Bolivia inicia un nuevo proceso histórico de reformas que desmontarán 20 años del modelo ideológico de los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) basado en la renta obtenida por la sobre explotación de recursos naturales que, además, generó la quiebra económica del país.
Fuente: Prensa GOBCOM
Estas reformas están contenidas en 12 leyes estructurales, más de la mitad regirán el área económica, mientras que las otras garantizarán seguridad jurídica para las inversiones “porque la prioridad hoy es generar estabilidad, reglas claras y condiciones jurídicas adecuadas para invertir, producir y crear empleo en Bolivia”, explicó hoy el ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza.
El modelo económico exclusivamente extractivista entró en declive entre los años 2014 a 2016, la señal visible de ello fue la reducción de la producción de gas natural por sobre explotación, cuya consecuencia inmediata fue la reducción de exportaciones de ese hidrocarburo a Argentina y Brasil, y por tanto de ingresos en dólares para el Estado boliviano.
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Luego, en 2023, 2024 y 2025, el modelo de administración económica del MAS cayó en una crisis de tal magnitud que, con sus matices propios, fue comparada por analistas económicos con la denominada “hiperinflación” vivida durante la década de los años 80, en el siglo pasado.
Del “mar de gas” a la nada
La ley de inversiones fue definida por el ministro de Economía, como la norma que servirá de “paraguas” a todo lo que signifique inversiones, sobre todo privadas. En ese contexto, una norma también fundamental para superar la crisis económica será una nueva ley de hidrocarburos, que anulará a la promulgada en 2005, en medio de confrontaciones sociales y políticas a las que no fue ajeno el MAS de Evo Morales, quien, en enero de 2006, a consecuencia del desgaste de la denominada “partidocracia”, se encumbró como presidente del país dando inicio a los ya mencionados 20 años ininterrumpidos de gobierno.
Morales se benefició de los años de bonanza petrolera desde 2006 a 2014 por los altos precios del petróleo en el mercado mundial, la nueva definición de ingresos tributarios para el Estado establecidas en la ley de hidrocarburos de 2005, rentas que se consolidaron con el decreto de nacionalización del sector petrolero y nuevos contratos con las empresas; por todo eso, los gobiernos del MAS recibieron ingresos por 63 mil millones de dólares por la exportación de gas natural. Esto permitió acuñar slogans de que Bolivia era el “centro o corazón energético de la región”, además de alimentar promesas de que el país poseía “un mar de gas”.
Sin embargo, la inversión en exploración petrolera se redujo hasta en 83%, según estudio de la Fundación Milenio, ya que ésta llegaba a los 1.500 millones de dólares en 2014, para caer a 250 millones en 2022. Además del malgasto y uso prebendal de la renta petrolera, el declive de ingresos redujo gradualmente los ingresos estatales, lo que obligó a los gobiernos de Morales y, sobre todo, de Luis Arce, a realizar operaciones y traspasos financieros para solventar gastos del Estado, mantener la subvención del precio de los combustibles en el mercado interno y luego importarlos (carga muy pesada en la actualidad, al invertir en esa compra al menos 1.800 millones de dólares anuales). A ello, se añadió la falta de dólares, conformando así el círculo vicioso de la crisis económica boliviana.
La reforma y reestructuración del sector petrolero boliviano comenzará con una nueva ley de hidrocarburos, la ley de inversiones y una nueva etapa en la relación con Petrobras, y que se ampliará paulatinamente a otras compañías petroleras. En ese sentido, el presidente de Estado, Rodrigo Paz Pereira, afirmó que Bolivia se abre al mundo y a las inversiones.
En quiebra
En 1985, el entonces presidente Víctor Paz Estenssoro, con su frase “Bolivia se nos muere” alertaba la implementación de medidas estructurales económicas y sociales duras para frenar la hiperinflación, las que se plasmaron en el Decreto Supremo 21060. A 41 años de ese hecho, Bolivia, una vez más se encuentra en una situación álgida económicamente y “en quiebra”, como lo señaló el presidente Rodrigo Paz, quien afirmó en sus primeros días de gestión que “no nos dejaron nada”, en referencia a la desastrosa administración de la economía por parte del MAS.
A ocho meses de haber asumido la presidencia de Bolivia, el nuevo Gobierno también tendrá que dar un golpe de timón en el modelo económico, en la administración de los recursos naturales, y en el protagonismo que deben tener las inversiones estatales y privadas para obtener recursos que financien servicios dignos para la población (educación, salud, seguridad). Al mismo tiempo, también debe crearse el marco de seguridad jurídica para atraer inversiones privadas, seguridad que se amplía a todo el sector productivo nacional y a todos los emprendedores para que accedan a capitales, y así, no depender exclusivamente de las divisas que genere la explotación de recursos naturales.
También estará presente en el día a día de la implementación de estas reformas, modificar la actitud de autoridades y funcionarios públicos para que asuman el compromiso de servir al Estado y no valerse de él, lógica que imperó durante 20 años y que, ahora, debe ser extirpada. Todo ello quedará establecido dentro del paquete de 12 normas estructurales con la Ley de Reducción del Estado y de la Burocracia.