Huelgas de hambre, advertencias de bloqueos y una disputa de competencias marcan el pulso político en Tarija, a días del recambio legislativo. Las nuevas autoridades asumen en una semana su mandato
Fuente: El País.bo
A pocos días de que concluya la actual gestión en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT), la tensión política ha escalado en el sur del país. Las provincias de Arce y O’Connor han activado medidas de presión para exigir la aprobación de la controvertida ley del 45% de regalías hidrocarburíferas, en una carrera contrarreloj que podría redefinir la distribución de recursos en el departamento.
Organizaciones cívicas y sociales de municipios como Entre Ríos, Bermejo y Padcaya, en coordinación con sus representantes legislativos, han instalado incluso piquetes de huelga de hambre, demandando que la norma sea promulgada antes del cambio de autoridades.
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Una ley entrampada
El proyecto de ley, aprobado inicialmente en 2025, plantea redistribuir el 45% de las regalías hidrocarburíferas que actualmente percibe la Región Autónoma del Chaco, con el objetivo de beneficiar también a otras zonas productoras como Arce y O’Connor.
Sin embargo, la norma quedó en suspenso luego de que el gobernador Oscar Montes la devolviera con observaciones al legislativo, abriendo un nuevo capítulo de conflicto institucional.
Ahora, los sectores movilizados exigen que el presidente de la ALDT promulgue directamente la ley, pese a la negativa del Ejecutivo departamental, argumentando que existe un mandato social pendiente.
La presión en las calles
El conflicto ha dejado de ser exclusivamente político para trasladarse al terreno de la protesta. Desde Bermejo, el asesor cívico Walter Vilca advierte que la demanda no solo responde a intereses regionales, sino a una búsqueda de equidad en la distribución de los recursos generados por la actividad hidrocarburífera.
Según su criterio, actualmente existe una concentración de beneficios de las regalías en el Chaco que no refleja la realidad productiva del departamento.
“Se está beneficiando incluso con recursos que no produce, mientras otras regiones históricamente productoras no reciben compensación”, sostuvo.
Vilca incluso dejó abierta la posibilidad de medidas más radicales, como bloquear la salida de gas desde campos productivos, en señal de presión si no se atiende la demanda.
En la misma línea, el presidente del Comité Cívico de Bermejo, Víctor Sánchez, remarcó que la movilización responde a una reivindicación histórica.
“Llevamos más de 100 años produciendo gas y nuestra gente no recibe regalías. Es momento de hacer justicia”, afirmó.
Ultimátum legislativo
Desde el interior de la ALDT, el asambleísta por Bermejo, Rubén Reyes confirmó que existe expectativa en torno a la convocatoria a sesión para tratar la norma, señalando que el compromiso era abordarla tras las elecciones subnacionales. No obstante, denunció que el tema estaría siendo postergado deliberadamente.
El factor tiempo añade presión. La actual legislatura se encuentra en sus últimos días, lo que abre una ventana limitada para aprobar la ley antes del recambio político.
En paralelo, las organizaciones han lanzado una advertencia, iniciar bloqueos indefinidos de carreteras, especialmente en la provincia O’Connor, a partir del 28 de abril si no se da curso a la normativa.
Debate legal y autonómico
Uno de los principales puntos de controversia gira en torno a la competencia de la ALDT para modificar la distribución de regalías. Mientras sectores movilizados sostienen que la Constitución Política del Estado otorga facultades autonómicas para legislar en el ámbito departamental, otros argumentan que existen normas nacionales que blindan el actual esquema de distribución.
Para los impulsores de la ley, este debate no debería frenar su aprobación.
“El legislativo tiene plena competencia sobre los recursos departamentales”, aseguran Vilca, a tiempo de descartar la posibilidad de procesos legales contra quienes promueven la iniciativa, como lo amenazó el Chaco.
El rechazo del Chaco
Desde la Región Autónoma del Gran Chaco, la postura es firme y sin matices. Las autoridades chaqueñas rechazan cualquier intento de modificar el actual esquema, argumentando que su participación en el 45% de las regalías está respaldada por leyes nacionales e incluso la CPE.
Advierten además que, de prosperar la norma, podrían iniciar acciones legales contra quienes impulsen la redistribución.
Fuente: El País.bo