Fueron tres los proyectos de ley aprobados aprobados el lunes en el Senado y remitidos a Diputados. Juan José Jauregui dijo que tras un “análisis jurídico” se rechazó por mayoría las dos iniciativas.
El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de Diputados, Juan José Jauregui, informó que dos de los tres proyectos de ley, aprobados en la Cámara de Senadores, fueron rechazados en la comisión que preside.
”Han sido rechazadas a vida cuenta de que hemos evidenciado que en la Cámara de Senadores se ha obrado de manera muy, muy negligente. No existen fundamentos, no existe sustento jurídico constitucional”, detalló Jauregui.
El legislador dijo que tras el “análisis jurídico” se rechazó por mayoría las dos iniciativas.
“Una iniciativa ya ha sido analizada en el TCP (Tribunal Constitucional Plurinacional), no se podría paralizar la administración de justicia. (…) Hemos explicado superabundantemente, que una resolución del TCP es de complimiento obligatorio”, apuntó.
El tercer proyecto, parte del paquete aprobado por el Senado, sobre juicios de responsabilidades de altos cargos judiciales se remitió al Comité de Control Constitucional y Armonización Legislativa.
El pasado lunes 18 de diciembre, el Senado aprobó los tres proyectos de ley para frenar la denominada “autoprórroga” judicial.
Las iniciativas fueron la de “Suspensión de plazos procesales y continuidad jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional”; la “Modificación de la Ley 044 para el Juzgamiento (…) de altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional”; y el proyecto “Para restablecer la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado”.
La respuesta legislativa se da luego de que el pasado 12 de diciembre, el TCP declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del proyecto de Ley Transitoria de Elecciones Judiciales.
A través de la resolución 0049/2023 se dispuso que las autoridades actuales permanezcan en sus cargos hasta los comicios judiciales.