Fuente: https://www.opinion.com.bo
La actividad minera se convierte en potencial en el departamento de Cochabamba. Pero, también genera conflictos, enfrentamientos hasta con uso de armas, detenidos e investigaciones, entre otros.
El más reciente fue el de Cocapata, donde en una mina de actividad aurífera se enfrentaron cooperativistas contra una empresa, y hubo heridos.
En el departamento, hay 169 cooperativas y empresas mineras que operan de manera legal, y hasta generan regalías. Sin embargo, también existe un mercado negro, donde los actores productivos actúan al margen de la ley, entre otros aspectos.
El director departamental de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) en Cochabamba y director sustituto de la AJAM Santa Cruz, Luis David Apaza, expresó que no es sencilla la tarea de fiscalizar y regular la otorgación de derechos mineros, además de luchar contra la minería ilegal.
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1 De acuerdo con la AJAM, en abril se registró un caso con actores mineros que no cuentan con la documentación necesaria. Apaza precisó que esto ocurrió en Santiváñez.
2 En julio, se registró actividad minera ilegal en Ayopaya. El director departamental de la AJAM describió que se trató de personas que fueron encontradas transportando minerales sin justificar el origen de los mismos. Hubo intervención inmediata con acompañamiento policial.
Este caso derivó en la detención de tres personas.
3 Por otro lado, las autoridades recuerdan que la actividad minera está prohibida en las áreas protegidas. En Cochabamba, existen dos denuncias por ilícitos mineros en el Parque Nacional Tunari (PNT).
Apaza manifestó que estos casos se encuentran en investigación. No existen detenidos porque no identificaron acciones en flagrancia, pero sí indicios.
La AJAM de Cochabamba es denunciante en estos dos procesos. Las querellas se presentaron a mediados de julio.
4 A fines de julio, cuatro personas fueron identificadas en flagrancia y aprehendidas en Tapacarí por actividad de minería ilegal. Les secuestraron mineral (plomo, plata, zinc), explosivos como dinamita y maquinaria.
La AJAM realizó un operativo e intervino, en coordinación con efectivos policiales de Quillacollo. El delito por el que se inició este proceso es explotación ilegal de recursos minerales.
5 Un caso registrado hace poco, a fines de agosto, fue el conflicto en la mina de explotación de arcilla en K’ara K’ara, en el sur de la ciudad de Cochabamba.
Ahí, los vecinos de la Organización Territorial de Base (OTB) Icchu Kollu cavaron zanjas, derrumbaron el letrero de una concesionaria como forma de cierre “definitivo” de la actividad e instalaron una vigilia.
Los pobladores expusieron documentación del 27 de julio de la AJAM en la que se dispone el cierre. Existen informes ambientales que alertan riesgos. Aseguraron, además, que la concesionaria no paga regalías desde 2017.
Al respecto, el director departamental de la AJAM dijo que existe una nota del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que instruye y ordena expresamente a la Secretaría Departamental de los Derechos de la Madre Tierra de la Gobernación proceda a “la paralización, explotación y realizar el seguimiento y fiscalización al proceso de cierre, abandono y rehabilitación del área».
Desde la AJAM explicaron que esta actividad en otras minas es reciente y que en esas se intervine porque no cumplieron las normas mineras. Entretanto, en el caso de la mina de K’ara K’ara se trata de una actividad anterior, con resolución de otra ley, la 535, por lo que el tratamiento es diferente.
6 También a fines de agosto hubo otra intervención en mina en Ayopaya. Evidenciaron que en el lugar se encontraban ocho personas realizando explotación ilegal de minerales, en un área minera que no cuenta con derecho otorgado por la AJAM. Aprehendieron a dos personas. Mientras, las otras seis se dieron a la fuga.
Además, la fuerza pública decomisó un vehículo Nissan Patrol, armas de fuego, munición, explosivos, maquinaria y herramientas que empleaban para la explotación de antimonio.
El Juez del Juzgado Público Mixto Civil y Comercial de Familia, Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Nro. 1 de Independencia determinó detención preventiva en el recinto penitenciario de San Pablo de Quillacollo para Joselito G.E. y detención domiciliaria para Miguel Ángel C.A., bajo fianza de 10 mil bolivianos, no acercarse a la comunidad ni al lugar del ilícito y la firma del libro de registros. Ambos fueron imputados por el delito de explotación ilegal de recursos minerales, previsto y sancionado en el artículo 232 Ter referido a explotación Ilegal de recursos minerales, previsto y sancionado en el Código Penal.
7 En días pasados, un conflicto entre mineros dejó saldo de heridos en Cocapata, el municipio con mayor potencial en la actividad de explotación de oro en Cochabamba.
El enfrentamiento se registró en la zona de Condor Uta. Cooperativistas de Tigre Flor mineros responsabilizaron de los saldos a una empresa que operaría de manera ilegal en el sector.
El presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin), Felipe Tarqui, aseguró que la cooperativa Tigre Flor tiene autorización para la explotación legal de oro; sin embargo, expresó que la empresa que ocasionó la violencia, Acerías Paz, cuenta con una licencia de prospección y exploración que solo le permite realizar el cateo del metal precioso.
Fabián Quito, tesorero de Fedecomin, relató que los mineros de Tigre Flor fueron “atacados de manera violenta” en la madrugada por “empresas unipersonales” ilegales que habrían contratado a “grupos armados de choque” con armas de fuego, dinamitas y petardos.
El director departamental de la AJAM informó que “habiéndose verificado que existe la vulneración a la prohibición de desarrollar actividades de explotación por el titular, previa comprobación por la AJAM conforme el art. 163 de la Ley de Minería y Metalurgia N° 535; es decir, que hubiese explotación minera ilegal por parte de la empresa mencionada, corresponde preventivamente revocar la licencia, es decir, la autorización anteriormente señalada”.