La Constitución Política del Estado estable que, la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto; en este contexto, el Presupuesto General del Estado – PGE se constituye en el instrumento más importante de la política fiscal para reconstruir y reactivar la economía boliviana, priorizando la asignación de recursos a la inversión pública, así como los gastos en los sectores de salud y educación, políticas sociales, alimentos, servicios básicos, entre otros programas de interés social y de necesidad poblacional.
Desde una perspectiva estructural, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, por lo que el PGE incorpora a las Empresas Públicas, Entidades de Seguridad Social, Universidades Públicas, Entidades Descentralizadas, los Órganos del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales, Municipales, Indígenas Originarios Campesinos y Entidades de Control y Defensa del Estado, Entidades Públicas Financieras y No Financieras, los cuales suman 579 instituciones que elaboran su presupuesto institucional de manera anual, en el marco del Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo – MESCP y la normativa presupuestaria vigente.
Al respecto, el PGE se compone de dos grupos de cuentas, por un lado, los Ingresos, que corresponden a la estimación de recursos que podrían ser captados por las actividades que realiza cada entidad, ingresos por recaudación tributaria, regalías, donaciones y otras fuentes financieras, y por el otro lado, los Gastos, que constituyen las erogaciones recurrentes basadas principalmente en la administración y operación de la institución pública, como ser sueldos y salarios, servicios básicos, materiales y suministros, impuestos, así como gastos destinados a proyectos de inversión orientados a la creación o adquisición de bienes de capital, como ser la compra de maquinaria, construcción de edificios, entre otros que contribuyen a la formación bruta de capital fijo.
En el periodo neoliberal (1985- 2005) los gobiernos de turno elaboraban el Presupuesto General de la Nación – PGN, el cual respondía a un modelo neoliberal y tenía carácter regulador, discrecional y sólo administrativo del Estado, cuyo principal objetivo era reducir la participación pública en la economía local en beneficio de las empresas transnacionales que operaban en el país.
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Asimismo, el PGN se elaboraba con base en las recetas dictadas por los organismos internacionales, no existía claridad en los gastos, presentaban constante déficit, y otras deficiencias, por ejemplo los gastos no se transparentaban, evidenciando la existencia de los Gastos Reservados, cuyos recursos económicos eran asignados al Ministerio de Gobierno sin fiscalización, o el pago de sobresueldos a ministros, viceministros y otras autoridades estatales, con dinero proveniente del exterior; otro ejemplo, en dicho periodo se recurría a préstamos externos para el pago de salarios o aguinaldos de los empleados del sector estatal, maestros del magisterio fiscal y trabajadores en salud.
A partir de la gestión 2006, el PGE refleja el impacto de la intervención del Estado en la economía boliviana, asumiendo con responsabilidad el papel protagónico para la implementación y aplicación del MESCP, convirtiendo al sector estatal en planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero del país, a cuyo efecto, el PGE consolidado y agregado para la gestión mencionada alcanzaba a Bs. 46.332 millones y Bs. 59.834 millones, respectivamente. Para la presente gestión fiscal, el PGE aprobado asciende a Bs. 228.357 millones (consolidado) y Bs. 295.600 millones (agregado), es decir que, el presupuesto público en los últimos años ha cuadruplicado sus cifras.
Sin duda, este aspecto incremental del PGE ha permitido a nuestro país la obtención de los siguientes logros: crecimiento económico sostenido, acumulación de niveles récord de reservas internacionales, reducción de la deuda externa, inflación controlada, bolivianización de la economía, incrementos de los depósitos y créditos en el sistema financiero, incrementos salariales, nivel de ejecución alta de inversión pública, reducción de la pobreza extrema, redistribución del excedente económico a sectores desprotegidos, disminución del desempleo y de la desigualdad económica.