El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo en entrevista con Eduardo Feinmann conductor del programa «Alguien tiene que decirlo» de Radio Mitre, denunció ante la región y el mundo global la existencia de sectores armados y acusó sin tapujos qué: Evo Morales promueve la desestabilización.
Sostuvo Fernando Aramayo, es claramente un golpe de Estado lo que se gesta y desarrolla en Bolivia y no tiene otro nombre. Evo Morales es quien a la fuerza quiere derrocar al presidente, Rodrigo Paz.
Los sectores sociales hostiles e inhumanos que se cargan 3 vidas humanas por restricción de ambulancias y personal médico, mantienen a La Paz y El Alto, principalmente: sin ingreso de alimentos, agua, oxígeno, educación y combustibles. Estos grupos violentos e insidiosos que asaltan y destruyen instituciones públicas, similar a los hechos planificados en Senkata y Sacaba, fueron los que cogobernaron en las gestiones de Evo Morales y Luís Arce Catacora, con ministerios y tráfico de influencias hasta en la justicia durante 20 años y, como ordeñaban la vaca lechera, los terneros no mugían.
Sin embargo, hoy, al haber sufrido la derrota estrepitosa con el voto ciudadano, el giro hacia bloqueos por más de tres semanas, la respuesta humillante está anunciada con las marchas que se vienen realizando por los Comité Cívicos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Cochabamba, La Paz, El Alto y otras Capitales de departamentos en «Defensa de la Democracia».
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Los movimientos que colapsan la tensión en ciudades, poblaciones y carreteras estuvieron vinculados a los hechos de corrupción, el Fondo Indígena con 4.000 millones en proyectos fantasmas y cuentas privadas, fueron decididas por el expresidente que está en la cárcel de San Pedro, Arce Catacora y Nemesia Achacollo, exministra de Desarrollo Rural y Tierras, actualmente libre e impune por inoperancia del ministerio público y la policía.
El mayor daño económico de corrupción se expresa en el falso proceso de nacionalización de empresas transnacionales, que al verse afectadas en sus contratos e inversiones demandaron ante el CIADI, logrando indemnizaciones que al presente sobrepasan los 800 millones de dólares que deben pagar los bolivianos, y no los gobernantes que manipularon la estatización como la recuperación de la soberanía para el desarrollo comunitario.
Los bloqueos instruidos desde El Chapare, por el desesperado del poder, que ha sido acusado por el juez de sentencia de Tarija por estupro agravado a menor de edad y, se sabe que al promotor intelectual de la renuncia de Rodrigo Paz y llamando a elecciones, por supuesto con la dinamita en la mochila, la guardia de extranjeros cubanos- venezolanos y el ejército de cocaleros, está siendo mencionado por tres involucrados dentro del caso que sigue el fiscal general, Gay Clayton, en el Distrito Sur de Nueva York, asignada a la jueza, Katherine Polk Failla, contra el Gobernador del Distrito de Sinaloa- México, por narcotráfico, relacionado con los hijos del Chapo Joaquín Guzmán.
La incógnita o suplicación sobre Evo Morales no es tanto de destino político, sino de aceleración del inminente batacazo y derrota, sin capacidad de recomponerse, allá donde existen fiscales y jueces donde las decisiones se ejecutan.
A pesar de la campaña Marcha por la vida, hay alguien que financia la marcha, bloqueos, transporte, agua, comida y pagos por día, tres personas han sido detenidas por la policía en puntos de marcha con cantidades de dinero que no saben el origen ni destino, el último detenido fue una persona en poder de 4.888.009 millones de bolivianos, en la Zona Garita de Lima, afirmó que el dinero provenía de la venta de oro, pero sin respaldar con documentos su declaración.
La policía presume que la cuantiosa cantidad de dinero que trasladaba en un bolso están destinados al pago a los bloqueadores.
Es importante que el Estado, asegure que los hechos delictivos orientados a la creación de un Estado de terror con explosión de dinamita, lesiones graves a la integridad física a policías y personas particulares, se investigue, juzgue y sancione a los autores. Y esto conlleva investigar las actividades delictivas de financiamiento con fines terroristas y consumación de delitos de lesa humanidad.
Al presente no se conoce que se haya bloqueado el flujo de capitales que financian las marchas de la COB, Ponchos Rojos, Tupac Katari, mineros de Caracoles, Transportistas provinciales, y de las seis federaciones de cocaleros.
Las organizaciones criminales se infiltran con el poder político para protegerse y la guardia policial para tener éxito en sus operaciones.
Una parte importante de las movilizaciones delictivas, se satisfacen con el producto del narcotráfico y con los pedidos de contribuciones aparentemente para fines humanitarias de ayuda a los pobres y excluidos, los cuales se desvían para proporcionar logística, aparatos letales, contratación y pago de nuevos miembros bajo engaños, aprovechando la pobreza y, con la amenaza, de sus tierras, propiedades y su identidad de indígenas.
Ante este contexto, el anuncio del presidente, Rodrigo Paz, de reorganizar su gabinete con perfiles técnicos-políticos y con capacidades extraordinarias en la solución de conflictos, y la transformación del Estado creando el «Consejo Económico y Social» que será el ente que va a conducir a mayor apertura y celeridad a las demandas que plantean los sectores movilizados, en la toma de decisiones, de la que también formará parte, amparado en el art. 312 de la CPE, puede en alguna forma mitigar los conflictos, todo dependerá que un Decreto o Ley regule las atribuciones, fines y alcances del Consejo, y que los sectores productivos del país que le aportan la seguridad alimentaria desde Santa Cruz, Beni, Tarija y otros, no sean excluidos.
