La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) admitió este domingo que enfrenta limitaciones presupuestarias, logísticas y de personal para controlar y fiscalizar posibles actividades mineras ilegales en el país, tras los hechos de violencia registrados en el municipio de La Asunta.
Fuente: ANF
La entidad, dependiente del Ministerio de Minería y Metalurgia, precisó en un comunicado que cuenta actualmente con solo tres vehículos para atender las denuncias y casos en trámite en todo el territorio nacional, una capacidad operativa que calificó de insuficiente frente a la demanda existente.
«La Autoridad considera importante señalar que las limitaciones presupuestarias, logísticas y de recursos humanos constituyen uno de los principales desafíos para el control y fiscalización de posibles actividades mineras ilegales», afirmó la institución.
El pronunciamiento se produjo luego de los enfrentamientos ocurridos en inmediaciones del río Boopi, en La Asunta, departamento de La Paz, donde comunarios se movilizaron contra una supuesta explotación minera ilegal atribuida a una empresa de origen chino.
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La AJAM señaló que se encuentra coordinando con la Policía Boliviana y el Ministerio Público para evaluar y articular las acciones que correspondan frente a lo sucedido, de acuerdo con las atribuciones de cada institución.
La entidad agregó que varias de sus intervenciones se desarrollan en zonas de alta conflictividad y riesgo para los servidores públicos, por lo que requieren condiciones de seguridad y coordinación interinstitucional adecuadas para garantizar el debido proceso.
De su parte, un centro médico de La Asunta confirmó este domingo que los enfrentamientos del sábado entre los campesinos y defensores de la empresa minera se saldaron con cinco heridos.
Los incidentes se produjeron cuando integrantes de las Federaciones de Varones y Mujeres de La Asunta llegaron hasta un campamento minero en el sector del río Boopi para exigir la salida de la empresa, lo que derivó en choques con otro grupo de comunarios que respaldaba la actividad extractiva.
La protesta terminó con la quema de vehículos y maquinaria pesada del campamento, y la Policía y el Ministerio Público intervinieron para pacificar la zona e iniciar las investigaciones.
Además, la Federación Campesina de La Asunta retuvo 15 unidades de maquinaria pesada, entre volquetas y tractores, que permanecen en la plaza del municipio.
Un cabildo de vecinos y comunidades del municipio decidirá en las próximas horas el destino de esa maquinaria.
JA
