La Paz. Informaron que tres personas, incluido un funcionario de la planta y dos conductores de camiones, están siendo investigadas por presunta manipulación de precintos de seguridad y venta irregular de gas licuado.

El fiscal del caso, Weimar Molina, explicó los avances de la investigación sobre la manipulación de precintos de seguridad de garrafas de GLP en la planta de Senkata. Según el fiscal, se han secuestrado 468 precintos, y tres personas fueron imputadas: un funcionario de la planta y dos conductores de camiones gaseros.
“Lo que se está investigando por parte del Ministerio Público es establecer cuántos precintos de la planta de Senkata se encuentran desaparecidos y cómo se logró que estos precintos estén en poder de los imputados”, explicó Molina.
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Hipótesis de modo de operación
El fiscal detalló que los imputados se han acogido al derecho al silencio, y que la hipótesis principal indica que los precintos podrían haber sido utilizados para vaciar parcialmente las garrafas de gas y luego volver a sellarlas, generando ganancias ilícitas sin que los consumidores se percaten.
“Se pretende que estos precintos sean colocados en otras garrafas para que parezca que están llenas, cuando en realidad se habría extraído una parte del gas”, señaló Molina.
Posibilidad de más implicados
La investigación también evalúa la posible participación de más personas, tanto funcionarios de la planta como conductores de empresas privadas dedicadas a la distribución de gas, ya que el acceso a los precintos está restringido y limitado a personal autorizado.
En cuanto a la detención de los imputados, Molina informó que uno de los conductores tiene detención domiciliaria, mientras que el funcionario y otro conductor están con detención preventiva en el penal de San Pedro, a la espera de la audiencia cautelar.
Afecta a miles de familias
El fiscal señaló que la manipulación de precintos y garrafas no solo afecta la seguridad del suministro de gas, sino también a miles de familias que dependen de este combustible para uso doméstico, provocando desabastecimiento y posibles riesgos para los consumidores.
“Posiblemente ya ha habido afectación y los usuarios no se han dado cuenta; su garrafa podía estar menos llena de lo normal, y este tipo de irregularidades se investigará a fondo”, concluyó Molina.
El Ministerio Público continúa con diligencias adicionales, incluyendo la revisión de cámaras de seguridad y entrevistas, para determinar la magnitud del hecho y posibles nuevos implicados en la distribución y manipulación de gas licuado de petróleo en la región.
