas que son pacíficas.
El primero es la llamada «ley anti saqueo«, que fue aprobada esta semana por el Congreso y que aumenta las penas de cárcel para varios delitos cometidos en el contexto de una manifestación, como los saqueos, las barricadas, los cortes de tránsito y otros.
Por último, existe una iniciativa gubernamental que busca permitir que las Fuerzas Armadas se desplieguen en la ciudad para resguardar la infraestructura crítica del país en casos de protestas, proyecto que fue avanzando paulatinamente en su trámite legislativo.
«Las intervenciones para disolver manifestaciones debe estar fundamentada en un riesgo grave para la vida de las personas y cuando no fuere posible otros medios”, argumentó la CIDH.»La CIDH recomienda a Chile aplicar una reforma profunda a Carabineros con apego a los derechos humanos, y fortalecer algunas de sus instituciones como por ejemplo la Fiscalía y el Servicio Médico Legal», señalaron las autoridades del organismo.
Las más importantes estuvieron relacionadas al actuar represivo de Carabineros contra manifestantes pacíficos, pidiendo en primer lugar que los operativos policiales se apeguen a los estándares internacionales.
«Chile debe asegurar que sus fuerzas de seguridad tengan como prioridad la defensa de la vida en protestas, debiendo abstenerse de vulnerar los derechos humanos», afirmó el organismo.
La CIDH pidió particularmente al Gobierno que indemnice a las víctimas de la represión y a los familiares de los fallecidos a manos de agentes del Estado, adoptando un plan de reparación completo e integral.
Además, se pidió a Chile que fortalezca varias de sus instituciones que según el CIDH, se habrían visto debilitadas durante esta crisis social como la Fiscalía, el Servicio Médico Legal y los órganos autónomos de protección a los derechos, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La crisis social en Chile se arrastra desde octubre de 2019, fecha en que comenzó una seguidilla de manifestaciones ciudadanas protestando contra la desigualdad, el profundo sistema económico neoliberal, el precio de los servicios básicos, la Constitución y para rechazar la gestión del presidente Piñera.
Así como el CIDH, otros órganos internacionales y nacionales también establecieron que la policía y la administración de Sebastián Piñera violaron los derechos humanos durante el periodo de la crisis, como Amnistía Internacional, Human Right Watch, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet y el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile.
Fuente: Sputnik