El vicegobernador Mario Aguilera había manifestado que no recibió documentación oficial sobre la delegación de funciones tras ausencia de Camacho. El martes, se informó públicamente desde la Dirección Jurídica sobre su designación.
Ante la ausencia del país del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien debió asumir automáticamente era el vicegobernador Mario Aguilera y no un secretario de la Gobernación que no fue elegido por el voto popular, así lo indicó el abogado experto en Gestión Pública, Gary Peña.
Remarcó que la primera autoridad del departamento solo podría darle a una secretaría funciones determinadas que le corresponden a esa área, y que no se puede dar la representación «hacia afuera de la institución», pues esas atribuciones deben ser asumidas por el vicegobernador.
«No debería haber ninguna notificación, pues ambos son autoridades legalmente posesionadas, debería ser automática, no es como los municipios que debe elegirse entre los concejales. Aquí hay una autoridad electa que está posesionada como vicegobernador y que está en el estatuto establecido que reemplaza al gobernador inmediatamente», explicó Peña.
Aguilera había declarado a UNITEL que hasta la mañana del martes, a su despacho, no habia llegado ninguna documentación oficial sobre la designación -Camacho había viajado el fin de semana-; pasado el mediodía, José Luis Terrazas, director del Servicio Jurídico de la Gobernación cruceña, dijo a los medios que era el vicegobernador quien había quedado a cargo.
Entonces ¿Hubo un vacío de poder?, fue la consulta hecha a Peña, quien respondíó que no, pero que la sucesión debió ser automática por lo que anticipó que podría haber problemas internos pues hay versiones de que mediante un decreto departamental se habría autorizado a un secretario asumir funciones, en lugar de Aguilera.
En ese caso, para Peña, debe haber una investigación porque en caso de que se hubiera firmado ese decreto sería una irregularidad y que, en el hipotético caso de que sí exista, pero que no se haya subido a la gaceta, o peor, que se lo hubiera bajado, constituye en el delito de incumplimiento de deberes.
«Hay un decreto que está, no está, creo que sí se firmó y que después ha sido sacado, ese será el delito que habrá que investigarse», apuntó a tiempo de añadir que cree que el conflicto va más allá, de «una pequeña discrepancia administrativa entre camacho y Aguilera».
«(Debe haber investigación), obvio, el gobernador no puede darle atribuciones a un secretario más allá de lo que corresponde (…) es un delito y eso habrá que investigarlo si efectivamente sucedió o no«, puntualizó.