Cuando quienes tienen la responsabilidad de garantizar la justicia son objeto de graves denuncias de corrupción y posibles vínculos con el narcotráfico, la indefensión del ciudadano alcanza su máxima expresión.
Bolivia arrastra desde hace décadas una profunda crisis en su administración de justicia. La corrupción, la retardación y la falta de independencia judicial han convertido el acceso a la justicia en una verdadera odisea para miles de ciudadanos. Como un patético ejemplo, el ex ministro de Defensa del gobierno transitorio de Jeanine Añez, Fernando López Julio, hace pocos días denunciaba públicamente que en Bolivia existen más de 20 mil personas privadas de libertad durante demasiados años, de forma preventiva y sin acusación formal.
Lo que hoy preocupa es que las denuncias alcancen a quienes deberían ser los principales garantes de la legalidad.
¿Quién protege al ciudadano cuando quienes deben proteger sus derechos son
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precisamente quienes están bajo sospecha?
Es urgente una investigación independiente, exhaustiva y transparente, la sanción a todos los responsables, cualquiera sea su jerarquía, respetando el debido proceso y garantizando que nadie este por encina de la ley y por supuesto la impostergable Reforma estructural de la Administración de Justicia, que garantice independencia, idoneidad, transparencia y una carrera judicial y fiscal basada en méritos. No podemos seguir cambiando autoridades para reproducir las mismas prácticas.
Pero esta cruzada también nos compromete a todos. La corrupción no es solamente recibir una coima; también es ofrecerla, encubrirla y permanecer
indiferentes ante ella. Situación que nos convierte definitivamente en cómplices.
La justicia constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho. Sin ella, no existe igualdad ante la ley, no hay seguridad jurídica, se debilita la democracia y se genera un escenario propicio para la impunidad.
Cuando el ciudadano pierde la confianza en la justicia, también comienza a perder la confianza en el Estado y en sus instituciones.
Necesitamos una verdadera Revolución del Comportamiento, que recupere la honestidad, la responsabilidad y el respeto por la ley.
La justicia no puede ser un privilegio de quienes tienen poder o dinero. Debe ser un derecho efectivo de todos los bolivianos.
No podemos construir una Bolivia justa y humana mientras el ciudadano permanezca desprotegido.
No dejemos pasar esta oportunidad, la situación de la justicia en Bolivia ha llegado a un extremo inadmisible, gobernantes y gobernados debemos
demostrar nuestro verdadero compromiso con esta causa e incorporarnos a esta cruzada impostergable por el bien de nuestro extraordinario país.
Fernando Crespo Lijeron