Con recelo, temor y, a la vez esperanza, ante el lastrado de la economía a causa de los bloqueadores que han planificado el quiebre de la democracia y desde su vecindad, quién va a pagar las pérdidas sufridas por los productores: CAO, CAINCO, ANAPO que superan los 500 millones de dólares; quien repone los 300 millones de daño económico al Sector Avícola y el golpe al Turismo ronda en 800 millones de bolivianos.
Este impacto perverso de la medida del bloqueo debe extirparse, en definitiva, con la ley proyectada por el Diputado, Carlos Alarcón, deberá ser reparado, y desde la cancillería impulsar políticas diplomáticas inmediatas, para que el mercado de las exportaciones no se reduzca o pierdan, como avisa el Instituto Boliviano de Comercio Exterior.
El país está pidiendo a gritos que dejemos atrás los problemas tribales y se ingrese a la reforma parcial de la Constitución, sin saltarse la reforma económica y judicial, y abrogue el Decreto Supremo 27234 de 31 de octubre de 2003 de Amnistía a dirigentes políticos cometidos durante el golpe de Estado de octubre de 2003 (Dimisión 17-10-03), y se abrogue la Ley 1341 de 29 de octubre de 2020 Ley del Estado de Excepción previo proceso legislativo con carácter de urgencia. El diálogo firme tiene sus límites y, ese límite es constitucional, para frenar la arremetida del narcoterrorismo a la cabeza del reclamado por la justicia. Imponga Estado y aplique inextenso la Constitución para dar el zarpazo al sedicioso depravado, descalificado y condenado por la comunidad regional e internacional y, ejecute la policía en coordinación con policías de la región y la DEA la aprehensión de Evo Morales, así la población boliviana gozará de seguridad jurídica y estabilidad democrática constitucional.
Presidente tiene el respaldo pleno de los Comité Cívicos, organizaciones ciudadanas que desde el lunes, miércoles y jueves espontáneamente se han movilizado en la mayoría de las Capitales en defensa de la Democracia y en la condena de alterar el orden constitucional. Incluso el Comité Pro Santa Cruz ha manifestado en la marcha en la Plaza 24 de septiembre el jueves 21 de mayo que se respeta el voto en las urnas en forma transparente y se da el plazo de 72 horas para desbloquear San Julián y sino el pueblo lo va hacer con sus instituciones en todo el país.
Los narcoterroristas no tienen derecho para incrustarse en niveles de decisión de poder en Gobierno y, por vía de golpe de Estado, sería una ofensa a la dignidad política, ética y moral del pueblo boliviano, que quiere pacificar y trabajar haciendo esfuerzos por la paz, estabilidad permanente y rencause del Estado de Derecho.
La complejidad del conflicto que causa ruina transversal al país en todos sus segmentos
¿cómo va solucionar la administración de Rodrigo Paz? Vamos a la cuarta semana y el pueblo boliviano no resiste lo dantesco y descomunal destrucción. Aplique el Estado de Excepción sectorial como le plantea el Comité Pro Santa Cruz y las instituciones de la Cruceñidad que multitudinariamente marchó y se concentró en La Plaza 24 de septiembre, el jueves 21 en defensa de la democracia y la libertad, condenando la interrupción democrática que pretenden los golpistas.
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que EE.UU. apoya plenamente al presidente Rodrigo Paz, elegido democráticamente, y no permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a los líderes. Esta afirmación complica la postura de Evo Morales, porque los norteamericanos no anuncian, sino que ejecutan. El político del Reino Unido, Eroch PowerPoint dijo: «que toda la carrera política conduce inevitablemente al fracaso» y esto es lo que va golpear en forma humillante tan pronto ingrese la cooperación internacional.
Con más de 50 puntos de bloqueo en 7 departamentos del país. El llamado al diálogo es a las 10.000 personas conspirando y no a los que respetan las libertades (80%) que marcharon en 7 departamentos para defender la democracia.
Estos grupos narcoterroristas hay que enfrentarlos también con la cooperación internacional y con la Alianza Escudo para las Américas de la que forma Bolivia, porque la sedición financiada viene del núcleo de la materia prima para la droga, zona roja donde
no existe Estado, libertad de expresión, sino dominio ideológico y es patio del narcoterrorismo, hospedaje del esquizofrénico, entusiasmado por la muerte de la Constitución y el congelamiento del estado de excepción.
Aprovecho de rendir mi homenaje y gratitud a Chuquisaca que cumple 217 Años del Grito Libertario, histórico en su dimensión cultural y como la Capital legítima de Bolivia, que impulsa como Capital de la Justicia Boliviana el traslado del Tribunal Supremo de Justicia (TSE) a la Capital. Por lógica, contenido y finalidad al ser un órgano que administra y decide en forma autónoma la justicia democrática con transparencia, sincroniza su traslado con los órganos ordinarios y constitucionales del país. Este sería el mejor regalo que puede hacer el presidente Rodrigo Paz a Sucre la libertaria, digna y orgullo de bolivianidad.
Henry Kissinger, ex secretario de Estado de los Estados Unidos (+) dijo: «El deber del estadista es tender un puente entre la experiencia de su nación y su visión».
Pedro Gareca Perales