Si la administración de Luis Arce no suprime la norma, el 4 de febrero saldrán en una «gran marcha» junto a otros sectores productivos.
eju.tv / Video: Unitel
El ampliado nacional de los gremiales determinó este lunes dar plazo al Gobierno hasta el 31 de enero para eliminar la disposición confiscatoria del Presupuesto General del Estado (PGE); de no ser atendidos en su demanda, saldrán en una «gran marcha» el martes 4 de febrero.
«Se está dando un pazo a este Gobierno nacional hasta el 31 de enero para que pueda derogar la disposición adicional séptima de la Ley 1613 (del PGE 2025), de lo contrario, se reactivan las movilizaciones en todo el territorio nacional desde el 4 de febrero», declaró el dirigente de los gremiales Jesús Cahuana.
La dirigencia de los gremiales de todo el país se reunieron este lunes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde definieron, además, otros dos aspectos en su pliego petitorio al Gobierno.
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«Pedimos que se prohíba definitivamente cualquier donación que estén queriendo hacer a Cuba, puesto que el Gobierno cada año está obsequiando toneladas de arroz, siendo que en nuestro país hace mucha falta este artículo de primera necesidad», manifestó el ejecutivo del sector.
La Disposición Adicional Séptima del PGE que observan los gremiales está incluida en la ley del presupuesto que entró en vigor desde el 1 de enero, una norma que faculta la confiscación de productos que el Gobierno encuentre acopiados, para ponerlo a disposición del mercado interno, normativa que diferentes sectores productivos consideran atentatoria contra sus derechos y libertades.
«Se mantiene el estado de emergencia permanente en todo el territorio nacional y se autoriza a todas las federaciones departamentales, regionales, para que puedan llegar a acuerdos con los otros sectores sociales para esta gran movilización del 4 de febrero», señaló Cahuana.
