Las comisiones mixtas emitirán una recomendación para salvar el proceso y que el pleno lo analice y se pronuncie
Una anterior sesión del pleno de la ALP. Foto: El País de Tarija
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Boris Bueno Camacho / La Paz
Desde este lunes, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) perdió competencia sobre la convocatoria a la preselección de candidatos para las elecciones judiciales, que fueron paralizadas por una acción popular. De acuerdo con el cronograma establecido en la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024, el Legislativo debía enviar la nómina de preseleccionados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la pasada jornada.
La norma en cuestión dispone en su artículo 14 un total de 80 días para la ruta crítica y el cronograma a llevarse a cabo en la ALP, desde la publicación de la convocatoria hasta la remisión de la lista de preseleccionados al TSE. En el artículo 15 señala: “La Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, establecerá en la convocatoria la fecha de inicio de recepción de postulaciones, con lo que se inicia formalmente la preselección, a partir de cuya fecha se computarán los plazos”.
El 17 de febrero fue publicada dicha convocatoria por la presidencia del Órgano Legislativo y hasta este lunes 6 de mayo debía enviar la nómina de candidatos preseleccionados al ente electoral para que tome la posta; sin embargo, ello no ocurrió por una serie de recursos constitucionales que interpusieron los postulantes inhabilitados, además de una acción popular que fue presentada por una supuesta discriminación en la inhabilitación de la postulante indígena Mineya Lucindo.
Este fue el instrumento que determinó la anulación de todo el proceso. El 30 de mayo la Sala Constitucional Primera de Pando dejó sin efecto las elecciones judiciales y dispuso que se convoque a un nuevo proceso de preselección, porque aseguró que se vulneró el principio de igualdad de mujeres y de representantes de pueblos indígenas originarios.
La Comisión Mixta de Justicia Plural se reunirá este lunes para analizar las acciones a tomar sobre el proceso de preselección y la respuesta que se recomendará para tratar de evitar que las elecciones judiciales nuevamente sean sepultadas. El diputado de la agrupación Creemos, José Carlos Gutiérrez, aseguró que la población debe conocer el verdadero móvil del freno al cronograma y que el pleno de la ALP debe definir el rumbo que se tomará.
«Sería vergonzoso que la Asamblea se deje manipular políticamente por uno o dos intereses mezquinos, por dos vocales y postulantes que quieren entrar por la ventana (…) El país está primero», afirmó.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, señaló que la anulación del proceso no es culpa de la ALP, sino de quienes ‘truncaron las elecciones judiciales’; en tanto, la senadora Virginia Velasco pidió que la ALP haga respetar lo que manda la Constitución Política del Estado y la ley 1549, y continúe con el proceso de preselección.
“Es muy lamentable que los vocales del departamento de Pando han fallado. Conforme al Código Procesal Constitucional debe haber una revisión exhaustiva y la asamblea tiene la responsabilidad de preseleccionar a los candidatos y candidatas a los tribunales del Órgano Judicial; en ese sentido, se debe cumplir con la Constitución y las normativas”, señaló.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón es partidario de que la ALP defina acciones para continuar con el proceso de preselección; una de las medidas para cumplir con este objetivo sería el traslado de las elecciones primarias de las tiendas políticas para el 2025 y la modificación del cronograma de las judiciales, cosa que no se deba empezar de nuevo. En pasadas hora, el vocal electoral Tahuichi Tahuichi Quispe fue más allá y presentó un proyecto de ley para anular las primarias.