Toda sociedad necesita instituciones. Pero existen dos sin las cuales la convivencia civilizada resulta prácticamente imposible.
Una protege a los ciudadanos frente al delito, la otra los protege frente a la arbitrariedad. Una es la Policía; la otra, la administración de justicia.
No fueron creadas para servir al gobierno de turno ni para convertirse en instrumentos de intereses particulares. Fueron creadas para proteger a la sociedad y para garantizar que la ley prevalezca sobre la fuerza, el abuso y la corrupción.
Cuando cumplen esa misión, los ciudadanos pueden vivir con la tranquilidad de saber que su vida, su libertad, su propiedad y sus derechos se encuentran amparados por la ley. Cuando dejan de cumplirla, comienza a deteriorarse algo mucho más profundo que una institución. Se deteriora la confianza sobre la que descansa toda la convivencia social.
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Eso es, precisamente, lo que hoy nos llama a la mayor preocupación.
En el transcurso de pocos días, Bolivia recibió dos señales que ningún país debería ignorar.
La primera provino de la Policía Boliviana. El propio Comandante General reconoció la autenticidad de una conversación en la que se habla de venta de destinos, compra de ascensos, enriquecimiento irregular y otras prácticas incompatibles con la misión institucional. Más allá de las responsabilidades que establezcan las investigaciones, resulta imposible permanecer indiferente cuando semejante descripción surge de la máxima autoridad policial.
La segunda señal llegó desde el Tribunal Supremo de Justicia. Su presidente anunció su alejamiento manifestando la frustración de no haber podido impulsar las reformas que consideraba indispensables, debido a la falta de respaldo y de recursos para llevarlas adelante. También ese mensaje trasciende a la persona que lo pronuncia. Expresa las enormes dificultades que enfrenta la recuperación de la justicia.
No son dos noticias más. Son dos advertencias.
Ambas revelan el deterioro de las instituciones llamadas a proteger al ciudadano y a garantizar la vigencia de la ley.
Ese deterioro tampoco apareció de un día para otro. Durante dos décadas, la Policía y la administración de justicia fueron perdiendo credibilidad ante los ojos de la población. En demasiadas ocasiones dejaron de ser percibidas como instituciones al servicio de la ley para aparecer vinculadas a la persecución política, la extorsión, el encubrimiento del delito, el enriquecimiento ilícito y la subordinación al poder.
Por eso, hoy demasiados ciudadanos sienten más temor que confianza allí donde deberían encontrar protección.
Ese es el verdadero drama nacional.
La economía necesita recuperarse, pero también necesita hacerlo la confianza. Ningún programa económico, por exitoso que sea, podrá sostenerse sobre entidades que han dejado de inspirar credibilidad. Ninguna inversión florece donde la ley es incierta. Ninguna democracia se fortalece cuando la Policía y la Justicia dejan de ser garantía para convertirse en motivo de recelo e intranquilidad.
Bolivia necesita recuperar muchas cosas, pero ninguna es más urgente que devolver a estas dos instituciones la misión para la cual fueron creadas.
Más allá de los discursos y la propaganda, esa será la verdadera prueba del cambio.
Si la Policía no vuelve a ser el escudo de protección de la sociedad y la administración de justicia no recupera la independencia, la probidad y el sometimiento pleno a la ley, los dos pilares que sostienen al Estado continuarán debilitándose.
Cuando los pilares ceden, tarde o temprano toda la estructura se derrumba.
Si no se corrigen semejantes aberraciones, simplemente habremos prolongado, con otros protagonistas, MAS de lo mismo. Precisamente eso que durante veinte años criticamos y padecimos.
Johnny Nogales Viruez