Por: Roger Mario Castellon Saucedo
El colapso del modelo hidrocarburifero boliviano ya no es una advertencia teórica, sino una crisis palpable en las calles y en los motores del país. La admisión oficial por parte del Gobierno sobre la distribución de gasolina de mala calidad, que ha provocado daños mecánicos y el justo reclamo de compensación de los conductores, se suma a una inestabilidad institucional evidenciada por la renuncia de la presidenta de YPFB a menos de un mes de asumir el cargo. Estos eventos solo son el estertor de una estructura que ha perdido el control técnico y administrativo. Bolivia se encuentra hoy en una encrucijada histórica donde la tibieza es cómplice de la decadencia. Tras meses de una nueva gestión, las señales de cambio han sido meros gestos cosméticos que no se atreven a tocar el nervio motor del fracaso socialista que es el monopolio estatal de los hidrocarburos.
Nos vendieron la ilusión de un “Estado fuerte” bajo el manto del socialismo. Hoy, ese socialismo nos entrega una realidad humillante: un país gasífero que se queda sin gas y una economía que se desangra importando diésel y gasolina donde la producción ha caído desde el año 2014 a niveles que apenas cubren el mercado interno y comprometen los contratos internacionales. Este desastre no es fruto de la mala suerte, sino de la arrogancia constructivista de creer que un burócrata puede planificar la riqueza mejor que el mercado. La actual Ley de Hidrocarburos, con su carga impositiva confiscatoria y su asfixiante centralismo, ha convertido a Bolivia en un desierto para la inversión. El resultado es el daño económico de alto impacto que hoy sufre el ciudadano, atrapado en filas de combustible y castigado con un combustible que arruina su herramienta de trabajo.
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La verdadera reforma no pasa por cambiar el rostro del presidente de YPFB cuya silla parece eléctrica ante la magnitud del desastre, sino por abrazar un paradigma de libertad. Desde la perspectiva liberal, entendemos que el monopolio estatal es un acto de violencia económica donde se crea una falsa sensación de soberanía mientras le arrebata al individuo su soberanía real: la capacidad de elegir. Por eso, el desmantelamiento de este monopolio no es solo una medida económica; es una liberación ciudadana. Abrir el mercado significa que el ciudadano deje de ser un rehén de la ineficiencia estatal y pase a ser un consumidor respetado que exige calidad, precio y disponibilidad.
Gobernar es decidir, y hoy decidir significa romper con el monopolio socialista. Se debe reformar la ley para que cualquier privado pueda importar, distribuir y comercializar combustibles sin la tutela de un Estado que ya demostró ser incapaz de garantizar la calidad básica. El papel del gobierno debe reducirse a facilitar el abastecimiento, eliminando los requisitos burocráticos que hoy asfixian al sector privado.
Señor presidente Rodrigo Paz, la historia no recuerda a quienes gestionaron la agonía de un modelo fallido, sino a quienes tuvieron la valentía de enterrarlo. Mantener viva a YPFB es prolongar una agonía que nos cuesta el futuro. La propuesta contundente es cerrar la empresa estatal. Solo necesitamos una comisión técnica mínima que desarrolle políticas hidrocarburíferas desde la línea liberal, emulando a las potencias del mundo donde la libertad económica es sinónimo de prosperidad. La cirugía que el país requiere es profunda y compleja, pero es la única vía para un bienestar sostenible. No se puede sanar una economía con parches cuando lo que se necesita es un cambio de sistema.
El mensaje es duro, pero contundente, no busquen más excusas en la herencia recibida si no están dispuestos a cambiar la estructura que la generó. La receta de la prosperidad ha sido escrita por la historia una y otra vez: menos Estado es igual a más libertad. Tomen la decisión hoy, o la realidad se encargará de destruir lo que queda del país mañana. Las nuevas generaciones no les perdonarán la cobardía de haber mantenido el sistema que las empobreció.