Días atrás, el gobernador Juan Pablo Velasco informó sobre una investigación interna que reveló la presunta sustracción irregular de chatarra, estructuras metálicas y otros bienes en desuso del Sedcam.
eju.tv / Video: Red Gigavisión
La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, afirmó hoy (07) que cualquier ciudadano con pruebas puede presentar denuncias penales, en el marco del anuncio del activista Peter Beckhauser de iniciar procesos contra el exgobernador Luis Fernando Camacho por presuntos actos de corrupción en la refacción de los camarotes del estadio Tahuichi Aguilera y otros casos. Aguirre reveló que un diagnóstico integral de la Gobernación ya identificó irregularidades como la venta de chatarra y observaciones en el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), y aseguró que, si la denuncia de Beckhauser cuenta con fundamentos sólidos, la institución tiene la obligación de adherirse al proceso judicial.
“Cualquier ciudadano, conforme le establece el Código de Procedimiento Penal, puede iniciar denuncias ante el conocimiento de pruebas que constituyan delitos. En la Gobernación Cruceña nosotros venimos haciendo un trabajo de diagnóstico integral y evidentemente se han encontrado algunas irregularidades que han sido expuestas oportunamente por el gobernador Juan Pablo Velasco, como la venta de chatarras y otras maquinarias en el Sedcam”, enfatizó Aguirre, al abrir la puerta a las acciones legales contra la gestión anterior.
La vicegobernadora añadió que espera que la Fiscalía y la Justicia actúen de manera “independiente e imparcial” cuando se abran las investigaciones, y remarcó que la Gobernación no tiene la potestad de adherirse a una denuncia con sustento, sino la obligación.
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“Si la denuncia tiene sustento y base sólida, la Gobernación no tiene la potestad de adherirse sino la obligación de hacerlo, así que por supuesto que nos apersonaremos ante las instancias competentes”, sostuvo.
El activista Peter Beckauser anunció dos denuncias contra secretarios y directores de la gestión de Camacho: una por la refacción de los camarotes del estadio Tahuichi Aguilera, por un monto de 36 millones de bolivianos, y otra por el caso del Servicio de Encauzamiento de Ríos (Searpi), que suman en total unos 56 millones de bolivianos. Beckauser señaló que no existió un proceso de licitación para la obra del estadio y que Camacho habría firmado documentos en ambos casos, por lo que debería declarar para justificar técnicamente las decisiones. “Eso va a generar un problema serio y tiene que ir gente presa”, afirmó, al tiempo que descartó cualquier motivación de venganza y aseguró que Efraín Suárez “tiene mano” en estos hechos.
Días atrás, el gobernador Juan Pablo Velasco informó sobre una investigación interna que reveló la presunta sustracción irregular de chatarra, estructuras metálicas y otros bienes en desuso del Sedcam, con un perjuicio estimado en más de un millón de bolivianos. La denuncia, iniciada de oficio tras recibir información anónima, derivó en acciones administrativas y penales contra los presuntos responsables, bajo la premisa de que “caiga quien caiga” y sin encubrimientos. Este antecedente refuerza el contexto de supuestas irregularidades durante la administración de Camacho.
Las declaraciones de Aguirre y las denuncias de Beckhauser abren un nuevo capítulo en la confrontación política y judicial en Santa Cruz. La Fiscalía y la Justicia serán ahora las llamadas a determinar si los señalamientos de Beckhauser tienen el peso suficiente para avanzar hacia un proceso formal contra el exgobernador y sus colaboradores.