El Gobierno asegura que no existen «tarifazos» y que los ajustes buscan preservar la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras, dirigentes vecinales, legisladores y autoridades cuestionan.
Fuente: https://elpais.bo
La electricidad y el agua potable, dos de los servicios básicos más sensibles para la economía familiar, se convirtieron esta semana en el centro de una nueva polémica nacional. La emisión del Decreto Supremo 5647, que modifica el mecanismo para la actualización de las tarifas eléctricas, y las denuncias sobre incrementos en las facturas de agua debido a la indexación de las tarifas a la Unidad de Fomento de Vivienda (UFV), despertaron una ola de cuestionamientos de sectores sociales, políticos y vecinales.
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Mientras el Ejecutivo insiste en que no existe un incremento generalizado y que las medidas únicamente permiten ajustes técnicos y controlados, desde distintos sectores consideran que las nuevas reglas abren la puerta a aumentos periódicos que terminarán agravando el costo de vida de la población.
El nuevo decreto eléctrico
La controversia comenzó tras la promulgación del Decreto Supremo 5647, norma que modifica el reglamento para la fijación de tarifas eléctricas.
La principal modificación consiste en elevar del 3% al 5% el límite máximo permitido para las variaciones mensuales de las tarifas aplicadas a los consumidores regulados.
Desde el Ministerio de Energías se explicó que la disposición no implica un incremento automático de las tarifas, sino que establece un margen de ajuste para responder a las variaciones de los costos del sistema eléctrico, evitando modificaciones bruscas que puedan afectar tanto a los usuarios como a las empresas distribuidoras.
El Gobierno sostiene que el objetivo es garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional y preservar la sostenibilidad financiera de las distribuidoras, más cuando los costos operativos también se han incrementado producto de la inflación y la depreciación de algunos insumos importados.
Sin embargo, la explicación oficial no logró disipar las dudas de diversos sectores.
Tarija rechaza cualquier incremento
En Tarija, las alertas surgieron incluso antes de conocerse el nuevo decreto, los reclamos iban dirigidos tanto a Servicios Eléctricos de Tarija (Setar) como a la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt).
Cristian Ventura, exvicepresidente de la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), informó que el Distrito 9 aprobó un voto resolutivo rechazando cualquier incremento tarifario que pueda surgir del nuevo estudio tarifario que actualmente realiza Setar.
El dirigente recordó que, conforme a la Ley de Electricidad y la normativa de la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN), cada cuatro años debe elaborarse un nuevo estudio tarifario que definirá los costos del servicio entre 2026 y 2030.
Sin embargo, cuestionó que hasta el momento la empresa distribuidora no haya socializado los avances del estudio con las organizaciones vecinales.
«Hemos pedido que nos hagan llegar el borrador del estudio, que nos informen qué empresa consultora está realizando el trabajo y cuáles son las variables que se están utilizando para definir las nuevas tarifas», manifestó.
Según Ventura, un estudio tarifario no puede limitarse únicamente a los costos de operación de la empresa.
Considera que también deben incorporarse indicadores sociales como el crecimiento del desempleo, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro económico que enfrentan miles de familias.
«La empresa no puede hacer las tarifas a su gusto. Si no existe participación ciudadana, después será demasiado tarde para reclamar», advirtió.
Las juntas vecinales fueron más allá y anunciaron que rechazarán cualquier incremento que surja del nuevo estudio tarifario.
Para Ventura, el nuevo decreto nacional incrementa aún más la incertidumbre.
Aunque reconoció que el Decreto Supremo 5647 y el estudio tarifario corresponden a procedimientos distintos, considera que ambos podrían terminar combinándose para permitir aumentos mayores.
«Si el nuevo decreto permite un margen del 5%, entonces a lo que establezca el estudio tarifario todavía podría añadirse ese porcentaje. Nosotros no vamos a permitir ni una cosa ni la otra», afirmó.
El dirigente sostuvo que el agua y la electricidad son servicios indispensables para toda la población y que cualquier incremento repercute directamente sobre la economía de los hogares.
Asimismo, pidió al Gobierno brindar información clara para evitar que continúe creciendo la preocupación ciudadana.
«Hay mucha gente asustada. El Gobierno debe comunicar seriamente qué está ocurriendo», sostuvo.
Por su parte, el dirigente de la Fejuve, Rodrigo Castillo, manifestó que están presentando una nota a la AETN, pidiendo que explique bajo qué condiciones se está autorizando este incremento del 5%.
El agua también entra en debate
La polémica no se limita únicamente a la electricidad.
Durante los últimos días comenzaron a surgir denuncias de vecinos de La Paz y El Alto respecto a incrementos en las facturas de agua potable. En semanas pasadas también hubo pronunciamientos en Tarija en torno a este tema.
Sin embargo, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) informó el miércoles que no existe ningún incremento autorizado en las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado y aclaró que ninguna Empresa Prestadora de Servicios de Agua (EPSA) cuenta con autorización para elevar el precio del servicio.
Esta situación, puso en entredicho la información que fue brindada por personeros de Cosaalt, quienes habían argumentado que las nuevas tarifas que van a regir en Tarija, ya gozaban del visto bueno de la entidad nacional reguladora.
Fiscalización desde la Asamblea
Las explicaciones oficiales tampoco convencieron a sectores de la oposición. La diputada cochabambina Claudia Herbas anunció que solicitará una petición de informe para conocer el comportamiento histórico de las tarifas tanto de agua como de electricidad.
La legisladora cuestionó que el Gobierno presente el nuevo decreto como un mecanismo de protección cuando, en los hechos, eleva el margen permitido para futuros ajustes.
«No es verdad que nos estén haciendo un favor. Antes el límite era del 3% y ahora lo están aumentando al 5%. Al final quien paga ese incremento es la población», sostuvo.
Herbas consideró que las nuevas medidas llegan en un momento especialmente delicado para la economía boliviana, luego de semanas marcadas por conflictos sociales, bloqueos y una creciente inflación.
Por ello, pidió transparentar los criterios utilizados para definir las futuras tarifas.
Cochabamba también pide explicaciones
Desde la Gobernación de Cochabamba también surgieron cuestionamientos. El vocero Sergio de la Zerda manifestó que las respuestas emitidas por las autoridades nacionales no aclaran las dudas existentes respecto a los efectos del nuevo esquema tarifario.
Advirtió que la población podría encontrarse con facturas más elevadas en los próximos meses sin haber recibido una explicación suficiente sobre las causas.
Asimismo, señaló que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) aún debe responder varias consultas relacionadas con el incremento del costo del agua, la incidencia de la UFV y el impacto que tiene el alza del dólar sobre los procesos de potabilización.
Según De la Zerda, estos elementos también repercuten sobre la ejecución de proyectos de agua potable y riego que desarrollan los gobiernos subnacionales.
