Defensoría del Pueblo registra al menos 10 muertos en el marco de los bloqueos


Con base en un informe preliminar, la Defensoría del Pueblo tiene un registro de 10 personas fallecidas en el marco de los bloqueos de carreteras que sostienen sectores movilizados desde el pasado 6 de mayo.

imagen aleatoria
Transporte de oxígeno. Foto: captura

 

Fuente: ANF



“La Defensoría del Pueblo, entre el 1° de mayo y el 2 de junio de 2026, registró 10 casos de fallecimientos presuntamente ocurridos en el contexto de la conflictividad social”, dice el informe preliminar que presentó este sábado.

Detalló que siete se relacionan con el fallecimiento de personas presuntamente damnificadas por los bloqueos de carreteras o vías públicas y, tres casos, con personas afectadas por los operativos policiales y militares de desbloqueo; el Gobierno aclaró que en dos casos no fueron por la acción de las fuerzas del orden.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El reporte de la Defensoría del Pueblo es el siguiente:

1) 13 de mayo, Anna Enns (52 años), persona de nacionalidad beliceña, llegó al establecimiento de salud de la localidad de Desaguadero sin signos vitales.

2) 13 de mayo, Jhelly Villanueva Medina (40 años), persona con insuficiencia renal crónica, trasladada de emergencia en ambulancia desde el municipio de Guanay a la ciudad de La Paz, el vehículo habría tomado rutas alternas debido a los bloqueos instalados en carreteras del país. Falleció en la Clínica Novaire de La Paz.

3) 14 de mayo, Ana Gabriela Mayta Laruta (20 años) que padecía de una enfermedad de base, habría enfrentado múltiples dificultades para llegar a un nosocomio en la ciudad de El Alto (Senkata), debido a la falta de transporte y a los puntos de bloqueo. La joven convulsionó, durante tres horas antes de que una ambulancia lograra recogerla, el paso no fue inmediato debido al bloqueo de vías públicas. Finalmente, ingresó a terapia intensiva, pero falleció en el Hospital del Norte.

4) 21 de mayo, niño (12 años) trasladado en ambulancia de emergencia desde el municipio de Pocoata hacia Llallagua y posteriormente a la ciudad de Potosí; sin embargo, no pudo llegar a su destino debido a los puntos de bloqueo instalados en proximidades de Cruce Culta. Posteriormente, y tras gestiones realizadas por personal del Hospital Madre Obrera de Llallagua con el Ministerio de Salud, se dispuso el traslado del paciente hacia el Hospital General de la ciudad de Oruro; no obstante, el niño falleció durante el trayecto.

5) 1° de junio, mujer (24 años) que requería radioterapia con urgencia, no fue trasladada a la ciudad de La Paz a causa de restricciones en las vías (fallecimiento reportado por el Hospital General de la ciudad de Oruro).

6) 2 de junio, niña (12 años) que tenía una cita para una sesión de quimioterapia el 18 de mayo en el Hospital del Niño (La Paz), donde recibía atención especializada de forma periódica. Falleció en su hogar, en la localidad fronteriza de Tambo Quemado (Oruro) luego que los padres intentaron sin éxito pasar los bloqueos por diferentes lugares (caso reportado por la Asociación de Voluntarios Contra el Cáncer Infantil).

7) 2 de junio, Cristina Mamani Herrera (45 años) que presentaba complicaciones en la vesícula biliar falleció mientras era trasladada en un minibús al Hospital Boliviano Holandés. De acuerdo con información preliminar, el vehículo en el que era transportada habría sido retenido en un punto de bloqueo en la zona de Senkata, ciudad de El Alto. El deceso fue confirmado por el jefe de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen El Alto.

Además, la Defensoría del Pueblo tomó conocimiento de otros tres casos de personas que habrían sido afectadas por los operativos policiales y/o militares de desbloqueo de carreteras o vías públicas. En uno de los casos, el Ministerio Público inició la investigación penal por el delito de homicidio, en los otros dos casos, dicha investigación se encuentra pendiente.

8) El 16 de mayo, Alberto Cruz Chinche (71) murió en la ciudad de El Alto. El 17 de mayo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó un fallecido por los conflictos, pero descartó que hubiera sido por “arma letal o asfixia por gases”. En esa oportunidad, el vocero afirmó que se pudo verificar que esta persona falleció, aunque sus familiares no registraron su deceso y por lo tanto no existe un certificado de defunción y oficialmente no han registrado la causa de su fallecimiento.

9) El 21 de mayo, Martha Villca Sosa (51), autoridad originaria de la Sub Central Jupani provincia Camacho, presuntamente fallecida en el Hospital del Norte, como consecuencia de la aspiración de gases durante su participación en la movilización social del lunes 18 de mayo. No obstante, el 22 de mayo, el Ministerio de Salud informó que su muerte se debió a complicaciones médicas relacionadas con hipertensión y un accidente vascular cerebral, descartando versiones que vinculaban el caso con enfrentamientos durante las movilizaciones.

10) 23 de mayo, Víctor Cruz Quispe Masculino (24) murió en la localidad de Vilaque, municipio Calamarca. El Ministerio Publico confirmó que la muerte es investigada como un presunto homicidio. Según el certificado médico forense el joven falleció por un “traumatismo cervical penetrante por proyectil de arma de fuego”, en medio del operativo ‘Corredor Humanitario de Banderas Blancas’ realizado el 23 de mayo. La Fiscalía anunció que aún están pendientes las pericias balísticas y otros actos investigativos para establecer cómo ocurrió el hecho y de dónde salió el disparo.

Señaló que el Ministerio Público es la institución que tiene el mandato constitucional y legal de investigar y ofrecer información pública, de manera independiente e imparcial, sobre el fallecimiento de personas en contextos de conflictividad social, de manera que se establezca la verdad de los hechos y se identifiquen responsabilidades individuales.

La Central Obrera Boliviana ha declarado paro indefinido el 1 de mayo, mientras que la Federación Tupac Katari dictó el bloqueo de carreteras el 6 de junio. Desde ese tiempo diferentes sectores productivos como los empresarios, gremiales, transporte, ciudadanía en general han denunciado los daños sociales y económicos de las medidas de presión.

/nvg/