La corrupción política la define Wikipedia como el mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma secreta y privada, añadiendo que el término opuesto es el de transparencia.
En nuestro país, a raíz de la divulgación del informe en reserva de la CIDH contra el gobierno de Evo Morales, que, en su momento, fue el pretexto para perseguir opositores. Es la clara demostración que la mentira y el crimen tarde o temprano se descubre. Ahora, se volcó la tortilla y aparece la transparencia, ya que la voz autorizada, fuerte, institucional e internacional, como es la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del sistema de Naciones Unidas dice que, en 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz de la Sierra hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas ordenadas por el gobierno de entonces, el de Evo Morales, en contra de cinco miembros de un supuesto grupo armado. Caso que se ha convertido en un boomerang real para los intereses políticos a futuro del partido MAS y puso en una situación difícil de convivencia entre el poder del narcotráfico que mantiene Morales y el poder político que ostenta Luis Arce Catacora.
El famoso caso que fue bautizado por esa administración gubernamental como “terrorismo” y, a partir de allí, comenzó una de las persecuciones más hostiles que se recuerde de la era democrática de Bolivia contra opositores políticos, a través, de una trampa bien tendida, donde cayeron algunos activistas y líderes de la región cruceña de manera ingenua. Se ha convertido, también, como uno de los ejemplos más claros de una corrupción política a nivel latinoamericano.
Aprovechándose del poder presidencial, de su dominio sobre el poder judicial y de un poder legislativo netamente dirigido desde Palacio de Gobierno, el presidente y sus acólitos delincuentes, montaron una componenda ilegal donde sobresalían delitos de: Extorsión, estafa, apropiación indebida, falsificación de información escrita y de audios, delitos de sociedades criminales con sicarios policiales, administración fraudulenta de investigación policial, maquinación y manipulación para alterar la verdad, introducción de pruebas falsas incriminatorias y muchos otros delitos.
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Ahora bien: ¿Son estos delitos de corrupción o son simples (no tan simples) delitos socioeconómicos que un gobierno utiliza para mantenerse definitivamente en el poder? ¿Hablamos de corrupción política cuando están implicados políticos o personas vinculadas al mundo de la política? Entonces también son delitos de corrupción: ¿la conducción imprudente del político, el impago de la pensión debida, la negativa a someterse a la prueba de alcoholemia, la pedofilia o la visualización de pornografía infantil?
De corrupción se puede hablar desde muchas perspectivas y en diferentes ámbitos. Si nos centramos en lo que es la corrupción que puede dar lugar a responsabilidad penal (al margen de la ética, la moral o la vinculada con responsabilidades administrativas o políticas), podemos hablar de una corrupción pública o en el sector público y de una corrupción privada, en el sector privado o en el mundo de los negocios.
Estos últimos, en principio, no es la que interesa a tertulianos, ciudadanos más letrados, periodistas, comentaristas, etc., cuando discuten sobre la necesidad de transparencia en la vida política. Es la de quien, por ejemplo, consigue un contrato de suministro ofreciendo una suma de dinero al directivo de cualquier empresa pública encargado de concederlo. O, la de quien consigue un resultado deportivo entregando la suma a un árbitro. Supuestos que afectan al ámbito de lo privado, de la lucha económica o deportiva, si se quiere, en igualdad de condiciones. Ejemplos hay varios últimamente, sin contar los del pasado, donde varios nuevos millonarios surgieron gracias al gobierno de Evo Morales, o de los gobiernos municipales y departamentales de: Percy Fernández, Angélica Sosa, Reyes Villa, Leyes, Ernesto Suárez, Rubén Costa, Luis Revilla, Patana, etc.
Y actualmente van saliendo a la palestra varios nuevos, gracias al poder presidencial de Arce Catacora, como es el caso de su hijo Marcelo, ya identificado como corrupto por el propio Morales, o aquellos que trabajan directamente con Johnny Fernández, Negro Arias, Reyes Villa, etc.
