El anteproyecto de ley plantea penas de hasta nueve años de cárcel para quienes financien la minería ilegal y sanciones agravadas cuando se utilicen armas, explosivos o participen tres o más personas.
El robo de mineral, principalmente de estaño, en las operaciones de la Empresa Minera Huanuni (EMH) genera un daño económico al Estado de al menos $us 236.679 al mes, según datos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Frente a esta problemática, la estatal socializó este lunes un anteproyecto de ley que busca endurecer la lucha contra la minería ilegal y ampliar las sanciones a quienes financien estas actividades ilegales.
La dimensión del problema también se refleja en la cantidad de personas que ingresan ilegalmente a las minas. De acuerdo con la estatal minera, alrededor de 120 personas por mes ingresan de manera clandestina a las operaciones mineras, mientras que algunas incursiones involucran a grupos de más de 300 personas, que utilizan armas de fuego, explosivos y vehículos indocumentados.
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El impacto no se limita a las pérdidas económicas. Por ejmplo, en julio de este año, un trabajador de la EMH y dos efectivos militares perdieron la vida durante un operativo de seguridad preventiva relacionado con la presunta sustracción ilegal de minerales. Otro militar resultó herido, según el detalle de la Comibol.
Ante estos hechos, la empresa estatal presentó en Huanuni el anteproyecto de Ley de Fortalecimiento de la Lucha contra la Minería Ilegal, cuyo documento fue entregado de manera simbólica a parlamentarios de la Asamblea legislativa Plurinacional (ALP) para su conocimiento y consideración. La propuesta plantea una respuesta coordinada entre las Fuerzas Armadas, la Policía, la Fiscalía, el Ministerio de Minería y Metalurgia y la corporación estatal.
Entre las principales medidas, el anteproyecto propone sancionar con tres a nueve años de privación de libertad a quienes financien la minería ilegal, mediante la provisión, recolección o entrega de fondos, recursos económicos o medios materiales destinados a cometer delitos mineros.
Asimismo, plantea penas de uno a tres años de cárcel para quienes obstaculicen, mediante violencia, amenazas o impedimentos físicos, las labores de evaluación, control, inspección y fiscalización minera realizadas por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) o la Comibol.
La propuesta también contempla un incremento de dos tercios de la pena en circunstancias agravantes, como la reincidencia, el uso ilícito de armas de fuego o explosivos, la participación de tres o más personas, la intervención de servidores públicos que se valgan de su cargo y la utilización de menores de edad. El aumento también se aplicaría cuando se recurra a la violencia o intimidación, o se empleen procedimientos e insumos que pongan en riesgo la salud pública, los ecosistemas o las fuentes de agua.
El documento incorpora incentivos económicos para quienes denuncien estos delitos, siempre que el mineral sustraído sea recuperado y devuelto a la minera. El beneficio propuesto equivale al 5% del valor recuperado para la persona que denuncie el hecho y al 10% cuando la denuncia provenga de una población campesina, indígena o pueblo originario.
El anteproyecto se enmarca en el acuerdo suscrito el 1 de abril pasado entre la Comibol, la EMH, la Policía, el Ejército y la Fiscalía, para coordinar acciones preventivas, de control y persecución penal. Ese trabajo identificó la necesidad de actuar no solo contra quienes sustraen el mineral, sino también contra quienes lo compran ilegalmente o financian estas actividades.