Transgresión a derechos de propiedad intelectual registrados ante el SENAPI y las vías, administrativa o penal, como mecanismo para su restablecimiento.
“Restablecimiento de los derechos conculcados por terceros vinculados al registro de propiedad intelectual (Signos, marcas, diseños tridimensionales, patentes y derechos de autor): ¿Cuál es la mejor vía? ¿Proceso administrativo o proceso penal?
Innumerables veces, las personas naturales y jurídicas, sobre todo estas últimas, han sido víctimas de falsificaciones, alteraciones o reproducciones ilegales de sus productos, patentes o derechos de autor, protegidos y reconocidos ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, y se desconoce el mejor procedimiento o proceso a elegir para conseguir el restablecimiento de sus derechos; he aquí, un breve análisis al respecto para homenajear el mes de la propiedad intelectual. La protección de las diferentes marcas, signos, diseños industriales, patentes e inventos a nivel internacional se encuentran regulados y protegidos por la Decisión No. 486 de la Comunidad Andina de Naciones “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la cual forma parte del ordenamiento jurídico interno de Bolivia por ratificación del Protocolo Modificatorio del Tratado de Creación de Justicia del Acuerdo de Cartagena a través de la Ley No. 1872 del 15 de Junio de 1998, constituyéndose esta en la normativa esencial aplicada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Institución reguladora de los derechos de propiedad intelectual en Bolivia), conjuntamente con la Resolución Administrativa No. 017/2015 de fecha 16 de Junio de 2015, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI.
Es en este entendido, que la Decisión No. 486 de la Comunidad Andina de Naciones “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, establece en su primer artículo, que su ámbito de aplicación es vinculante a todos los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones del cual forma parte el Estado Plurinacional de Bolivia. En cuanto a la protección de las marcas como parte de la propiedad industrial e intelectual, el artículo 134 de la Decisión No. 486 de la Comunidad Andina de Naciones “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, establece que se entiende como tal, a cualquier signo para distinguir un producto o un servicio en el mercado, protegiendo de imitaciones no solo la marca, sino también los signos, diseños, colores, olores, forma, sonidos y combinaciones de signos, que resulta concordante con el artículo 224 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI.
Por su parte, en artículo 154 de la Decisión No. 486 de la Comunidad Andina de Naciones “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, determina que el registro de una marca dentro de la respectiva oficina nacional competente, le otorga a la persona natural o jurídica el derecho al uso exclusivo, en este caso, sobre las marcas en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI. Por consiguiente, nadie puede utilizar, producir, reproducir, adulterar, falsificar o comercializar un producto, utilizando los signos o símbolos distintivos, diseños tridimensionales, derechos industriales y derechos de autor, registrados por una persona natural o jurídica en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, en ningún tipo de producto, servicio o material literario, tampoco aplicar dichos signos y marcas en productos similares, asimismo, fabricar o reproducir la marca como iguales o similares, aprovechando el prestigio comercial de la marca registrada a nombre de su beneficiario y sus productos originales, tal cual sucede, con los falsificadores, adulteradores y reproductores ilegales.
Al respecto, los artículos 224 y siguientes de la Decisión 486 de la CAN, sancionan, la reproducción, traducción o imitación internacional de los signos distintivos notoriamente conocidos, sea en su totalidad o en parte esencial, en los productos que se apliquen, aun cuando sean diferentes; cuando sean susceptibles de crear confusión, causen daño económico o comercial en función al valor comercial del signo o aprovechamiento injusto del prestigio del signo que le otorga a su titular.
