El impulsor del proceso afirmó que la investigación podría ampliarse a exautoridades, fiscales, jueces, policías y otros funcionarios que intervinieron durante los 11 años que duró el caso.

La denuncia presentada por sobrevivientes y personas procesadas en el caso Hotel Las Américas podría involucrar a más de las aproximadamente 155 personas inicialmente señaladas, según afirmó Alfredo Saucedo, víctima e impulsor de la nueva acción penal.
Saucedo explicó que la cantidad podría aumentar debido a que el proceso se prolongó durante 11 años y, durante ese periodo, participaron funcionarios de distintas instituciones del Estado.
“Son mucho más, porque el proceso duró 11 años y a lo largo de esos 11 años el Estado boliviano fue cambiando de funcionarios del Ministerio de Gobierno, del Ministerio Público, jueces, policías e investigadores”, manifestó.
Señalan a exautoridades, fiscales y policías
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La nueva denuncia fue presentada ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz y menciona a exautoridades políticas, fiscales, jueces, policías y miembros de unidades especiales que, según los denunciantes, deberían ser investigados por los hechos ocurridos el 16 de abril de 2009.
Saucedo sostuvo que también podrían incorporarse otras personas que tuvieron algún nivel de participación en los procesos posteriores.
Entre los nombres mencionados por el entrevistado aparecen el expresidente Evo Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y otras exautoridades. Estas afirmaciones corresponden a la versión de los denunciantes y deberán ser investigadas por el Ministerio Público.
Piden identificar autores materiales e intelectuales
Saucedo señaló que corresponde a la Fiscalía determinar quiénes fueron los autores materiales, intelectuales y qué funcionarios pudieron haber participado posteriormente en las actuaciones judiciales.
“Será la investigación y el Ministerio Público que nos diga quiénes han sido los responsables”, afirmó.
El impulsor de la denuncia aseguró que los sobrevivientes conocen a varias de las personas que intervinieron en diferentes etapas, pero sostuvo que la responsabilidad de individualizarlas formalmente corresponde al Ministerio Público.
Invocan informe de la CIDH
La nueva acción se sustenta, según Saucedo, en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomendó al Estado boliviano investigar posibles ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones ilegales y vulneraciones de garantías vinculadas al caso.
El entrevistado afirmó que la CIDH estableció que corresponde iniciar investigaciones internas y determinar posibles responsabilidades penales.
Diferencian el antiguo proceso de la nueva denuncia
Saucedo aclaró que el proceso por terrorismo que involucró a varios de los denunciantes concluyó en 2020 con una sentencia absolutoria ejecutoriada.
Según explicó, la nueva denuncia no busca reabrir aquel proceso, sino investigar las presuntas responsabilidades relacionadas con el operativo y los hechos posteriores denunciados por las víctimas.
