
A lo largo de nuestra historia política se ha observado un aumento de la insatisfacción con las instituciones representativas tradicionales, una erosión y fragmentación de los sistemas de partidos tradicionales, incremento de partidos y agrupaciones ciudadanas y la aparición de “magos” políticos, ya sean individuos o partidos, que ofrecen soluciones milagrosas. Estas transformaciones generan una preocupación generalizada por el futuro de la democracia, ¿Estas transformaciones representan una amenaza para la democracia o constituyen un avance de la misma?
A la intensa y generalizada insatisfacción con las instituciones representativas se ha sumado la irrupción del “populismo”. La validez de las críticas a estas instituciones es evidente. Resulta hipócrita quejarse del rechazo generalizado a las mismas y, al mismo tiempo, lamentar la persistente desigualdad de representación, como si esta desigualdad fuese la prueba irrefutable de que las instituciones representativas no sirven para nada. Desde hace mucho tiempo, personas de ambos extremos del espectro político, tanto quienes veían la igualdad como una promesa como quienes la consideraban una amenaza, creían que la democracia, en concreto el sufragio universal, generaría igualdad en los ámbitos económico y social. Esta creencia sigue vigente, paralelamente, en el modelo del ciudadano común y en el de las organizaciones sociales. Sin embargo, hay asimetrías que lastiman a ambos lados del rio, si nuestras instituciones representativas funcionaran correctamente, esto no sería posible.
El populismo se ha presentado en al menos dos variantes: participativa y delegativa. El populismo participativo exige autogobernarnos; el populismo delegativo, ser gobernados por otros. Como fenómeno político, la primera variante es beneficiosa, pero en gran medida intrascendente, mientras que la segunda resulta peligrosa para la democracia, entendida desde su sentido más puro. En la teoría, la agenda del populismo participativo consiste en reformas institucionales que darían mayor voz al pueblo. mandatos cortos para los funcionarios electos, límites de mandato, la posibilidad de que los votantes revoquen a los electos antes de que finalicen sus mandatos, recortes salariales para los legisladores y limitaciones a la alternancia entre el empleo público y el privado, e incluso el presupuesto participativo. Sin embargo, todas estas medidas se reducen a meros enunciados. Pueden restaurar cierta confianza en las instituciones democráticas, pero todas siempre han cuestionado el hecho de ser gobernados por alguien que no sean ellas, y ser gobernados implica políticas y leyes que a algunos no les gustan. Toda decisión imaginable va a disgustar a alguien, incluso si se toma con la participación plena, igualitaria y efectiva de los ciudadanos. No existe el término “el pueblo” en singular, y el plural “pueblo” tiene intereses, valores y normas diferentes. Además, ¿acaso no es cierto que la gente quiere gobernarse a sí misma? Obviamente algunos sí, de lo contrario no tendríamos políticos, pero hay otras “mayorías”, que no.
La alternativa a gobernarnos a nosotros mismos es ser gobernados por otros, pero ser bien gobernados. Lo que la gente más desea es ser gobernada por gobiernos que cumplan con sus demandas, ya sea crecimiento económico, la promoción de ciertos valores ideológicos o cualquier otra cosa. El populismo delegativo surge cuando parte de la gente quiere que, desde el gobierno, se gobierne incluso ignorando las restricciones a su permanencia en el cargo y a que su autoridad sea discrecional y hasta corrupta. Ya hemos comprobado que el resultado es un retroceso democrático, un proceso de deterioro gradual de los tres pilares fundamentales de la democracia: elecciones competitivas, libertad de expresión y de asociación, y el estado de derecho. Hizo que la oposición se vuelve incapaz de ganar elecciones y ahora de asumir el poder a pesar de haberlas ganado, Ese peligro del populismo delegativo quiere volver y se juega a que el gobierno cumpla sus demandas, incluso cuando dichas demandas estén socavando las instituciones democráticas y la propia democracia.
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En resumen, el rechazo a las instituciones representativas plantea un dilema. No podemos pretender que estas instituciones funcionen correctamente si algunas resultan peligrosas para la democracia. La democracia debe garantizar nada más que el futuro: es simplemente un terreno donde personas, en cierta medida iguales y libres, luchan por la realización de ideales, valores e intereses contrapuestos. El único milagro de la democracia es que los conflictos puedan gestionarse sin agresión y en paz. El fantasma de que Evo pueda socavar el mecanismo democrático está siempre presente. Por lo tanto, la vigilancia en defensa de la democracia, es una tarea constante. Pero defender la democracia requiere más que solo oponerse a dichas acciones. El sistema político debe ir más allá de una simple expresión de indignación, defender la democracia exige un programa positivo, fuerte y sólido y con visión de futuro compartida, no solo a costo y del sacrificio de la población.
Esta no es una tarea fácil. Cuando las mayorías se oponen a las violaciones de las normas democráticas, es lógico que se defiendan los valores de la democracia, el rechazo al retroceso cuenta con el apoyo de esa mayoría, mientras que las propuestas de reforma solo atraen a una minoría (pese a que digan que son la mayoría). Lastimosamente en la “prueba” de los 54 días contra la democracia, la mayoría quedo a merced de unos delincuentes disfrazados de dirigentes y desprotegida por el gobierno. Los costos, si se asumen, serán muy altos, seguirá la repercusión contra las instituciones representativas incapaces de unirse contra un enemigo común. El peligro, sin embargo, reside en que, a menos que se reformen las instituciones representativas, la democracia reproducirá las condiciones que permiten, con éxito, la existencia de fuerzas antidemocráticas. El logro de recuperar la democracia no basta para devolver la confianza en las instituciones representativas. Rodrigo Paz está en la obligación de ejercer el poder, no para él, para todos.
Mgr. Fernando Berríos Ayala / Politólogo