Ahora bien, analizado el marco legal sobre la protección de los derechos de marcas, signos, diseños industriales, patentes e inventos a nivel nacional e internacional ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, debemos entender, que la persona titular, natural o jurídica del registro de una marca, puede iniciar desde acciones administrativas hasta acciones penales para la reivindicación de sus derechos conculcados ante el uso indiscriminado o falsificación de su marca, signo o patente registrada, entre otros. Como primera opción, encontramos las acciones administrativas, que se encuentran reguladas en el artículo 237 de la Decisión No. 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y van, desde acciones por infracción de derechos del titular de la marca o signo, hasta las medidas cautelares; resultando una de las más relevantes, la suspensión de las importaciones de la marca o signo que está siendo comercializado ilegalmente, sin embargo, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, no tiene las condiciones, ni el personal necesario aun, para garantizar el cumplimiento de estos procedimientos y resulta inaplicable al ámbito criminal, que más por el contrario, se encuentra regulado en el artículo 257 Decisión No. 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y faculta, a los países miembros, a establecer sus procedimientos y sanciones para los delitos de falsificación de marcas y fraude comercial, que a su vez, nos remite a nuestro Código Penal Boliviano, que prevé y sanciona este tipo de conductas antijuridicas.
Como segunda, más eficaz y completa alternativa, a los efectos de reestablecer los derechos de propiedad intelectual conculcados por terceros y que gozan de protección ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI sobre las marcas, signos distintivos, diseños tridimensionales y diseños industriales que han sido falsificados o adulterados o reproducidos ilegalmente, parcial o totalmente y en consecuencia comercializados, ya que pueden causar confusión y un daño tanto al consumidor final como al beneficiario titular del registro, nuestro Código Penal Boliviano en su artículo 193 sanciona estas conductas a través de la tipificación del delito de FALSIFICACIÓN Y APLICACIÓN INDEBIDA DE MARCAS Y CONTRASEÑAS; articulo 235 a través del delito de FRAUDE COMERCIAL y articulo 236 a través del delito de ENGAÑO A PRODUCTOS INDUSTRIALES, otorgando una pena privativa de libertad a sus autores que se dosifica entre los 6 meses a 3 años; para finalmente proteger y sancionar, la reproducción total o parcial, distribución, plagio o publicación de los derechos de autor registrados en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI, consistentes, en obras literarias, artísticas, musicales, científicas, televisivas o cinematográficas a través de la tipificación del artículo 363 del Código Penal como DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL, cuya pena oscila entre los seis meses a dos años de privación de libertad y multa de 60 días; concluyendo al respecto, que la vía penal, resulta el mejor mecanismo y proceso para reestablecer los derechos de propiedad intelectual conculcados por terceros, producto de las conductas antijuridicas anteriormente descritas, bajo dos argumentos; el primero, la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y real en etapa de investigación, reguladas en el artículo 231 Bis y 252 del Código de Procedimiento Penal Boliviano, entre otros, que establecen, que si bien el autor del hecho delictivo, no puede ser detenido preventivamente por el quantum de la pena de los delitos sancionados, si puede verse perjudicado seriamente por la afectación que representa la aplicación de estas medidas cautelares y que van, desde la anotación preventiva de sus bienes y congelamiento de cuentas, hasta el arraigo y el arresto domiciliario; y el segundo argumento, fundado en la pena de la sentencia condenatoria obtenida después de finalizado el juicio oral y público, y que pese, a que las penas carcelarias establecidas por la norma penal sustantiva, al tratarse de un primer delito y al no superar los tres años, pueden ser cumplidas por su autor en libertad, ante un eventual concurso de delitos o en los casos de reincidencia, puede ser incrementada y fijar su cumplimiento en un recinto penitenciario.
En lo particular y aplicado a nuestra realidad comercial, social y criminal, como estudio de abogados, hemos obtenido óptimos resultados a través de la instauración de procesos penales en contra estos infractores de la ley, quienes constreñidos por las penas obtenidas y sanciones conducentes a la reparación de daños y perjuicios, han desistido de su ilegal accionar, creando un precedente para futuros delincuentes y tranquilidad a nuestros clientes y empresas, que nuevamente, gozan de las protección de sus derechos de propiedad intelectual reconocidos por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual – SENAPI sobre sus marcas, signos distintivos, diseños tridimensionales, diseños industriales y derechos de autor registrados.
MSc. Sergio Diaz Gutiérrez
Master en Derecho Penal y Procedimiento Penal.
Fuente: eju.tv