Límites y realidades del estado de excepción en Bolivia

La reciente determinación del Órgano Ejecutivo de dejar sin efecto la Ley 1341 de Estados de Excepción, dictada originalmente en 2020, ha desatado una intensa oleada de debates, susceptibilidades y conjeturas en el escenario político y social del país. En diversos espacios de opinión y medios de comunicación han proliferado titulares alarmistas que sugieren que el presidente Rodrigo Paz Pereira goza ahora de una especie de «cheque en blanco» o de facultades autocráticas para interrumpir las garantías ciudadanas a su libre arbitrio. No obstante, un análisis jurídico desapasionado y estrictamente apegado a la ciencia del derecho demuestra que estas afirmaciones carecen de sustento legal. La desaparición de una norma reglamentaria no disuelve el ordenamiento supremo de la República.

La premisa fundamental que debe asimilarse es la siguiente: el jefe de Estado mantiene la atribución de instaurar un estado de excepción, pero esta prerrogativa no emana de la normativa abrogada, sino que se encuentra estrictamente supeditada a los mandatos imperativos de la Constitución Política del Estado. La ausencia de una legislación adjetiva o de procedimiento no reviste al mandatario de un poder omnímodo. En un Estado constitucional de derecho, la Carta Magna no es un mero catálogo de buenas intenciones, sino una norma de aplicación directa que se erige como el freno definitivo contra cualquier tentación autoritaria.

1. El diseño constitucional y las causales de activación

La facultad del presidente para dictar una medida de tal magnitud no es discrecional ni puede responder a conveniencias coyunturales. El artículo 138 del texto constitucional es sumamente riguroso al fijar los presupuestos materiales indispensables para su validez. Únicamente se puede acudir a este mecanismo extraordinario ante situaciones extremas:

• Peligro real e inminente para la seguridad del Estado.
• Amenazas de agresión externa.
• Conmoción interna de gravedad manifiesta.
• Desastres naturales de gran magnitud que sobrepasen las capacidades operativas ordinarias.

Por consiguiente, queda categóricamente excluido el uso de esta herramienta jurídica para dirimir controversias partidarias, sofocar manifestaciones sociales que no pongan en riesgo la subsistencia institucional, o evadir los canales democráticos de negociación.

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Asimismo, la propia Ley Fundamental impone barreras infranqueables al determinar que existen derechos humanos de carácter absoluto que jamás pueden ser restringidos ni suspendidos, ni siquiera en el escenario de crisis más agudo. Entre estas garantías inviolables se encuentran el debido proceso, el derecho a la información, las salvaguardas judiciales indispensables y la protección de los derechos de las personas privadas de libertad. La arquitectura constitucional está diseñada para proteger al ciudadano del abuso de poder, manteniendo intacto el núcleo esencial de la dignidad humana.

2. Los frenos parlamentarios y la fiscalización democrática

El constitucionalismo contemporáneo se basa en un sistema de pesos y contrapesos. En esa línea, el artículo 139 de la Constitución introduce un «candado de temporalidad» sumamente estricto: una vez dictado el decreto de estado de excepción, el primer mandatario tiene la obligación perentoria de remitir la medida a la Asamblea Legislativa Plurinacional en un plazo máximo de 72 horas para su respectiva convalidación o rechazo.

Este procedimiento acarrea consecuencias jurídicas trascendentales:

• Si el Órgano Legislativo no ratifica la declaratoria dentro del plazo señalado, esta pierde toda vigencia y eficacia jurídica de manera automática.
• Cualquier disposición adoptada bajo el amparo de la excepción debe ceñirse estrictamente a los principios de necesidad, idoneidad y estricta proporcionalidad con la crisis que se pretende mitigar.

Adicionalmente, el artículo 140 de la norma suprema estipula la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas detalladas ante el Legislativo respecto a los motivos que impulsaron la medida y el uso de las atribuciones extraordinarias. Este marco normativo deja claro que el orden constitucional boliviano no tolera la impunidad; cualquier exceso o vulneración de los derechos fundamentales perpetrada durante este periodo acarrea responsabilidades civiles y penales plenamente exigibles para las autoridades que las ordenen o ejecuten.

3. La Ley 1341 y el debate sobre la reserva de ley

La Ley 1341, promulgada en las postrimerías de la crisis política de 2020, operaba como un reglamento específico cuyo propósito era pormenorizar los tiempos, los métodos de fiscalización y los criterios de proporcionalidad aplicables a los estados de excepción. Su reciente abrogación, en mayo de 2026, ha generado un escenario que algunos analistas califican de «vacío legal».

Desde una perspectiva puramente doctrinaria, existe un sector de juristas que sostiene la teoría de la «reserva de ley», argumentando que el presidente se encontraría impedido de declarar una excepción si no cuenta con una ley marco que guíe sus pasos. Sin embargo, esta tesis resulta insostenible cuando se confronta con la teoría general del derecho constitucional y el principio de supremacía constitucional plasmado en el artículo 410, parágrafo II, de nuestra Carta Magna.

La Constitución es la norma cúspide del ordenamiento jurídico y goza de eficacia directa. Sería un contrasentido jurídico afirmar que el Estado debe quedar paralizado e indefenso ante una catástrofe natural o una agresión externa simplemente por la inexistencia de una ley reglamentaria. Las competencias que la Constitución asigna al presidente en situaciones de emergencia operan de manera inmediata, encontrando sus límites en la propia redacción del texto constitucional, el cual sustituye con creces cualquier vacío formal que la derogación de la Ley 1341 haya podido ocasionar.