Los proyectos de ley para garantizar la libre transitabilidad se plantean desde 2025, pero la Asamblea postergó su tratamiento hasta la fecha. El presidente Rodrigo Paz calcula que arreglar las carreteras costará más de Bs 90 millones.
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Además, desde los órganos Ejecutivo y Legislativo, y sectores afectados, también crece la exigencia para que el Ministerio Público investigue y procese a quienes dirigieron los bloqueos y causaron destrozos en las carreteras. La reparación de esos daños demandará más de Bs 90 millones, según informó el presidente Rodrigo Paz. “¿Quién va a pagar eso?”, cuestionó el mandatario tras referirse a los costos que deberá asumir el Gobierno.
Así se cumplió ayer el quinto día del estado de excepción. En ese contexto, Paz pidió a la Fiscalía y al Órgano Judicial identificar y procesar a los responsables por convertir el bloqueo en “un instrumento para chantajear y doblegar voluntades”.
Por efecto de las protestas, existen al menos 100 procesos abiertos. Antes del estado de excepción, el Gobierno y la COB firmaron un acuerdo que incluía la posibilidad de exonerar a los encausados, luego de un análisis “caso por caso”.
En diciembre de 2025, el diputado Carlos Alarcón ya había presentado una iniciativa para prohibirlos. La iniciativa plantea penas de entre tres y 20 años de cárcel, de acuerdo con la gravedad de los hechos y sus consecuencias. Alarcón solicitó a la directiva de la Cámara de Diputados incluir la propuesta en una sesión plenaria, debido a que ya habría vencido el plazo para su tratamiento en comisiones.
Por su parte, el diputado Israel Mérida, de Libre, propuso modificar el artículo 213 del Código Penal para sancionar el financiamiento de acciones contra la libre circulación y la prestación de servicios esenciales. Su proyecto establece penas de entre 15 y 20 años de privación de libertad. El diputado Juan José Torres también presentó una iniciativa para modificar el artículo 123 del Código Penal y sancionar a quienes instiguen, promuevan o ejecuten bloqueos de vías. Desde el Senado, Claudia Mallón, de Súmate, planteó modificar el artículo 213 del Código Penal para agravar las penas por atentados contra la seguridad de los medios de transporte y castigar las distintas formas de bloqueo.
A estas propuestas se suma el anteproyecto del diputado Luis Laredo, denominado “Ley de garantía de la libre circulación y la gestión democrática de la protesta”, que busca compatibilizar el ejercicio del derecho a la protesta con la protección de la transitabilidad y los derechos de terceros.
En Santa Cruz, la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental, María René Álvarez, anunció que la próxima semana se tratará una “ley antibloqueos”. En Cochabamba, la brigada parlamentaria presentó dos propuestas. En La Paz, el Concejo Municipal aprobó la Ley de Libre Locomoción y Transitabilidad que no fue promulgada.
Beni aprobó por unanimidad una Ley Departamental de Defensa y Garantía de la Libre Transitabilidady hay normas similares que también fueron sancionadas en los municipios de Rurrenabaque y Reyes.