La Asamblea General de las Naciones Unidas, el 28 de julio de 2010, mediante Resolución 64/292, reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento., reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos, y exhorta a los Estados y gobiernos a que redoblen sus esfuerzos para satisfacer las necesidades humanas básicas vinculadas con este objetivo vital.
Las Naciones Unidas, en sus diferentes Conferencias sobre el tema del agua, ratifica que el agua es “un derecho humano” de acceso y asequible para todas las personas del planeta.
Ha establecido también que el agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeconómico, la energía, la producción de alimentos, los ecosistemas y para la supervivencia de los seres humanos.
Además, asegura que el agua es crucial para la adaptación al cambio climático, y es un decisivo vínculo entre la sociedad y el medioambiente. Esto es garantizar que todas las comunidades tengan los suficientes recursos hídricos para satisfacer sus necesidades y de expansión de la población.
Un dato que causa escalofríos es que 2.200 millones de personas carecen de acceso de servicios de agua potable gestionados de forma segura (según OMS/UNICEF 2019); 2.000 millones de personas viven en países que sufren escases de agua (UN 2019) y el 90% de desastres naturales están relacionados con el agua.
En Bolivia no tienen acceso al agua potable 1.597.000 que equivale al 14% de la población total y no cuentan con condiciones de saneamiento 4.475.000 que representa el 40% de los 13 millones de habitantes (Fundación Jubileo-02-2021). Vinculados con esas faltas de coberturas, la extrema pobreza ronda por el 11,1% y la pobreza moderada el 36,6%. Además, según el director del INE la pobreza extrema se manifiesta en el área rural con un 23% y en el urbano con 6,1%; mientras que la pobreza moderada en el campo alcanza un 47,9% y en las ciudades el 31,4% (INE-26.01-22).
Sobre la base de esas cifras dramáticas en la que se debate la población boliviana, desde el ministerio de Obras Públicas y Transporte en coordinación con la ABC se pretende forzar el trazo y ejecución de una carretera afectando los “Acuíferos del Urubó” en las nacientes del río Güenda, sin considerar que la zona hidrográfica ha sido declarada Patrimonio Natural (Ley Departamental de 10 de marzo de 2023) y se encuentra inmersa en el Parque Nacional Amboró (D.S. 20423 de 16-08-1984), que desde 1995 se reconoce como Área Natural de Manejo Integrado el Amboró con una superficie de 637.00 hectáreas.
Para Santa Cruz, Güenda Urubó es “el alma vital hidrográfico intocable e intangible” que, al estar asentado sobre una superficie de 44,711 hectáreas, cubre las necesidades de agua de nueve municipios entre ellos: Porongo, Buena Vista, Portachuelo y representa el 30% de cobertura de agua a Santa Cruz.
Los directivos de la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural de la Gobernación (UCPN), sostienen que en la zona hay cuatro ecosistemas, es un territorio rico en biodiversidad, pero, sobre todo, es la principal fuente de agua para región de expansión para la capital cruceña. Dimensionan que -el Urubó- es fuente de agua para las próximas generaciones de 100 y 200 años. Y ¿esa riqueza hidrográfica departamental que es un “derecho humano por las Naciones Unidas” se desconoce torpemente por las autoridades del gobierno? ¿Se olvidaron que los bienes comunes como el agua son intangibles y tienen carácter universal? Y ninguna infraestructura que se impulse podría dañar la vida, salud y saneamiento de más de cuatro millones de habitantes. Las respuestas son contundentes de rechazo al proyecto que nace muerto y terminará con mortaja, no solo por la falta de diseño final del tramo I y el supuesto sobreprecio de 60 millones Buena Vista – Las Cruces; sino por la violación al derecho humano del agua. Tsltal-Maya dice: “El agua tiene corazón, el cuidado de la madre tierra desde el paradigma de la “armonía”, se explica que lo político no se impone a lo humano.
El experto en hidrografía Sauma Haddad Juan Carlos, refiere que, con base en investigaciones de Saguapac el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz licitó un estudio de impacto ambiental, dada la cantidad de urbanizaciones que empezaron a surgir en la Zona del Urubó, se determinó que declarando esa zona como área protegida, se “conserve el área de recarga preferencial del acuífero” antes que se urbanice y de esa manera se garantice la provisión de agua para las nuevas viviendas y futuras urbanizaciones. Remarcó que, desde el punto de vista geológico, el lugar tiene muy buenas características para almacenar agua de lluvia (acuífero), que implica que puede captarla y guardarla. “Como existen grandes mantos de arena en superficie, el agua que infiltra, se almacena en condiciones excepcionalmente buenas en calidad para el consumo humano”, acotó el experto.
Según el biólogo Catari Juan Carlos, Güenda Urubó se trata de una zona que tiene cuatro ecosistemas bien conservados que son: Pampas del Urubó con dos tipos de sabanas, Pampas del Cerrado y Pampas del Urubó, que tienen la influencia de la flora del chaco: pampas con islas de Bosque Chiquitano de arenales: al oeste en las colinas existe un tipo de Bosque Chiquitano de transición amazónico y pampas de los ríos Güenda, Palacios y todo un ecosistema valioso.
Producto de su investigación el indicado biólogo señala que son los últimos reductos de Bosque Chiquitano y Cerrado en plena ciudad. En esta línea tan significativa el biólogo Miserendino Rómer puntualiza que, en la zona se detectó fauna la presencia de antas, pumas, algunas parabas, como la militar y la azul amarilla; una gran cantidad de pavas, rapaces y una gran diversidad de peces, por lo que considera importante preservar esa riqueza biodiversa y hacer un plan de manejo y socialización por la intensa expansión poblacional.
No quisiera pensar que con esta política de ejecución de una carretera que pase por los Acuíferos Güenda Urubó tenga en la mochila de quienes la impulsan con sindicatos, movimientos sociales y algunos municipios bajo el control del gobierno, el polvorín de envenenar con intereses oscuros a las generaciones del presente y futuro, lo que sería canallesco. Por el contrario, pienso que al no haber justificativo desde una perspectiva geológica, económica, desarrollo sostenible, preservación del ecosistema, y el derecho humano de acceso al agua por “centenares de generaciones”, las instituciones vivas de Santa Cruz deberían levantar la voz y asumir acciones que contengan ese proyecto “demoledor del alma vital como es el agua” para los cruceños, preservando integralmente el Parque Nacional Amboró, así como luchan los pueblos y comunarios circundante al Lago Titicaca al ver que los cambios climáticos están secando su única fuente de vida, el agua.
No deseo cerrar esta afrenta, sin antes citar a Stiegler Bernard que al considerar que el agua es un bien común de la humanidad, es un tramo vital básico de gestión de toda la comunidad, asume que “hay que volver a saber vivir, que es un volver a “saber vivir juntos”, con agua.
Pedro Gareca Perales