El occidente boliviano, principalmente el departamento de La Paz, se encuentra aislado desde inicios del mes pasado, lo que provocó el desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos. Los bloqueadores rechazaron cualquier intento o acercamiento de diálogo con el Gobierno hasta que el presidente Rodrigo Paz, renuncie.
Fuente: ANF / La Paz
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado para expresar su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia y advirtió que los bloqueos prolongados de carreteras afectan seriamente los derechos humanos fundamentales; en consecuencia, recordó que es deber del Estado usar la fuerza como último recurso para devolver el acceso a la salud y alimentos a la población afectada.
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“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación por la escalada de la conflictividad social en Bolivia en el contexto de las protestas que se desarrollan desde inicios de mayo de 2026. Teniendo en cuenta las serias afectaciones a los derechos humanos y el alto impacto humanitario derivados de las protestas y bloqueos de carreteras, se hace un llamado al Estado y a todos los sectores sociales involucrados a priorizar el diálogo como vía para atender las demandas sociales y garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la movilización en una sociedad democrática”, dice el comunicado.
El occidente boliviano, principalmente el departamento de La Paz, se encuentra aislado desde inicios del mes pasado, lo que provocó el desabastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos. Los bloqueadores rechazaron cualquier intento o acercamiento de diálogo con el Gobierno hasta que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, renuncie.
En su pronunciamiento, el organismo resaltó que la protesta social constituye un derecho fundamental, pero reconoció que los bloqueos por largo tiempo pueden afectar seriamente otros derechos del resto de los ciudadanos.
“La CIDH reconoce que los bloqueos de vías prolongados pueden generar afectaciones graves al ejercicio de otros derechos, particularmente cuando impiden el acceso a servicios de salud, el abastecimiento de alimentos o la circulación de insumos esenciales. Cuando esto ocurre, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles y la coexistencia de todos los derechos en tensión, teniendo el uso de la fuerza como último recurso”, señala el documento.
La Comisión también exhortó a los manifestantes y a las autoridades a adoptar medidas para proteger la vida e integridad de terceros, incluyendo la habilitación de corredores humanitarios para ambulancias, personal médico y transporte de provisiones indispensables.
Además, pidió al Estado garantizar la seguridad y el trabajo de periodistas, personal sanitario, brigadas de primeros auxilios y defensores de derechos humanos.
El organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) reafirmó su disposición de acompañar al Estado boliviano y a los distintos actores sociales mediante mecanismos de monitoreo y cooperación técnica para contribuir a la reducción de tensiones, la protección de los derechos humanos y la construcción de una mayor cohesión social en el país.