El proyecto modifica el régimen vigente para facilitar sacar el ahorro interno al exterior. El asunto entra en contradicción con el “clamor” de atraer inversiones del extranjero para reactivar el país
Fuente: El País.bo
El Proyecto de Ley 280/25, que modifica la Ley N° 065 de Pensiones, propone un cambio estructural en la administración del ahorro previsional de los bolivianos: obligar a que un mínimo del 30% y hasta un máximo del 80% de los recursos administrados por la Gestora Pública se inviertan en el extranjero. Actualmente el fondo de pensiones es el principal fondo que sostiene el sistema financiero nacional, además del Tesoro General de la Nación.
La propuesta representa un giro respecto al régimen vigente. Actualmente la legislación únicamente establece que las inversiones internacionales no pueden superar el 50% del fondo. La reforma transforma ese límite máximo en un rango obligatorio, estableciendo un piso mínimo del 30% y un techo del 80%
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Artículo 143
El debate legislativo coincide con un escenario de escasa información pública sobre el destino de los recursos previsionales. Desde junio de 2025 la Gestora Pública y la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) dejaron de publicar los reportes de diversificación de inversiones, los únicos documentos que permiten conocer en qué instrumentos, entidades, monedas y niveles de riesgo está invertido el ahorro de los trabajadores. Un año después esos informes continúan sin difundirse.
Los estados generales del fondo siguen siendo publicados y muestran la evolución del patrimonio administrado, pero ya no permiten identificar la composición del portafolio ni evaluar los riesgos asumidos.
Un fondo altamente concentrado
La última información detallada disponible, correspondiente a junio de 2025, mostraba un patrimonio de 28.647 millones de dólares con el cambio oficial a 6,96. De ese total, el 36,68% estaba invertido en bonos emitidos por el Tesoro General de la Nación (TGN) y el Banco Central de Bolivia (BCB), mientras que el resto estaba en el sistema financiero – entre el 4,39% y el 5,17% permanecía colocado en Banco Fassil y su empresa controlante, Santa Cruz Financial Group, ambos con calificación de riesgo «D» – y algunas empresas nacionales e internacionales.
Durante ese mismo período el Gobierno de entonces incrementó progresivamente la participación de la deuda pública dentro de la cartera previsional, en un contexto de crecientes restricciones fiscales y de acceso al financiamiento externo.
Sin Directorio desde hace 15 años
El debate sobre la reforma también coincide con otro aspecto que permanece sin resolverse desde la creación de la Gestora.
Aunque la Ley 065 estableció en 2010 que la entidad debía contar con un Directorio como máxima instancia responsable de definir las políticas de inversión, ese órgano nunca llegó a conformarse.
El propio gerente general de la Gestora, Marcelo Vladimir Fernández Quiroga, reconoció públicamente en marzo de 2026 que la institución había operado durante todos estos años sin Directorio.
El Proyecto de Ley 280/25 modifica el mecanismo de designación de esa instancia: plantea que el Presidente del Estado nombre directamente a su titular y que la Cámara de Diputados elija, por dos tercios de votos, a los cuatro directores restantes.
Cambios en la administración
Además de ampliar el margen para las inversiones internacionales, la iniciativa elimina el tratamiento preferencial que actualmente tienen los bonos emitidos por el TGN y el BCB dentro de los límites de inversión.
El proyecto también incorpora la posibilidad de crear sociedades administradoras mixtas con participación privada, nacional o extranjera, para gestionar los fondos previsionales; establece un sistema de cuatro multifondos diferenciados por nivel de riesgo y permite que los afiliados elijan voluntariamente la administradora encargada de sus recursos.
Debate con información incompleta
La discusión legislativa se desarrolla mientras continúa sin publicarse el detalle de las inversiones realizadas desde junio de 2025.
Ese vacío impide conocer cómo evolucionó la composición del portafolio durante el último año, cómo impactaron operaciones como el canje del eurobono de 2026 o la devaluación registrada tras el abandono del tipo de cambio fijo, y cuál es actualmente la exposición del ahorro previsional a los distintos tipos de activos.
Así, el diagnóstico que sustenta la reforma —la elevada concentración de las inversiones dentro del país y la necesidad de diversificar riesgos— puede contrastarse con la última información pública disponible, pero la situación actual del fondo permanece sin posibilidad de verificación independiente debido a la ausencia de reportes de diversificación.
Una contradicción sustancial en el modelo
A pesar de que uno de los pilares de campaña y de gobierno fue el de “Bolivia en el mundo y el mundo en Bolivia”, que planteaba esencialmente atraer inversiones del extranjero al país para reactivar la economía; el proyecto de Ley de pensiones plantea sacar la mayor parte del principal fondo de inversión del país hacia el exterior, lo que perjudicaría las capacidades del sistema financiero y de la propia industria nacional de sacar adelante inversiones.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y la Cámara de Industria pidió tiempo para analizar la propuesta, si bien las manifestaciones previas han señalado la necesidad de apalancar recursos en el país para encarar mayores inversiones.
Fuente: El País.bo
