Soplan vientos de nuevos cambios y esta vez Bolivia no puede mirar hacia otro lado. el país se encuentra frente a dos transformaciones que, aunque parecen pertenecer a mundos diferentes, están íntimamente relacionadas: la matriz energética y la matriz política.
La primera ya nos está golpeando la puerta. Durante años Bolivia vivió bajo la ilusión de que el gas natural sería la fuente permanente de nuestros ingresos, de nuestras exportaciones y de nuestra seguridad energética, el gas fue presentado como la gran palanca de la industrialización y como uno de los pilares del modelo económico.
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Pero hoy la realidad es otra: el gas se hizo gas, la producción cayó, las reservas dejaron de responder como antes a las necesidades nacionales, disminuyeron los volúmenes disponibles y Bolivia terminó enfrentando una paradoja difícil de explicar: un país que durante años fue presentado como potencia gasífera regional ahora enfrenta dificultades para garantizar los carburantes que necesita.
Y cuando un país productor de hidrocarburos debe recurrir crecientemente a la importación de combustibles, ya no estamos solamente frente a una dificultad coyuntural , estamos frente a la necesidad urgente de cambiar de matriz energética.
Pero hay otro cuello de botella que tampoco podemos seguir ignorando: la subvención a los carburantes.
La subvención permitió durante años mantener artificialmente bajos los precios internos, pero terminó convirtiéndose en una pesada carga para las finanzas públicas. Un documento del propio Ministerio de Hidrocarburos proyectaba para 2026 una subvención de aproximadamente 2.084 millones de dólares entre gasolina y diésel.
Aquí aparece otra paradoja, Bolivia importa combustibles, necesita divisas para pagarlos y, al mismo tiempo, mantiene un sistema de precios que obliga al Estado a absorber una parte enorme de la diferencia.
La pregunta ya no es solamente cuánto cuesta el combustible en el surtidor.
¿Cuánto le cuesta realmente al país mantener indefinidamente una matriz energética que dejó de ser sostenible?
Pero la historia no termina allí, alrededor de esa diferencia de precios se generaron incentivos para el contrabando, el desvío y otras formas de aprovechamiento ilegal. Las recientes intervenciones de YPFB y la ANH detectaron presuntas irregularidades en la cadena de comercialización y distribución. El Gobierno informó sobre desvíos de combustible, vulnerabilidades en sistemas de control y decenas de casos sujetos a procesos penales.
Es decir, la subvención no terminó siendo solamente un problema fiscal, también terminó convirtiéndose en un problema de control, transparencia y corrupción que hoy está siendo investigado.
¿Quiénes se beneficiaron? ¿Cómo funcionaron los mecanismos de desvío? ¿Quiénes permitieron que ocurriera? ¿Cuánto perdió Bolivia?
Son preguntas que deberán responder las investigaciones correspondientes.
No podemos continuar pensando Bolivia exclusivamente desde el gas.
Hay que explorar nuevamente donde corresponda, recuperar producción, modernizar la refinación, desarrollar la generación eléctrica, ampliar las energías renovables, aprovechar racionalmente el litio y otros recursos estratégicos y, sobre todo, construir una política energética que mire las próximas décadas y no solamente el próximo presupuesto.
Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿Con qué energía vamos a mover Bolivia dentro de diez, veinte o treinta años?
El Altiplano está allí, ofreciendo una posibilidad que no deberíamos seguir postergando: el viento, sus extensas planicies y sus fuertes corrientes de aire exigen estudios, inversión e infraestructura para desarrollar energía eólica. El sol y el viento pueden complementar otras fuentes y formar parte de una matriz energética diversificada.
Mientras el gas se hizo gas, el viento sigue soplando.
Pero aquí aparece la otra matriz.
La matriz política.
Porque ninguna transformación energética será sostenible si continúa funcionando una cultura política acostumbrada al conflicto permanente, al ultimátum y al bloqueo como mecanismo de presión. y, precisamente cuando Bolivia necesita estabilidad para transformar su economía, aparece nuevamente el ultimátum.
En Lauca Ñ, Evo Morales dio plazo al Gobierno hasta el 3 de octubre para abrogar determinadas normas y anunció movilizaciones a partir del 13 de octubre si sus demandas no son atendidas. El propio Morales calificó la advertencia como un “ultimátum” y afirmó: “si no es de buenas va a ser a malas”.
Ahí está el verdadero problema.,no solamente en lo que se exige, sino en el método.
Una cosa es cuestionar una ley, oponerse a un decreto, exigir su modificación o acudir a los mecanismos constitucionales. Otra cosa es establecer un plazo al Estado y advertir que, si no cumple, vendrá “lo malo”.