Y cuando hablamos del ámbito penal, si se aplicaran las leyes y se tuviera una justicia implacable e independiente, identificaríamos que ningún gobernante actualmente, desde lo más alto del organigrama del Estado, hace uso correcto del ejercicio de la función pública, esto es, que todos cumplen sus funciones realizando delitos que tienen que ver con el ejercicio de sus funciones. En este sentido, estas conductas de corrupción, las que sencillamente implican un aprovechamiento del cargo para fines particulares (algunas prevaricaciones, malversación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, fraudes ilegales, etc.) lo utilizan desmedidamente, aplicándolo a todo lo que se les cruza por el escritorio. O sea, la corrupción en nuestro país, termina por difuminarse, por hacerse tan común que pierde toda la importancia que realmente tiene que tener, toda su carga semántica para reflejar aquello que realmente conlleva.
En la práctica judicial ocurre que los casos de cohecho (de corrupción en sentido estricto), los casos en los que se vende el cargo público (y, en su caso, político) son tan difíciles de probar que acaban conduciendo a imputaciones y, en su caso, condenas, por delitos que pueden ser consecuencia de la corrupción pero que no implican lo que significa ésta. Si al político de turno (sobre todo si es masista) se le encuentran millones de dólares en activos o efectivo en una cuenta bancaria nacional o internacional, como también paquetes de cocaína, seguramente con la justicia actual, podrá hacérsele responsable de un delito fiscal o un consumidor habitual de drogas, y, salir con prisión domiciliaria donde queda claro que los beneficios de los recursos ilícitos del reo por corrupción, los está compartiendo con el poder judicial y policial.
El político puede cometer muchos delitos, todos los del Código Penal tal como lo comete el particular. Su reproche por ello será mayor socialmente, pero mucho menor ante la justicia politizada. Pero, además, el político puede cometer muchos delitos por ser quien es, por aprovecharse de su cargo, por entablar relaciones con particulares para ofertar lo que estos pueden comprar.
Los casos de corrupción política, los que hacen daño a lo público y que están amparados por el gobierno y por el poder judicial, obvia los instrumentos con qué combatirlos y que existen en el Código Penal. Lo único cierto, es que no existe la voluntad o la capacidad de aplicar la ley. Y nos creemos (o nos tenemos que creer porque no se puede probar lo contrario) explicaciones sobre herencias recibidas para justificar patrimonios no declarados de dudosa procedencia, nos creemos contratos de consultoría, nos creemos regalos espléndidos, nos creemos en el azar de la lotería, nos creemos cuentos de hadas cuando lo único cierto es que ningún corrupto ha obtenido su dinero con el esfuerzo del trabajo honesto y tenaz.
La regulación penal es muy completa. Claro, hay que aplicarla, querer, poder y saber aplicarla. Pero llamemos corrupción a lo que es corrupción. Y si no se puede probar, habrá que hablar de otra cosa. Y si, al final, por incapacidad probatoria, por desidia administrativa, por falta de voluntad política, solo se puede hablar de defraudación tributaria, habrá que hablar de defraudación tributaria. Si no, se confunde a la opinión, nos confundimos nosotros y nos llegamos a creer que el Código se aplica cuando lo cierto es que, de cohecho, de corrupción, difícilmente encontraremos sentencias en los Tribunales de Justicia.
Por todo lo mencionado, es que BOLIVIA requiere con urgencia una transformación judicial a través de una reforma desde sus raíces. Será la única manera que transparentemos el actuar político de aquellos ciudadanos que piensan que la política es el negocio de moda para poder llevar una vida de reyes, simplemente porque no se atreven a ser inteligentes y de esa manera no servir al país, a sus regiones y representar dignamente a quienes lo eligieron.
En resumen, para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad, si no pregúntenle a Evo y al nuevo aliado gubernamental Johnny Fernández, que vivieron siempre de la política, o, ¿me equivoco?
Mientras tengamos una justicia política nos sobrarán los políticos delincuentes en las calles, mientras que las cárceles estarán llenas de inocentes con prisión preventiva…
¡Qué contradicción!
Alberto De Oliva Maya