Fernando Untoja
El debate sobre la legalización de los llamados «autos chutos» ha puesto de manifiesto una diferencia fundamental dentro del pensamiento liberal. Todos los liberales desean ampliar la libertad económica y eliminar las restricciones mercantilistas que pesan sobre el comercio. Sin embargo, no todos entienden de la misma manera cómo debe alcanzarse ese objetivo.
Antonio Saravia sostiene que la legalización de los vehículos ilegales constituye una reparación frente a una legislación mercantilista e injusta. Su intención es claramente liberal: corregir una restricción impuesta por el Estado. No obstante, el mecanismo que propone conduce, sin advertirlo, a una práctica de carácter estatista. El verdadero problema no es la importación de vehículos. Desde una perspectiva liberal, la importación debería ser completamente libre, ya se trate de vehículos nuevos, seminuevos o usados. Lo importante es que todos los ciudadanos participen bajo las mismas reglas generales del comercio internacional y de la legislación vigente. Si esas reglas son malas, deben ser modificadas. Si son mercantilistas, deben ser derogadas. Pero una cosa es cambiar la regla y otra muy distinta es mantenerla para unos mientras el Estado concede excepciones para otros mediante procesos de nacionalización.
Cuando el Estado legaliza vehículos introducidos al margen de las reglas de juego, envía un mensaje institucional muy claro: incumplir la ley puede resultar rentable, porque siempre existirá la expectativa de una futura amnistía. La excepción termina convirtiéndose en una regla informal. Los agentes económicos incorporan esa expectativa a sus decisiones y la práctica se reproduce hasta transformarse en un hábito social.
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En consecuencia, la nacionalización periódica no fortalece el orden liberal; lo debilita. Sustituye la igualdad ante la ley por decisiones discrecionales del Estado, premia a quienes actuaron fuera de las reglas y perjudica a quienes sí las respetaron.
El liberalismo no consiste únicamente en defender la libertad de comerciar. Consiste también en defender instituciones estables, reglas generales e igualdad jurídica. No se combate el mercantilismo mediante amnistías estatales; se lo combate eliminando las normas mercantilistas y estableciendo un régimen de libre importación aplicable a todos por igual. La libertad económica necesita reglas claras. Cuando el Estado reemplaza esas reglas por excepciones, incluso con buenas intenciones, deja de construir un orden liberal y comienza a administrar la economía mediante prácticas que pertenecen precisamente a la lógica que dice combatir.