Los proyectos de ley presentados al Parlamento son parte de la reforma judicial, pero no contemplan hacer modificaciones parciales a la Constitución Política del Estado. Gobierno y Legislativo rechazan los anuncios de una huelga escalonada.
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La falta de avances fue uno de los factores que llevó a los magistrados a declararse en emergencia y advertir con un paro escalonado de servicios judiciales en el país.
Del paquete de propuestas, cuatro fueron presentadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y dos por el Consejo de la Magistratura (CM). Las restantes corresponden a legisladores de distintas bancadas y abordan temas que van desde la reforma del Código Penal hasta el traspaso de Derechos Reales al Ejecutivo.
En paralelo, litigantes consultados por EL DEBER en el Palacio de Justicia de Santa Cruz rechazaron una eventual suspensión de actividades, tras considerar que agravaría la retardación de justicia. No obstante, varios coincidieron que el sistema necesita más recursos para reducir demoras, mejorar la atención y modernizarse
Uno de los proyectos centrales es el 441, que propone modificar la Ley 025 del Órgano Judicial para garantizar su independencia financiera. La iniciativa plantea asignar al menos el 5% del Presupuesto General del Estado al funcionamiento de la Justicia.
El proyecto 440 busca financiar la modernización tecnológica del sistema y avanzar hacia el “uso cero de papel”. Para ese objetivo se requieren Bs 106 millones.
La propuesta 438, denominada Ley de Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales, establece que los recursos no reclamados por las partes después de cinco años, pasen a favor del Órgano Judicial.
El proyecto 493 modifica la Ley 044 de juicios de responsabilidades y pretende restablecer las competencias del TSJ para tramitar casos de corte, incorporando la garantía de doble instancia exigida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Las propuestas del Consejo
El Consejo de la Magistratura presentó el proyecto 459 que elimina la participación de jueces ciudadanos en tribunales disciplinarios y amplía las competencias de esas instancias para agilizar los procesos contra servidores judiciales.
La iniciativa 458 modifica dos artículos del Código Procesal Civil para que los martilleros judiciales pasen a depender del Órgano Judicial y dejen de operar como particulares.
Iniciativas legislativas
Entre los proyectos promovidos por legisladores está el 432, que modifica la Ley del Notariado y propone que el Tribunal Supremo de Justicia asuma la rectoría del sistema notarial, en reemplazo de los ministerios de Justicia —que ya no existe— y de Trabajo.
También están pendientes el proyecto 373, de reforma del régimen disciplinario judicial; el 212, referido a la jurisdicción agroambiental, y el 361, que modifica la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía. Los proyectos 355, 294 y 356 plantean transferir Derechos Reales, actualmente bajo tuición del Consejo de la Magistratura, al Órgano Ejecutivo. Estas iniciativas son rechazadas por el Consejo de la Magistratura que ya planteó sus objeciones ante la Cámara de Diputados.
A ese grupo se suma una propuesta presentada la pasada semana por el diputado Manolo Rojas para sistematizar, codificar y convocar públicamente a una reforma integral del Código Penal que tiene observaciones de entidades de derechos humanos.
Hasta ahora, ninguna de las iniciativas fue aprobada por la Comisión de Justicia ni llegó al pleno de la Cámara de Diputados. Mientras los proyectos continúan acumulándose, las representantes de los poderes estatales ayer no dieron señal alguna de acercamiento o diálogo posible.
