La Paz. El dirigente fue sancionado con 45 días de aislamiento tras ser encontrado con equipos celulares en el penal. Según el jurista, el contenido de los aparatos podría derivar en una nueva investigación penal.
Fuente: Red Uno
El abogado penalista Frank Campero informó que la situación jurídica de Ponciano Santos se complica luego de que, durante una requisa en el penal donde cumple detención preventiva, se le encontraran aparatos celulares sin la autorización correspondiente.
Según explicó Campero, el hecho ocurrió el 11 de mayo, en el marco de una requisa. El jurista señaló que la tenencia de celulares dentro de un recinto penitenciario debe contar con autorización del gobernador o director del penal.
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“El 11 de mayo, el señor Ponciano Santos fue encontrado, a través de una requisa normal que se realiza en el penal, en tenencia de estos aparatos celulares, lo cual es irregular”, afirmó Campero.
Recibió sanción
El abogado indicó que, a raíz de este hecho, Santos recibió una sanción disciplinaria de 45 días apartado de la población penitenciaria. La defensa del dirigente apeló esta determinación, pero la resolución fue ratificada por el juez cautelar correspondiente.
“Está cumpliendo de manera específica los 45 días de sanción disciplinaria”, señaló.
Campero explicó que el objetivo de la apelación era dejar sin efecto la sanción escrita, debido a que este antecedente quedará registrado en el expediente penitenciario del privado de libertad.
Según el penalista, este hecho podría afectar futuras solicitudes de cesación a la detención preventiva, especialmente por el riesgo procesal referido al peligro efectivo para la víctima o para la sociedad.
“Este antecedente va a obstaculizar cualquier solicitud a una libertad o a una cesación”, sostuvo.
Presuntamente coordina bloqueos
El abogado afirmó además que, de acuerdo con la información conocida, en los equipos celulares se habrían encontrado elementos vinculados a coordinaciones sobre marchas y bloqueos en La Paz y El Alto, en el contexto de la actual conflictividad del país.
“Se ha encontrado información en la cual se determina que estaba coordinando acciones de marchas y bloqueos en la ciudad de El Alto y en la ciudad de La Paz”, manifestó.
Campero aclaró que la información contenida en los celulares se encuentra bajo reserva y que corresponderá al Ministerio Público, junto a las instancias técnicas como el IDIF
“Esto va a pasar al Ministerio Público para que abra una investigación al respecto”, indicó.
El jurista sostuvo que el caso no quedaría únicamente en una sanción administrativa de régimen penitenciario, debido a que, si el contenido de los celulares está relacionado con presuntos hechos delictivos, corresponde iniciar una investigación de oficio.
“Cuando se tiene información de actos o hechos delictivos, el Ministerio Público tiene que aperturar una investigación”, explicó.