Quipus, una de las empresas públicas más criticas, según un informe. Foto: RRSS
La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) concluyó el diagnóstico de las empresas públicas y remitió el informe al Ejecutivo para su revisión y aprobación, informó su director ejecutivo, Pablo Camacho García.
El documento fue presentado al presidente y al Ministerio de la Presidencia, instancia que deberá remitirlo al Consejo Superior de Empresas Públicas (COSEP), encargado de aprobar, rechazar o solicitar su complementación.
El diagnóstico evaluó inicialmente 67 empresas estatales, de las cuales 42 son totalmente públicas y 25 mixtas. Según los datos preliminares expuestos, con anteriodiad, por el director ejecutivo de la OFEP, Pablo Camacho, solo tres registraron utilidades: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Según el director de la OFEP, el análisis de las empresas fue “complicado” al momento de recuperar la información, debido a que algunos gerentes de estas empresas “piensan” que son privados y, en algunos casos, se negaron a entregar la información. “Tuvo que intervenir el presidente de manera directa para obligarlos a entregar la información”, dijo Camacho a la periodista Maggy Talavera.
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El funcionario señaló que el análisis definitivo identifica más de 20 empresas en situación crítica, algunas con quiebra técnica. Sin embargo, aclaró que las cifras exactas todavía no pueden ser difundidas hasta que el informe sea aprobado por Consejo Superior de Empresas Públicas (COSEP), conformado el ministro de la Presidencia, el ministro de Economía y el ministro de Planificación.
“Los descubrimientos son de terror y aquí hay que reconocer la apertura de muchas autoridades, Banco Central, impuestos”, destacó.
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Entre los hallazgos mencionó además una deuda tributaria superior a Bs 8.100 millones que, según explicó, no estaría registrada en los balances de las empresas evaluadas. También señaló que existen obligaciones con la Gestora y proveedores.
“Nuestro análisis ya está listo, es muy en detalle, con un equipo reducido, muy comprometido. Han estado trabajando feriados, fines de semana hasta lograr completar el modelo”, dijo.
Camacho indicó que, una vez que el COSEP revise el documento, este pasará a las siguientes instancias del Ejecutivo para definir las medidas correspondientes. El informe podría derivar en decisiones sobre la continuidad, cierre o reducción de costos de algunas empresas públicas.
Como parte de las medidas ya anunciadas, el Gobierno prevé avanzar en el cierre de cuatro plantas que generan pérdidas, de las cuales, según dijo, se está “avanzando para cerrarlas”.
Camacho remarcó que las decisiones deberán considerar el marco legal vigente y que la Asamblea Legislativa tendrá un papel en la aprobación de las leyes que sean necesarias, mientras que otras medidas podrán ser adoptadas mediante decreto.