Eso es, políticamente, un ultimátum y adquiere una dimensión todavía más delicada en un escenario en el que el país enfrenta medidas excepcionales y una situación económica y energética particularmente sensible.
No se trata de desconocer el derecho a la protesta. La protesta es parte de la democracia. Pero tampoco podemos olvidar que la protesta no puede convertirse en un mecanismo para sustituir a las instituciones.
Aquí aparece una vieja práctica política boliviana: el bloqueo.
Evo Morales ha estado históricamente asociado a la movilización social y a la utilización del bloqueo como instrumento de presión política, fue quien inventó los bloqueos, consolidando su trayectoria contribuyó al istrumento o herramienta de presión de enorme capacidad y esa costumbre tiene consecuencias.
Primero se plantea la demanda, después aparece el plazo, luego llega el ultimátum y finalmente aparece la amenaza de movilización, bloqueo o paralización.
Así se fue construyendo una cultura política en la que quien tiene mayor capacidad de paralizar puede terminar teniendo mayor capacidad de imponer su agenda.
¿Es eso lo que queremos seguir reproduciendo? Porque el bloqueo no afecta solamente al Gobiernoa afecta al ciudadano común: al productor que no puede sacar su cosecha, al transportista que no puede trabajar, al comerciante que no puede abastecerse, al trabajador que no puede llegar a su fuente laboral, al paciente que necesita llegar a un hospital y al estudiante que no puede acudir a clases.
Por eso, la discusión sobre la nueva matriz política no puede separarse de la discusión sobre la nueva matriz energética.
¿Cómo atraer inversiones para producir energía, explorar hidrocarburos, desarrollar litio o construir infraestructura si cada cambio político puede venir acompañado de un nuevo ciclo de bloqueos y paralizaciones?
La energía necesita estabilidad, la inversión necesita seguridad jurídica, la economía necesita previsibilidad y la democracia necesita instituciones.
Bolivia está obligada a cambiar el modelo energético basado fundamentalmente en el gas que ya no puede ser el mismo, pero tampoco puede ser la misma la forma de hacer política.
Necesitamos cambiar las dos matrices.
La matriz energética debe diversificarse, la matriz política debe institucionalizarse.
La primera, necesita nuevas fuentes de energía; la segunda, nuevas fuentes de legitimidad. La primera necesita inversión; la segunda, confianza. La primera necesita planificación de largo plazo; la segunda, acuerdos nacionales que sobrevivan a los gobiernos de turno.
Ambas necesitan algo que Bolivia ha perdido demasiadas veces: Ccntinuidad, porque contradictoriamente cambiamos todo paa que no cambie nada
El verdadero desafío no consiste solamente en escoger entre Estado o mercado, entre inversión pública o privada, entre hidrocarburos o energías renovables, consiste en construir un Estado capaz de establecer reglas claras y hacerlas cumplir y una sociedad política capaz de defender sus posiciones sin pretender que la paralización del país sustituya a la democracia.
Por eso, el ultimátum de Lauca Ñ debería llevarnos a una reflexión mucho más profunda que la coyuntura, no se trata solamente de Evo Morales, no se trata solamente de Rodrigo Paz, no se trata solamente de las normas cuestionadas, se trata de qué tipo de democracia que queremos.
Porque mañana otro gobierno podrá recibir otro ultimátum, otro sector podrá anunciar otro bloqueo, otro grupo podrá exigir otra abrogación y si aceptamos que esa es la forma normal de resolver nuestras diferencias, habremos cambiado de gobierno, pero no habremos cambiado de matriz política.
Bolivia necesita algo diferente: Una democracia donde se pueda protestar sin paralizar; una oposición que pueda fiscalizar sin pretender gobernar mediante la presión; un Gobierno que pueda gobernar sin considerar que tiene la verdad absoluta; un Parlamento que legisle; una Justicia que funcione; y ciudadanos que puedan expresar sus diferencias sin convertirse en rehenes de los conflictos políticos.
El gas se hizo gas, la subvención se convirtió en un cuello de botella, y, alrededor de ese cuello de botella aparecieron irregularidades que hoy deben ser investigadas hasta las últimas consecuencias institucionales y jurídicas (caiga quien caiga).
Mientras tanto, el viento sigue soplando, ahora Bolivia tiene que hacer algo mucho más difícil: Hacer que el cambio se convierta en energía para el futuro y no en combustible para nuevos conflictos.
Soplan vientos de nuevos cambios, cambiar la matriz energética será una necesidad, cambiar la matriz política será una decisión.
Pero quizá ambas cosas sean, en realidad la misma tarea: preparar con urgencia que en Bolivia soplen nuevos vientos y buenos tiempos.
Raúl Palza Zeballos es diplomático de carrera y politólogo.